El conflicto en el sector pesquero uruguayo, que desde hace semanas capta la atención de los medios de comunicación pero que se arrastra desde hace meses, es mucho más profundo que un diferendo por salarios entre trabajadores y empresarios: en el fondo del problema está la cuestión de cómo el país maneja sus recursos naturales, indispensables en este caso para la propia alimentación humana.
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable, que integran varias organizaciones del país, difundieron este lunes un documento denominado «La pesca en el Uruguay: un modelo agotado», en el que el biólogo marino Oscar Galli intenta develar las verdaderas claves del actual conflicto pesquero.
El 30 de abril venció el convenio entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), que nuclea a los empresarios del sector. Desde ese momento se vieron paralizadas las actividades de 33 barcos industriales costeros, que tienen como principal especie objetivo a la corvina, y de 6 barcos industriales de altura y otros 6 de altura pero congeladores, que tienen a la merluza como especie objetivo. Además, se mantiene la inactividad de otros 7 buques de altura que se dedican a la pesca de atunes.
En este diferendo los trabajadores del mar mantienen un planteo histórico: «reafirman que ha existido y aún continúa una mala administración pesquera, con escasa investigación, con prácticas de pesca que utilizan artes altamente depredatorias, con falta de controles y una flota obsoleta», expresa Galli en la introducción de su trabajo.
Las consecuencias, como la sobrepesca, la desocupación en el sector y el desabastecimiento del mercado interno, en beneficio de las exportaciones, ya se están sufriendo, explica el integrante de REDES.
De acuerdo al especialista, los reclamos de los trabajadores van más allá de las mejoras salariales, por las cuales también luchan. Los obreros denuncian que las corporaciones transnacionales y algunas empresas uruguayas están depredando (con fines de exportación) los recursos pesqueros nacionales, que pertenecen a la sociedad en su conjunto y, por tanto, su explotación debe estar basada en criterios de sustentabilidad, para el beneficio de todos.
Pero los intereses de los armadores pesqueros son otros, explica Galli: «obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible».
«En este contexto, el sector público que regula la actividad a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha mostrado una preocupación más vinculada con los compromisos internacionales contraídos en las comisiones de pesca, y con la pérdida de posicionamiento en el extranjero, que con tratar de resolver definitivamente los problemas estructurales que sufre el sector pesquero desde sus comienzos», se lamenta Galli.
El documento divulgado por REDES y Uruguay Sustentable termina planteando la disyuntiva frente a la cual se encuentra el gobierno y la sociedad uruguaya en su conjunto. Se puede apostar por este «modelo (de actividad pesquera) que se encuentra agotado, cuyo principal beneficiario ha sido el sector empresarial», en detrimento de nuestros recursos naturales.
O muy por el contrario, se puede «apostar a un modelo cuyo eje principal sea la soberanía alimentaria, ejerciendo por parte del estado una real autonomía sobre los recursos pesqueros, basado en la justicia ambiental y la equidad económica y social».
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REDES-AT Uruguay
Oscar Galli
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