La gestión del agua así como su acceso generalizado sigue siendo una cuestión en el «debe» de Uruguay. Aún luego de aprobada una reforma constitucional que consagró la gestión pública, participativa y sustentable del agua, y la consideración de su acceso como un derecho humano fundamental, el Poder Ejecutivo habilitó la permanencia de las empresas multinacionales de agua, privatizadoras de los servicios en el departamento de Maldonado. (…) Por otra parte, la participación pública y la introducción de mecanismos que permitan una gestión sustentable del agua son cuestiones aún pendientes de instrumentación, cuando ha pasado mas de un año de la aprobación de la Reforma Constitucional. Otra cuenta pendiente es la poca visibilidad que se le otorga en Uruguay a los problemas relacionados al agua desde una perspectiva de derechos, es decir, como violaciones a los derechos humanos.
Así comienza el informe sobre el derecho de acceso al agua y al saneamiento que integra el «Informe derechos humanos en Uruguay 2005» (SERPAJ).
