Demasiado futuro en juego para cambiar por espejitos de colores.
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay rechaza la minería transnacional de gran escala y específicamente el contrato de inversión entre la empresa india Zamin Ferrous (Aratirí en Uruguay) y el Poder Ejecutivo, fijado para ser firmado este mes.
Ese acuerdo implicaría la profundización de un modelo de transnacionalización de las principales cadenas productivas del país.
Denunciamos que la Ley de Minería de Gran Porte, sostén legal del tratado de inversión con Aratirí , es inconstitucional. Esa normativa atenta directamente contra el artículo 47 de nuestra Carta Magna. Desde la Reforma Constitucional aprobada en el plebiscito del agua hace una década con amplio apoyo popular, ese artículo establece la prioridad del uso humano del recurso agua y la gestión participativa de las cuencas hídricas, así como criterios también de participación ciudadana en materia de ordenamiento territorial.
Rechazamos la minería transnacional de gran escala porque significa una grave amenaza ambiental y social para Uruguay, por sus impactos sobre suelos y agua, y el desplazamiento que conlleva de pequeños productores familiares, ya severamente afectados por el modelo del agronegocio instalado en el país.
Particularmente, el proyecto de Aratirí es una apuesta inconsulta, sin dar lugar al debate nacional que requiere, y no cuenta con el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Con la firma del acuerdo, el país daría un paso más en la primarización de su economía, al tiempo que pondría en peligro nuevamente su soberanía si a la rúbrica del contrato de inversión le sigue la ratificación parlamentaria del Tratado de Protección de Inversiones (TPI) firmado entre Uruguay e India en 2008. (Ver más información sobre este punto al final del texto).
Como organización basada en los principios de la ecología social, REDES – AT lamenta que desde las autoridades del gobierno uruguayo se decida recorrer el camino de la minería transnacional de gran porte, con proyectos en manos de empresas extranjeras cuyo objetivo es sólo el lucro, con uso de químicos, abuso del agua, su consecuente contaminación y el destrozo del suelo.
Asimismo, la información pública, tanto de fuentes oficiales como de medios de prensa nacionales de los últimos meses, ha dado cuenta de numerosísimos casos de pequeños productores ganaderos hostigados por la compañía Aratirí, que ha seguido la misma lógica de presión de variadas corporaciones alrededor del mundo: “divide y reinarás”. Los productores familiares que no quieren que sus tierras sean usadas para la minería ven cómo operarios de Aratirí entran por la fuerza, trabajan por las noches, perforan sus campos, generan divisiones entre los vecinos de la zona y compran apoyo.
La gran explotación minera amenaza con agravar el mapa productivo de Uruguay, ya caracterizado por la extranjerización, latifundización, primarización de la economía, además de un fuerte componente extractivista (ganadería extensiva, forestación y soja). Sobran los ejemplos en América Latina de los destrozos de la minería transnacional, con corporaciones que privatizan las ganancias económicas (Uruguay agrega exoneraciones impositivas millonarias) y socializan las pérdidas ambientales y sociales.
La explotación de mineral de hierro en determinados territorios no puede verse como una actividad aislada: a ella se enlazan aspectos de logística (mineroducto, puerto de aguas profundas) y un gran consumo de energía, que acarrean un conjunto de impactos ambientales, territoriales y estratégicos para Uruguay. Dista de haber un debate suficientemente participativo, amplio y exhaustivo sobre estos asuntos.
El pueblo uruguayo tiene derecho a ser informado y luego dar su opinión. Al tratarse de un proyecto de impacto nacional, la población tiene que ser consultada, como se estipula legalmente para los directamente afectados, en un proceso que garantice que se atiendan los aportes y preocupaciones de la gente y en el que se apueste además al intercambio de ideas a nivel nacional.
No se puede exhortar a ese debate al mismo tiempo que se anuncia la firma este mes de un contrato de inversión con Aratirí, del cual se desconoce absolutamente su contenido. No es serio. Más bien se parece a un insulto a la inteligencia y el sentido común.
Tampoco se puede afirmar, como se ha hecho, que el proyecto de Aratirí se realizará siguiendo estándares ambientales, cuando hasta ahora sus informes no dan ninguna garantía de ello. Por el contrario, la DINAMA ha pedido varias veces mayores y mejores estudios a Aratirí, que ha demostrado escasa seriedad a la hora de dar garantías.
Lamentamos que el gobierno nacional habilite una “lógica de los hechos consumados”, con el anuncio de la firma de un contrato de inversión cuando la empresa ni siquiera terminó de presentar los estudios solicitados por la DINAMA.
Reclamamos, al igual que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que se dejen sin efecto las instancias proyectadas para la instalación de Aratirí y se convoque sin dilaciones a un amplio y profundo debate nacional sobre las implicancias de la minería de gran porte para un proyecto de desarrollo nacional soberano e integrado regionalmente. Ese debate nos permitiría interrogarnos si esos son los cambios a la matriz productiva nacional que queremos y necesitamos para alcanzar la justicia social y ambiental.
Para REDES – AT varios son los aspectos que nos llevan a rechazar la gran minería transnacional en general y el proyecto de Aratirí en particular: los impactos ambientales, sociales, el predominio en el sector de grandes corporaciones que buscan hacer negocios con escasos o nulos criterios ambientales, una economía que acentúa su producción de materias primas sin valor agregado, la lógica de especulación financiera inherente al proyecto Aratirí y una base de protección de las inversiones de privados que amenaza la soberanía nacional y, en tanto, el bienestar de nuestra población. Demasiado futuro en juego para cambiar por espejitos de colores.
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
2 408 47 90 – 099 259 822
agua@redes.org.uy
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Como REDES – AT rechazamos el TPI entre India y Uruguay. De ratificarse por los legisladores, la inversión de Zamin Ferrous contaría entonces con un soporte especial. El caso de Uruguay vs. Philip Morris ya ha demostrado claramente el daño a la soberanía nacional que implican esos acuerdos, que dejan poco margen de acción a los gobiernos.
¿Qué posibilidades reales tendría Uruguay de actuar y defenderse con éxito ante un panel de arbitraje internacional si Aratirí violara nuestras normas ambientales en su operativa y el TPI firmado con India cobrara vigencia con una ratificación parlamentaria?
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, ha expresado públicamente que el acuerdo con Aratirí no estipula la posibilidad de concurrir al arbitraje internacional para la resolución de controversias. Sin embargo, el TPI Uruguay-India sí indica al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial) como instancia para dirimir sobre conflictos inversor-Estado. Aratirí podrá siempre acogerse a ese tratado entonces. Diversas evidencias e inclusive algunas investigaciones demuestran que en la inmensa mayoría de los casos los paneles de arbitraje internacional (el CIADI y otros) hacen caso omiso de los contratos de inversión y se basan más bien en los TPI, aunque ni siquiera se ciñen a la letra de esos Tratados, sino que hacen generalmente lecturas muy expansivas de ellos, que casi siempre favorecen a los inversionistas.
