ENFOQUE SOBRE COMERCIO
No. 112, Septiembre 2005
EN ESTA EDICIÓN:
Parte 1
ACERCA DE LA VISIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ANNAN SOBRE LA ‘LIBERTAD PARA VIVIR SIN TEMOR’
Walden Bello
PORQUÉ LA REFORMA DE NACIONES UNIDAS NO ES UNA PRIORIDAD
Nicola Bullard
LA CONSTITUCIÓN NEOLIBERAL DE IRAK
Herbert Docena
Parte 2
LA TRAGEDIA DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA EN EL SUR
Walden Bello
CONFRONTACIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA TENSIONA REUNIÓN SOBRE DEMOCRACIA
Joshua Mata
También puedes descargar el original en inglés, Focus on Trade, directamente en:
http://www.focusweb.org/pdf/Fot-pdf/fot112.pdf
Hace dos años, el Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan convocó a un panel de alto nivel para que recomendase “cambios radicales" en el sistema de Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de responder a una situación que calificó como "tan decisiva" como la de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Sin embargo, mientras se lleva a cabo esta semana la sexagésima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, no hay ninguna señal de que la ONU pueda ponerse a la altura de los desafíos del presente –y eso no es solamente debido a la intransigencia de Estados Unidos.
Aunque Estados Unidos está a la vanguardia cuando se trata de socavar el multilateralismo de la ONUNONU, parece que muy pocos países están dispuestos a tomar la posta en la dirección contraria. Si bien es fácil señalar con el dedo a John Bolton, el embajador de EE.UU. ante la ONU recientemente designado, y las 750 enmiendas al paquete de reformas propuesto (que por ejemplo eliminan toda referencia a la Corte Penal Internacional y al desarme nuclear), no hay duda que hay muchos otros países que están dispuestos a dejar que el agua corra mientras Estados Unidos hace el trabajo sucio. Ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad ha mostrado voluntad real de ceder algo del control que ejercen con el poder de veto, y a uno le queda la sensación que la mayoría de los países están conformes con dejar a Estados Unidos en el papel del "policía malo" mientras ellos se hacen pasar por el "policía bueno". Esto no significa quitarle responsabilidad a Estados Unidos, sino simplemente apunta a señalar que sin un liderazgo político fuerte cuyo objetivo sea revertir la tendencia al estancamiento que presenta el sistema de Naciones Unidas, la posición de Estados Unidos será la que prevalecerá.
Un factor mitigante que podría incidir decisivamente en el resultado final del plenario de alto nivel de esta semana es el huracán Katrina. Con las tropas mexicanas apoyando las operaciones de ayuda en Louisiana y la asistencia internacional llegando de todas partes del mundo, Estados Unidos no está en posición de adoptar una actitud muy beligerante contra el multilateralismo. Pero veremos, la humildad no es una de las características de la administración Bush.
Lo cierto, no obstante, es que no habrá ninguna revolución en Nueva York esta semana y que el debate y las propuestas sobre el rumbo de la ONU proseguirán. Pero antes que dejarlo en manos de paneles de alto nivel, quizás éste sea el momento indicado para que el movimiento por la justicia social comience su propio debate sobre si el sistema de Naciones Unidas puede ser parte de la solución al problema de la injusticia mundial, y de ser así, de qué modo puedes serlo.
En la primera parte de esta edición de Enfoque sobre Comercio, Walden Bello y NIcola Bullard analizan el sistema de Naciones Unidas, en tanto Hebert Docena examina el proyecto de Constitución de Irak.
En la parte dos el sindicalista filipino Joshua Mata informa sobre el unilateralismo de los Estados Unidos en la conferencia realizada por las fundaciones que promueven la democracia que tuviera lugar recientemente en Estocolmo, y Walden Bello evalúa los avances de la democracia en el Sur.
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ACERCA DE LA VISIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ANNAN SOBRE LA ‘LIBERTAD PARA VIVIR SIN TEMOR’
por Walden Bello*
(Comentario presentado en el Seminario sobre 'Un Concepto Más Amplio de la Libertad', el informe del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el New World Hotel, Makati, Filipinas, el 6 de septiembre de 2005)
En su capítulo sobre “La Libertad para Vivir Sin Temor", el informe “Un Concepto Más Amplio de la Libertad” del Secretario General Kofi Annan presenta un enfoque general para garantizar la seguridad mundial. Allí destaca que la prevención de los conflictos letales "debe ocupar un lugar central en todos nuestros esfuerzos: desde la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible, pasando por el fortalecimiento de la capacidad de los países para hacer frente a los conflictos, la promoción de la democracia y el imperio de la ley y la reducción de la difusión de armas pequeñas y ligeras, hasta las actividades operacionales de prevención, como el uso de buenos oficios, las misiones del Consejo de Seguridad y los despliegues preventivos de contingentes”.
Uno no puede menos que estar completamente de acuerdo, y ciertamente es un paso adelante que haya creciente consenso en que el desarrollo, la construcción de la paz, y la prevención de los conflictos deben ser encarados simultáneamente si queremos que las iniciativas de paz y seguridad se consoliden y prosperen.
Se trata, sin embargo, de un consenso básicamente entre los organismos de Naciones Unidas, los analistas y practicantes de la paz y los actores de la sociedad civil. Por otra parte, las experiencias positivas en este ámbito son principalmente de carácter local y micro.
Tendencias globales negativas
Desdichadamente, a escala mundial y macro las tendencias van en dirección opuesta, hacia una desestabilización mayor y por ende hacia una mayor inseguridad para los seres humanos. ¿Cuáles son esas tendencias? La amenaza del terrorismo internacional es una, y otra es el debilitamiento del régimen multilateral sobre las armas nucleares, que son dos aspectos que se analizan en el documento. Pero hay otros desarrollos que representan amenazas importantes y que lamentablemente no aparecen mencionados o son, en mi opinión, subvalorados en el documento.
La primera tendencia en la que me gustaría detenerme es lo que el documento llama eufemísticamente como la movida de algunos Estados para "encontrar alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad” para aplicar la fuerza militar contra otros Estados. Nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han estado tan amenazadas como hoy las normas de derecho internacional establecidas. Y resulta particularmente perturbador que el elemento desestabilizador clave sea el miembro más poderoso del sistema mundial de Estados. Es irónico que exista un animado debate sobre si China es o no, para utilizar los términos de la teoría de las relaciones internacionales, una potencia del ”statu quo” o una potencia “revisionista”, cuando la discusión debería centrarse en realidad en Estados Unidos.
No puede haber lugar a dudas, desde mi punto de vista, de que Estados Unidos es una potencia revisionista, es decir, una potencia que busca alterar radicalmente la correlación mundial de fuerzas para inclinarla de manera aún más evidente en su propio beneficio, si tenemos en cuenta los siguientes hechos:
Al invadir y ocupar Irak con el falso pretexto de eliminar armas de destrucción masiva, Estados Unidos ha vulnerado el pilar fundamental del sistema de Naciones Unidas, la inviolabilidad de la soberanía del Estado nación.
- La administración Bush ha hecho caso omiso de las Convenciones de Ginebra sobre el trato a los prisioneros, creando una nueva categoría de "combatientes enemigos” para permitir que algunos prisioneros sean sometidos a castigos ilegales, incluso tortura.
- Las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca han ampliado ilegalmente el alcance del Estado estadounidense, permitiendo que agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) apresen a personas en Italia, por ejemplo, en contra de la ley italiana y los lleven a la Base Naval de Guantánamo en Cuba.
La segunda macro tendencia contraria al desarrollo de experiencias positivas concretas es la acción de los poderosos organismos económicos multilaterales que socava las posibilidades de desarrollo. En las dos décadas y media pasadas, el objetivo declarado de utilizar la política comercial para promover el desarrollo --que fuera tan bien expresado por Raúl Prebish, el primer secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés)-- ha sido sustituido por la subordinación del desarrollo al mercado libre, la rentabilidad empresarial corporativa y los intereses económicos de los países ricos. A esto se suma la hegemonía de la ideología neoliberal y el predominio que han logrado hoy en día el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el sistema de gobernanza económica mundial, a costa de los organismos económicos de las Naciones Unidas.
A raíz de la pobreza, desigualdad y estancamiento económico crecientes que ha traído como consecuencia, el paradigma neoliberal ha perdido credibilidad y legitimidad. Sin embargo, a semejanza de la proverbial mano muerta del ingeniero sobre el acelerador de un tren que avanza a gran velocidad, las políticas neoliberales siguen predominando prácticamente en todas partes. Pero este no es solamente un problema ideológico, es decir, un tema de resultados negativos producto de políticas orientadas por hipótesis equivocadas. El asunto es más bien que las políticas en sí mismas se están aplicando cada vez más con el propósito conciente de trastornar los intereses de los países en desarrollo.
En el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, los países ricos han sepultado cualquier intento de reformar el sistema de toma de decisiones para otorgarle a los países en desarrollo mayor peso en la determinación de las políticas del organismo. De modo semejante, el Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana (MRDS) –una propuesta de por sí bastante moderada que podría haberle permitido a los países en desarrollo protegerse a sí mismos de los acreedores mientras reestructuran su deuda externa-- fue vetado por Estados Unidos.
En el Banco Mundial, el reciente nombramiento de Paul Wolfowitz como Presidente de la institución –un hombre cuyo nombre es sinónimo de unilateralismo-- anuncia una nueva era en la que las políticas del Banco Mundial seguramente estarán aún más estrechamente asociadas a lo que la derecha estadounidense defina como los intereses nacionales de Estados Unidos.
En la Organización Mundial del Comercio (OMC), el llamado “Acuerdo Marco de julio” que sirve como base para las negociaciones de la próxima reunión ministerial en Hong Kong, mantiene descaradamente los elevados subsidios a la agricultura en la Unión Europea y Estados Unidos, a la vez que reclama mayor acceso a los mercados de los países en desarrollo para inundarlos con productos básicos subsidiados.
En la medida que estas tendencias negativas presentes en el sistema económico mundial crean más pobreza y desigualdad, debe considerárselas como una amenaza para la seguridad mundial y como algo que nos hace menos libres de temor, y deben por lo tanto ser confrontadas directamente y encaradas decididamente por las Naciones Unidas.
No hacerlo ha llevado a la consolidación de la tercera tendencia negativa sobre la cual quisiera que reflexionemos: la usurpación que ha llevado a cabo el Grupo de los Ocho (G8) del papel de liderazgo que debería jugar la ONU en la búsqueda de soluciones para los desafíos mundiales. En la reciente cumbre del G8 en Escocia a comienzos de julio, el G8 reivindicó para sí el liderazgo mundial en los temas de la deuda, el comercio, la ayuda y el cambio climático. Esto es sumamente problemático por dos razones. Primero, porque el G8 es una entidad informal, no electa y que no rinde cuentas a nadie. Segundo, porque representa los intereses de los países más poderosos del mundo, de modo tal que las propuestas que ha presentado para abordar algunos de los problemas más urgentes y complejos que enfrentamos a escala mundial están modeladas para satisfacer básicamente los intereses de las elites dominantes de esos mismos países.
En los hechos está surgiendo una estructura de gobernanza mundial en la que el G8 es la instancia donde se toman las decisiones clave en los temas de importancia mundial, que luego serán aplicadas por el FMI, el Banco Mundial y la OMC haciendo caso omiso del sistema de Naciones Unidas. Lo que torna más pernicioso a este juego de poder es que se lo lleva a cabo pretendiendo que su fin es cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU y promover la reducción de la pobreza en el mundo.
Éstas son algunas de las tendencias clave a escala macro mundial que pueden fácilmente socavar los éxitos registrados en los ámbitos micro locales a partir de una mayor coordinación de las iniciativas de desarrollo, de construcción de la paz y de prevención de los conflictos.
Contratendencias
Afortunadamente, existen fuerzas que contrarrestan estas tendencias globales negativas. ¿Cuáles son estas contratendencias positivas?
En primer lugar está el movimiento mundial por la paz, cuyo poder potencial se pudo observar el 15 de febrero de 2003 cuando cerca de 40 millones de personas marcharon contra la proyectada invasión de Irak en cientos de ciudades en todo el mundo. Probablemente uno de los logros más sorprendentes del movimiento fue la convocatoria a los Tribunales Mundiales sobre Irak (WTI por sus siglas en inglés) en Nueva York, Copenhague, Tokio, Bombay, Corea de Sur y otras ciudades. En la sesión de cierre que tuvo lugar recientemente en Estambul, el Jurado de Conciencia del WTI encabezado por la novelista Arundhati Roy adoptó una resolución que probablemente influya como fuerza moral en el devenir de los acontecimientos: en ella se convoca a los soldados de EEUU y de las fuerzas de la Coalición presentes en Irak a ejercer su derecho de objeción por razones de conciencia, y se convoca a todas las comunidades del mundo a darle asilo a todos aquellos que se hagan eco de este llamado.
En segundo lugar está el movimiento mundial por justicia, que es el movimiento que lucha contra la globalización liderada por las transnacionales. Este movimiento contribuyó en gran medida al fracaso de las reuniones ministeriales en Seattle en 1999 y Cancún en 2003. Si bien es conocido principalmente por su oposición al FMI, la OMC y el Banco Mundial, también es un ámbito en el cual se desarrolla un proceso muy interesante de generación de sistemas alternativos de desarrollo y gobernanza económica mundial y alternativas al paradigma neoliberal dominante que subordinan el mercado, el comercio y la rentabilidad a los objetivos del desarrollo, la justicia social y la solidaridad social.
En tercer lugar está el movimiento de los gobiernos del Sur que están uniendo fuerzas para oponer resistencia a la hegemonía constante del Norte. Los meses previos a la reunión ministerial de la OMC en Cancún en 2003 vieron el surgimiento del Grupo de los 20 (G20), el Grupo de los 33 (G33), y el grupo de los 90 (G90). La resistencia que opusieron estos agrupamientos y la sociedad civil fue lo que le impidió a los gobiernos del Norte imponerse en la cumbre ministerial. Aun cuando les caben muchas críticas y defectos, estos agrupamientos y alianzas pueden servir a pesar de todo como trampolín para otros esfuerzos mayores de cooperación económica Sur-Sur, por fuera del entramado de la OMC y las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI).
Finalmente, muchos gobiernos del Sur así como las redes de la sociedad civil, están lentamente uniéndose en torno a un proceso de reforma de la ONU, bajo la premisa de que si bien el sistema de Naciones Unidas tiene muchas fallas, todavía sirve como uno de los pocos esquemas multilaterales mundiales existentes con capacidad de contrarrestar las tendencias dominantes que nos conducen hacia un mundo cada vez más inestable y desigual bajo la égida de los intereses políticos y corporativos empresariales dominantes.
Esto nos lleva a plantearnos el tema de la reforma de la ONU, sobre el cual existen algunas propuestas positivas en el documento del Secretario General. Sin embargo, la mayoría de las propuestas se restringen a la esfera de las mejoras en la eficiencia. Lo que se necesita realmente son reformas que aborden el desequilibrio mundial de fuerzas entre los Estados miembros, que es la causa principal de la inseguridad mundial. En la opinión de muchos gobiernos y redes de la sociedad civil, la necesaria reforma de la ONU no tiene nada que ver con lo que el gobierno de Estados Unidos denomina "reforma de las Naciones Unidas", que apunta a erosionar aún más la capacidad de la ONU. Por el contrario, el programa progresista de reforma de la ONU contiene entre otros los siguientes elementos:
- mayor capacidad de decisión efectiva en manos de la Asamblea General;
- debilitamiento del poder de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, incluyendo la abolición del sistema anacrónico de los Cinco miembros permanentes,
- mayor capacidad de las Naciones Unidas y los órganos judiciales vinculados a la ONU, tales como la Corte Penal Internacional, para hacerse cargo de juzgar y sentenciar las desviaciones y violaciones del derecho internacional que cometen los países miembros poderosos, especialmente Estados Unidos;
- fin de la duplicidad de criterios en el régimen de seguridad internacional, cuyo punto álgido es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que permite a unos pocos Estados mantener armas nucleares a la vez que prohíbe a los demás su posesión –en pocas palabras, que todos los Estados se deshagan de sus armas nucleares.
- fortalecimiento del sistema de organismos económicos de la ONU integrado entre otros por UNCTAD, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, de forma que sirvan como contrapeso al sistema de Bretton Woods y la OMC.
- la institucionalización de un papel para la sociedad civil –especialmente los movimientos sociales- en la toma de decisiones dentro del sistema de las Naciones Unidas, equiparable al de los gobiernos.
En suma, no podemos divorciar los avances en la promoción de la seguridad humana a nivel de experiencias concretas, de las tendencias macro mundiales que la determinan. Algunas de estas tendencias son ciertamente perturbadoras, en particular, el unilateralismo cada vez más desembozado de Estados Unidos, que muchos analistas describen crecientemente como evidencia de los rasgos de un “Estado facineroso”. El sistema de Naciones Unidas no podrá seguir siendo relevante si no enfrenta directamente estas tendencias y emprende medidas para contenerlas, y quizás la manera más efectiva de hacerlo sea aprovechando aquellas tendencias tales como el surgimiento de un bloque de países en desarrollo con mayor independencia de criterios y la fuerza creciente de la sociedad civil mundial, que se mueven en otra dirección positiva.
* Profesor de Sociología en la Universidad de Filipinas y Director Ejecutivo de Focus on the Global South.
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PORQUÉ LA REFORMA DE LA ONU NO ES UNA PRIORIDAD
por Nicola Bullard*
(Una versión abreviada de este documento fue publicada en “ONU: droits pour tous ou loi du plus fort? Regards militants sur les Nations Unies”, CETIM, Ginebra 2005. Para obtener mayor información ponerse en contacto con Julie Duchatel en cetim@bluewin.ch o en el sitio web http://www.cetim.ch/fr/publications_details.php?pid=115).
“No preguntes qué puedes hacer tú por las Naciones Unidas, sino qué puede hacer la ONU por ti" (con disculpas a John F. Kennedy).
Cuando el presidente de Estados Unidos George W. Bush anunció que invadiría Irak, con o sin el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se refirió reiteradamente a las debilidades y falencias de la ONU. En efecto, le tiró el guante a las Naciones Unidas, y al hacerlo, inadvertidamente, revivió el debate sobre el papel de la ONU y en particular sobre la necesidad de reformarla y “fortalecerla" como alternativa al unilateralismo de Estados Unidos.
El debate ha ido subiendo de tono a medida que nos acercamos al sexagésimo aniversario de la ONU en septiembre de este año, alimentado por los escándalos del programa "petróleo por alimentos", acusaciones de nepotismo y corrupción, la divulgación pública del informe de alto nivel sobre la seguridad mundial, y la competencia por un lugar en el proyectado Consejo de Seguridad ampliado. En todas estas situaciones Estados Unidos ha mantenido su actitud beligerante, centrada en la defensa de sus intereses: una actitud que se reitera destacadamente en un informe reciente titulado "los intereses estadounidenses y la Reforma de la ONU”, que confirma la falta de visión de Estados Unidos cuando se trata de las Naciones Unidas. La decisión del Presidente Bush de designar a John Bolton como su embajador ante la ONU a pesar de no haber conseguido la aprobación del Senado, indica que el ejecutivo seguirá manteniendo esa postura.
La ONU ha estado necesitada de una reforma desde el mismo día de su fundación, en virtud de su "falla fatal": que el Consejo de Seguridad institucionaliza la correlación de fuerzas que emergió tras la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones políticas Este-Oeste se reflejaron en el seno de la ONU durante toda la Guerra Fría, y esto fue particularmente evidente en el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Paralelamente al poder de veto con que cuenta en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos siempre ha utilizado su condición de principal contribuyente financiero en beneficio de sus propios intereses dentro de la ONU. No obstante, a pesar de los juegos de influencias y poder, la parálisis y la esclerosis burocrática que la afectan, la ONU aún goza de un nivel de apoyo considerable entre algunos gobiernos, en particular aquellos para los cuales la regla de “un país, un voto” en la Asamblea General constituye una rara oportunidad para hacerse oír en el ámbito internacional.
Por otra parte, las Naciones Unidas cuenta con muchos partidarios también entre las ONGs y algunos sectores de la sociedad civil que creen que tiene el potencial para limitar los excesos de poder, reparar las injusticias y conformar la base para establecer una gobernanza democrática mundial. Algunos simplemente la apoyan porque su propia existencia está unida al destino de las Naciones Unidas.
La perspectiva de una Organización de las Naciones Unidas reformada, democrática y poderosa es, obviamente, muy tentadora: no sólo como medio para poner un freno a los Estados Unidos, sino además porque los problemas mundiales como la violencia, la guerra, la desigualdad, el deterioro del medioambiente, la explotación y la inseguridad, necesitan desesperadamente de una acción internacional concertada.
Cuatro razones por las que la reforma de Naciones Unidas no es la prioridad
Pero antes de subirnos al carro de los que quieren "salvar las Naciones Unidas", debemos hacernos esta simple pregunta: ¿vale realmente la pena salvar las Naciones Unidas? ¿A qué intereses sirve? ¿La reforma de las Naciones Unidas, dotará acaso a la organización de capacidad para enfrentar los problemas mundiales más urgentes? ¿Dónde está el potencial para democratizar el sistema global, cuando las principales fuentes del "déficit democrático" –el mercado y el capitalismo globalizado y militarizado—están fuera del sistema de las Naciones Unidas? ¿Es acaso realista imaginar que las Naciones Unidas puedan "controlar" el mercado y poner límites a las superpotencias mundiales? Y, lo que es más importante en este punto ¿qué tipo de reformas, si las hubiera, permitirían abordar los problemas que afectan a las organizaciones populares y los movimientos sociales, especialmente los que luchan por derechos básicos como la tierra, el agua, trabajo, vivienda, salud y educación?
Considerando las enormes desigualdades de poder que caracterizan al sistema mundial, no creo que debamos centrar nuestros esfuerzos en la reforma de las Naciones Unidas. Esta conclusión se basa en una evaluación de la situación actual, que presenta cuatro características determinantes.
En primer lugar, el sistema inter-estatal sobre el cual se fundaron las Naciones Unidas ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años, como consecuencia de los procesos de integración económica y globalización en la era pos-Guerra Fría y la hegemonía actual de los Estados Unidos, que no enfrenta competencia. Esto tiene consecuencias significativas en la reforma de las Naciones Unidas, ya que los propios Estados tienen un poder político y económico desigual y, en tanto la integración económica se profundiza, cada vez tienen menos posibilidades moldear por sí mismos sus propios destinos políticos y económicos.
En segundo lugar, los Estados ya no son más la principal interfaz entre sus ciudadanos y el mundo fuera de las fronteras nacionales. Esta función la comparten ahora las empresas transnacionales y los mercados financieros, la Internet y los medios, todos los cuales contribuyen a transformar la conciencia de los ciudadanos sobre su ubicación en un sistema mundial globalizado. Nuestro horizonte político, económico y psicológico ya no está definido exclusivamente por las fronteras de la nación Estado.
En tercer lugar, muchas de las reformas que se proponen para el sistema de Naciones Unidas, como la ampliación del Consejo de Seguridad o la creación del Consejo de Seguridad Económica, no abordan la dinámica de equilibrio de fuerzas subyacente a todas las decisiones de las Naciones Unidas -es decir, el equilibrio de fuerzas entre los Estados Unidos y el resto del mundo, y entre el capitalismo globalizado y los ciudadanos. Hasta que no se resuelvan estos desequilibrios fundamentales, las Naciones Unidas no será más que la ineficaz "conciencia" del mundo.
En cuarto lugar, los cimientos de las Naciones Unidas, su Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las convenciones sobre derechos humanos que de ésta se derivan, son potencialmente herramientas poderosas para la emancipación. Sin embargo, si bien las Naciones Unidas han sido ejemplares en la creación de normas, han fracasado, casi sin excepción, a la hora de desarrollar instrumentos efectivos para monitorear su cumplimiento y enjuiciar a los Estados, instituciones, personas y compañías que no cumplen con la obligación de respetar los derechos individuales y colectivos. (1)
Finalmente, es imposible construir una superestructura de gobernanza democrática internacional cuando las condiciones básicas para la democracia de los pueblos son tan deficientes. La creación de nuevos medios para que los movimientos sociales (2) defiendan sus derechos dentro de un marco internacional y universal representaría una base más sólida para desarrollar el proyecto a largo plazo de la democracia mundial.
En consecuencia, sugiero que el punto de partida para la democratización del sistema internacional no sea la reforma de las Naciones Unidas, sino encontrar formas innovadoras y eficientes de garantizar que los movimientos sociales tengan, a nivel local, nacional e internacional, acceso a medios que les permitan defender y proteger sus derechos. Es decir más que usar nuestro tiempo y nuestras energías creativas en reformas cosméticas, necesitamos encontrar los medios que permitan que los movimientos sociales puedan utilizar los derechos humanos en sus distintas luchas cotidianas, y al hacerlo, construyan la democracia de abajo hacia arriba.
¿Qué es lo malo de las Naciones Unidas?
No hay que subestimar hasta qué punto las Naciones Unidas están hoy unidas al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la apología de la globalización neoliberal y el imperialismo estadounidense. Tampoco hay que menospreciar la validez de la experiencia que ha llevado a muchos movimientos y activistas sociales a llegar a esta conclusión.
Desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la fundación de las Naciones Unidas, muchos países del Tercer Mundo han visto su soberanía subvertida por las rivalidades de la Guerra Fría, dirimidas a menudo en el espacio político mundial del Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, y su economía devorada por los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial.
A comienzos de la década de 1990, las Naciones Unidas intentaron capturar la buena voluntad liberada por el fin de la Guerra Fría para desarrollar una nueva agenda internacional de cooperación y valores comunes. A lo largo de la década, las Naciones Unidas auspiciaron una serie de cumbres, que abordaron todos los temas desde el medioambiente hasta el racismo. (3)
Los acuerdos alcanzados en estas conferencias engorrosas y a menudo conflictivas establecieron un nuevo conjunto de normas internacionales, basadas en las declaraciones de derechos humanos pero elaboradas y ampliadas para incluir temas claves, como género, medioambiente, desarrollo y derechos de los pueblos indígenas. Cada una de estas cumbres ha sido seguida de revisiones cada cinco años, que en general han puesto al descubierto las falencias de la implementación gubernamental y que han determinado incluso que los compromisos previamente acordados se diluyan. (4)
A medida que la década de 1990 daba paso al siglo XXI, muchos de los valores acordados previamente que sirvieron de pilares para las Naciones Unidas, como el multilateralismo y la universalidad e indivisibilidad de los derechos, fueron sistemáticamente atacados y socavados por gobiernos e ideólogos de la derecha, y las empresas y los mercados financieros. Por cierto, en la medida en que se acelera la velocidad de la integración económica mundial y las transnacionales y el capital financiero buscan conquistar cada aspecto de la actividad humana, la posibilidad de consagrar los derechos humanos, no hablemos del derecho al desarrollo o a la democracia de los pueblos, se torna una esperanza cada vez más lejana.
Para empeorar la situación, las Naciones Unidas difunden la visión de que es posible “humanizar la globalización”, mitigando los peores excesos del fracaso del mercado sin atacar las causa de estos excesos.
El sentimiento de escepticismo respecto a las Naciones Unidas es profundo y justificado. Ya que, mientras la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) defienda los organismos genéticamente modificados (transgénicos) bajo presión de la agro-industria; mientras el PNUD promueva las asociaciones público-privadas en los servicios básicos como la salud y el agua bajo la presión de la industria de los servicios; mientras las Naciones Unidas no sancionen a Israel por violar en forma sistemática las resoluciones de la Asamblea General; y mientras Estados Unidos pueda seguir actuando por fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas (y en realidad todas las instituciones internacionales) serán consideradas nada más que como una herramienta más de dominación en manos de Estados Unidos y las grandes empresas.
¿Deberemos acaso recomponer las Naciones Unidas?
Los esfuerzos de las Naciones Unidas para mostrarse como el único elemento que se interpone entre el unilateralismo de los Estados Unidos y el caos son motivados, al menos en parte, por el interés propio de la organización. Lo cierto es que ya tenemos "caos" (si por caos entendemos guerra, pobreza, y sistemas económicos y políticos inmorales) y ya tenemos el unilateralismo de Estados Unidos (aunque esto no es nada nuevo -el uso oportunista del utilateralismo y el multilateralismo es una larga tradición de la política exterior estadounidense).
No hay ninguna razón para creer que unas Naciones Unidas “fortalecidas" o “reformadas” harán alguna diferencia, ya que cualquier reforma o aumento de potestades del organismo será sometido al veto efectivo de Estados Unidos (por un medio u otro). Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, las reformas son necesarias simplemente para mantener lo que tienen. O como dice el Príncipe en sus reflexiones en ‘El Gatopardo’ de Giusseppe di Lampedusa "Si queremos que todo siga igual, algo debe cambiar". (5)
Teniendo en cuenta el historial de fracasos de las Naciones Unidas, ¿por qué deberían los movimientos sociales -que ya tienen más que suficientes exigencias en sus propias luchas por la tierra, el agua, vivienda, trabajo, seguridad social, liberación de la opresión y autodeterminación- gastar su tiempo en "salvar" las Naciones Unidas?
La reforma, ¿para hacer qué?
Sin embargo, antes de ser acusados de tirar el niño de la emancipación con el agua sucia de la reforma, quizás sea útil preguntarse si la ONU "reformada" podría ser un instrumento útil para los movimientos sociales.
Esto nos enfrenta a dos preguntas: (i) ¿cuál es la base y la naturaleza de la relación entre los movimientos sociales y las Naciones Unidas?, y (ii) ¿cómo podría utilizarse a las Naciones Unidas para favorecer los intereses y demandas de los empobrecidos y los marginados que constituyen la vasta mayoría de "nosotros los pueblos".
Para comenzar a responder estas preguntas en forma muy tentativa, consideremos lo que significa “nosotros los pueblos” sesenta años después de que estas palabras se escribieran por primera vez. (6)
En 1945, "los pueblos” no eran más que los súbditos del Estado, y todas las construcciones legales e institucionales derivadas se basaron en una relación monógama entre el Estado y sus ciudadanos.
Actualmente, todos somos ciudadanos “globales”, ya que los procesos globales tales como el mercado omnipresente, nos afectan a todos. Sin embargo, estamos muy lejos de ser ciudadanos del mundo en términos de derechos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en buena parte debido a que el mercado efectivamente elimina o subordina cualquier noción de derechos universales al colocar todo -no importa si es agua o conocimiento- en el reino de lo económico.
No obstante, como ya lo mencionáramos anteriormente, vivimos en un tiempo en el que nuestra conciencia colectiva de ser ciudadanos del mundo nunca ha sido mayor. Los movimientos mundiales por justicia social, contra la guerra y altermundialista se interconectan con esta conciencia y la refuerzan, y es aquí donde debemos volcarnos para construir los cimientos de una gobernanza democrática mundial.
En el siglo XXI, “nosotros los pueblos” representa una idea poderosa debido a que es una autodefinición que surge de esta conciencia, una idea que se genera y se renueva en la acción colectiva y la solidaridad. Las elegantes palabras de apertura de la Carta de las Naciones Unidas han adquirido vida y manifestación en la diversidad de los movimientos sociales y ONG que constituyen el "movimiento de movimientos". (7)
El “movimiento de movimientos” abarca a los que luchan por la justicia mundial, contra la guerra, contra la globalización, contra el imperialismo y contra el capitalismo. Incluye a trabajadores y mujeres y emigrantes y campesinos, y a jóvenes y pueblos indígenas y a todos los que luchan por la paz y la justicia. Desafía ser considerado en una categoría o morfología única, y abarca lo local y lo global, lo vertical y lo horizontal. Despliega una enorme capacidad de crear sus propias formas organizativas y sus propios procesos en base a un compromiso con el pluralismo y la democracia cada vez más amplio.
Entonces ¿qué tiene que ver esto con las Naciones Unidas?
O, dicho de otra manera, ¿qué relación hay entre la "cultura política y social emergente (potencialmente democrática) de, digamos, el Foro Social Mundial (como la representación más visible del “movimiento de movimientos”) y la cultura decadente (y crecientemente no democrática) de la diplomacia de elite entre Estados representada por las Naciones Unidas?
O todavía en otras palabras, ¿es el modelo de la Asamblea General con representación de Estados, donde mandan los diplomáticos y todos visten de traje, relevante en alguna medida para las “asambleas” multicolores de las multitudes?
O para decirlo en forma más concreta y positiva: ¿la esencia de las Naciones Unidas y el universalismo de la Declaración de Derechos Humanos, portan todavía algún mensaje relevante para nosotros?
Ésta es una pregunta potente para los movimientos sociales, que están por definición, involucrados en la lucha por los derechos. Ya sean los agricultores que defienden su derecho a las semillas, las mujeres que exigen tener el control de sus propios cuerpos, los sin tierra que reclaman por tierra, o los desempleados que marchan por trabajo y salario para poder vivir, los movimientos sociales existen porque organizan y movilizan a la gente en defensa o reclamo de sus derechos.
En la mayoría de los casos, el logro de las demandas es sólo un aspecto del esfuerzo organizativo y movilizador. Los movimientos sociales también dan identidad y voz a los sectores de la sociedad que están marginados, silenciados y olvidados. Esto es tan cierto de los dalits en India como de los sin techo en Europa. La transformación de las relaciones sociales, y por ende de las relaciones de poder, es inherente al mero acto de organizar a aquellas partes de la sociedad que la sociedad "pulcra" (y que, casi por definición, es la parte de la sociedad que dirige a las Naciones Unidas) esta lista a olvidar rápidamente.
En sus luchas cotidianas, los movimientos sociales utilizan el lenguaje de los derechos y responsabilidades para defender sus demandas, a menudo tomándolo prestado de las declaraciones de las Naciones Unidas para darle una base legal (y también moral) a sus reclamos. El lenguaje común de los derechos también atraviesa y (potencialmente) une a las masas o multitudes. Sin embargo, en términos de la traducción del lenguaje de derechos a acciones y resultados, existe una enorme debilidad. Si bien las Naciones Unidas han sido ejemplares a la hora de establecer normas en todas las áreas, desde el derecho al desarrollo hasta la igualdad de género, han mostrado una gran debilidad a la hora de crear los medios para su aplicación.
El poder para resolver este aspecto reside exclusivamente en el Estado, mas el propio Estado está subordinado al mercado, sin embargo. La voluntad política y los medios económicos para “hacer realidad progresivamente" los derechos humanos han sido destruidos por el mercado, la "economización" de la política social y la mercantilización de los bienes y servicios públicos. En una economía de mercado, los derechos existen solamente para aquellos que tienen los medios.
Por este motivo, los movimientos sociales que luchan por sus derechos se enfrentan no sólo a las falencias del Estado, sino también a la tarea formidable de derrotar el poder del mercado y el capital mundial globalizado.
Evidentemente, tanto el Estado como las Naciones Unidas están fuera de tono con la realidad del mundo globalizado en el cual el poder opera a través de procesos difusos e irresponsables, como los mercados financieros, las empresas transnacionales y los medios. El poder del Estado en el sentido Hobbesiano todavía existe, pero en la era del capitalismo globalizado la hegemonía se puede ejercer a través de muchos canales y a menudo con efectos profundamente anti-democráticos. (8)
Hardt y Negri sostienen que deberíamos aprender del pasado. “Así como era ilusorio en el siglo XVIII replantearse el modelo ateniense a escala nacional, también hoy es igualmente ilusorio replantearse los modelos nacionales de democracia e instituciones representativas a escala internacional". (9) Estos autores sugieren que más que generar propuestas de reforma, debemos desarrollar "experimentos para abordar nuestra situación global". (10)
Buena parte de la discusión sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas evade el punto clave sobre la construcción actual del poder y, lo que es más importante, cómo los propios movimientos sociales están intentando reestructurar y redefinir el poder. No es la tarea de los movimientos sociales construir instituciones internacionales, sin importar cuán democráticas puedan ser. El trabajo de los movimientos sociales es cambiar el poder, o, como dirían los Zapatistas, redefinirlo.
Los derechos universales consagrados dentro del sistema de Naciones Unidas representan una herramienta invaluable para los movimientos sociales en su enfrentamiento con el mercado, el Estado, los terratenientes, las fuerzas armadas, las instituciones financieras internacionales y las grandes empresas. En Bolivia, por ejemplo, el lenguaje de los "derechos", como el derecho al agua, el derecho a la autodeterminación, y la soberanía sobre los recursos, son herramientas de movilización muy poderosas, utilizadas con mucho efecto por los campesinos, los indígenas, los trabajadores y los pobres de las ciudades, para intentar reparar las inequidades y recuperar sus derechos. Y son herramientas poderosas porque se conectan con creencias y emociones muy profundas.
Es difícil imaginar qué tipo de reformas institucionales podrían ser útiles en esta lucha. ¿Qué utilidad podría tener un Consejo de Seguridad ampliado para los campesinos que cultivan coca en Bolivia? ¿Acaso el Consejo de Seguridad Económica defenderá los recursos de los pueblos contra las multinacionales? Sin embargo, la todavía potente universalidad moral del discurso de los derechos humanos es un aspecto de las Naciones Unidas que debe ser defendido, ya que puede ser una herramienta genuinamente poderosa (a pesar de ser en gran parte retórica) para los movimientos sociales y sus luchas.
Experimentos para abordar nuestra situación global: algunas sugerencias
Contamos con los elementos de un programa reacción global común de los movimientos sociales, independientemente de los problemas específicos sectoriales o geográficos. Este programa abarca la necesidad de hacer retroceder el poder que hoy ejercen las empresas y los mercados financieros, la reafirmación de los servicios públicos y el control de la comunidad sobre el agua, los bosques y los recursos naturales, la eliminación de la deuda y la ampliación del espacio de las políticas sociales y económicas a nivel local y nacional. En el marco de la "desglobaización" (11) esto se considera como la “deconstrucción" del poder del mercado y las instituciones del neo-liberalismo y la "reconstrucción" de las comunidades y las formas de sustento, las economías locales, la naturaleza y la cultura. En un intento por administrar este programa de acción tan amplio, los derechos humanos podrían ser un punto de partida.
Pero primero, la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos debe extenderse más allá de los Estados para incluir a las empresas, las entidades comerciales, los mercados financieros, las fuerzas armadas, y las instituciones financieras internacionales. Esto no se basa en una creencia de que estos organismos son "reformables" o que pueden ser "socialmente responsables" sino que sencillamente se debe a que necesitamos contar con mecanismos legales con reglas vinculantes y sanciones que se apliquen coercitivamente, para restarle poder a quienes hoy gozan virtualmente de impunidad total.
Como punto de partida, la iniciativa de crear “normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respecto de los derechos humanos” a través de la Comisión de Derechos Humanos, merece nuestro apoyo, pero la campaña también debe ser reforzada para poder contrarrestar los intentos para debilitarla y destruirla. Cuando Kofi Annan designa a John Ruggie como Representante Especial de “derechos humanos y corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales" está dando una señal amenazante, ya que el principal mérito de Ruggie para el cargo es su experiencia como arquitecto del Contrato Global (Global Compact), el “código de conducta" no vinculante y no-coercitivo de Naciones Unidas que es generalmente considerado como un "lavado de cara" o “maquillaje azul” de las corporaciones empresariales.
Aunque sería políticamente y, uno quisiera creer, también legalmente útil ampliar el ámbito de los derechos humanos para incluir a las empresas, los enfoques basados en el derecho internacional no son más que un elemento de una estrategia más amplia que debe sustentarse en la generación de movimientos y campañas que en los distintos niveles opongan resistencia al poder y regulen y restrinjan a los mercados financieros y las corporaciones empresariales. Sin embargo, al hacerlo en el marco de los derechos, es posible construir una unidad que no se puede lograr con campañas basadas en la defensa de intereses sectoriales (por ejemplo de los trabajadores o los campesinos) o en posiciones ideológicas.
En forma similar, los elementos de la Declaración Universal proporcionan un “lenguaje” que defiende la “desmercantilización” de derechos humanos tales como la alimentación, el agua, la salud y la educación. Realmente el trabajo que se realiza en la Comisión de Derechos Humanos (si logra sobrevivir las enormes reformas que propone la administración Bush) de manos del informante especial sobre el derecho a la alimentación, representa un alegato poderoso a favor de una transformación completa y la desmercantilización de la agricultura y la producción de alimentos. (12)
El trabajo de la Comisión con respecto a derechos humanos y comercio, deuda, propiedad intelectual, salud y vivienda entre otros, es igualmente útil.
Sin embargo, el desafío de juntar a quienes operan cómodamente en el mundo cuasi-legal de los derechos humanos internacionales con los movimientos sociales sigue planteado. En realidad, como observara el Profesor de Derecho Internacional Yash Gay, "una importante falencia del movimiento de derechos humanos ha sido su incapacidad para involucrar a las masas como sujetos de derecho en vez que como objetos de derecho". (13)
Por este motivo, la tarea no es “reformar” las Naciones Unidas sino unir mano con mano a los movimientos sociales y las comunidades para construir las herramientas políticas e institucionales que permitan que “nosotros los pueblos” podamos, por nosotros mismos, cumplir con las promesas planteadas hace 60 años por las Naciones Unidas. Nuestro trabajo es dejar de ser "nosotros los pueblos" objetos de un Estado imaginariamente benévolo y transformarnos en "nosotros los pueblos" sujetos activos de la construcción de la democracia global mundial.
Cómo llevarlo a cabo podría ser uno de los temas de las agendas comunes de discusión en el Foro Social Mundial y en los tantos foros locales y nacionales que florecen en el mundo. No se trata de una proposición abstracta, sino de algo que puede y debe tener su sustento en campañas y luchas concretas. Sería mucho más interesante y útil que (incluso) una nueva sesión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y, casi con certeza, una forma más efectiva de alcanzarlos.
* Nicola Bullard es socia directiva de Focus on the Global South.
Notas
1. La Corte Penal Internacional puede ser una excepción; sin embargo, el hecho que Estados Unidos se rehúse a reconocer la jurisdicción de la CPI es prueba de la voluntad de Estados Unidos de colocar sus intereses nacionales, según una definición estrecha de éstos, por encima de cualquier otra cosa. No es de sorprender que el último informe "American Interests and UN Reforms” (Los intereses estadounidenses y la reforma de las Naciones Unidas) se refiera permanentemente a la necesidad de enjuiciar a los criminales de guerra pero no haga ninguna referencia a la CPI.
2. En este documento el término “movimientos sociales” se utiliza en forma descriptiva y no con carácter de término teórico para denominar grupos que se organizan para defender sus derechos, en particular los derechos sociales, económicos y culturales. La lista de estos grupos es larga pero abarca las mujeres, los pueblos indígenas, los/las indocumentados/as y los/as emigrantes, los/las sin tierra, las comunidades, los/las trabajadores/as, los/las desempleados/as y tantos/as más.
3. La lista es larga: la Cumbre Mundial por la Infancia (1990), la Conferencia Mundial de la Educación (1990), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo (1992), la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (1995), la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (1995), Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (1996), la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996); la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001), a las que se suman una serie de conferencias de seguimiento “+5" y "+10" años después. Ver Alison van Rooy “The Global Legitimacy Game: Civil Society, Globalisation and Protest”, Palgrave, Londres, 2004, página 20.
4. Por ejemplo, en la CMDS +10 en Johannesburgo en 2002 hubo una “regresión” significativa que permitió a las empresas incidir sustancialmente en la agenda del desarrollo sostenible impulsando la adopción de “soluciones” como “las asociaciones público-privadas”. En forma similar, en las conferencias que revisaron los temas de la mujer y la población, una gran parte de la energía se dedicó simplemente a mantener una línea mínima sobre la opción reproductiva.
5. Giusepe di Lampedusa, “El Gatopardo”, 1958, citado por José Saramago en “The Least Bad System is in Need of a Change”, Le Monde Diplomatique, agosto, 2004.
6. La Carta de las Naciones Unidas comienza diciendo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.
7. A pesar de la necesidad de actualizar la Carta para incorporar los temas de género y medioambiente.
8. Por ejemplo, los mercados financieros fueron capaces de obligar al candidato presidencial Lula da Silva, cuando era popular pero todavía no había sido electo, a adoptar políticas favorables a la economía de mercado, incluso antes que se realizara la elección.
9. Michael Hardt y Antonio Negri, "Multitude: War and Democracy in the Age of Empire," The Penguin Press, Nueva York, 2004, página 307
10. Ibid, página 305
11. ¿Qué significa desglobalización?
12. "The Right to Food: Report submitted by the special rapporteur on the right to food, Jean Zeigler, in accordance with the humans rights resolution 2003/25," Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2004/10, 9 de febrero, 2004
13. Yash Ghai, "Human Rights and Social Development," Democracy, Governance and Human Rights Programme Paper Number 5, UNRISD, Ginebra, octubre 2001, página 43.
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LA CONSTITUCIÓN NEOLIBERAL DE IRAK
por Herbert Docena*
El 30 de junio pasado el periódico iraquí Al-Mada publicó la última versión del proyecto de constitución iraquí que en ese momento estaban negociando los políticos iraquíes.(1) Su contenido podría haber bastado para provocarle un infarto de corazón al ex jefe de la autoridad ocupante Paul Bremer.
Los iraquíes -incluso los que estaban dispuestos a colaborar con los estadounidenses- querían, al menos en el papel, crear un sistema de Estado benefactor tipo escandinavo en el desierto árabe, en el cual la enorme riqueza petrolera del país se destinara a satisfacer el derecho de cada uno de los iraquíes a la educación, la salud, la vivienda y otros servicios sociales. “La justicia social es la base para construir la sociedad”, según la declaración de proyecto. Todos los recursos naturales de Irak serían propiedad colectiva del pueblo iraquí. Cada persona tendría derecho a trabajar y el Estado estaría legalmente obligado a proporcionar oportunidades de empleo a todos sus ciudadanos. El Estado sería el instrumento colectivo del pueblo iraquí para lograr sus objetivos de desarrollo. (La versión original de este artículo publicada en el sitio web de Focus on the Global South incluye una matríz con las disposiciones clave. Visitar http://focusweb.org)
En otras palabras, los iraquíes querían un país completamente diferente del que Estados Unidos había planificado para Irak. Los iraquíes, o al menos los que participaron el la elaboración del proyecto, no querían el tipo de sistema económico y político que Bremer y otros funcionarios estadounidenses habían estado tratando de establecer en Irak desde el inicio de la ocupación. Lo que las autoridades ocupantes querían era cumplir con "la lista de deseos de los inversionistas internacionales", según describiera la revista The Economist a las políticas económicas que se comenzaron a imponer en el país en 2003.(2)
En el marco de la ocupación directa, las leyes promulgadas por Estados Unidos, entre otras cosas, otorgan a los inversionistas extranjeros los mismos derechos que a los iraquíes en el mercado nacional; permiten la repatriación total de las utilidades, establecen un sistema tributario de tarifa plana, eliminan aranceles, imponen un régimen estricto de derechos de propiedad intelectual, liquidan un amplio espectro de empresas estatales, reducen los subsidios a los alimentos y al combustible y privatizan todo tipo de servicios sociales como la salud, la educación, el suministro de agua, etc.
No es para nada sorprendente que en la versión siguiente del proyecto que se filtró a la opinión pública a fines de julio, las cláusulas progresistas habían desaparecido.
“Diplomacia intensa”
La redacción de la constitución permanente de Irak es la última etapa del proceso de transición política acordado por la administración estadounidense y los partidos políticos iraquíes que eligieron cooperar con Estados Unidos desde el comienzo de la ocupación. En cada etapa del proceso Estados Unidos ha intentado perpetuar políticas para fomentar y proteger sus intereses esenciales en el país, auspiciando y fortaleciendo el poder de aquellos iraquíes comprometidos con la defensa de los intereses estadounidenses, incluso después del fin de la ocupación formal. (3)
Aún antes que comenzara el combate, Estados Unidos había reunido grupos de exiliados iraquíes que no sólo apoyarían la invasión sino que también defenderían las políticas de libre mercado y tolerarían la presencia de las tropas de la coalición. En julio de 2003, Estados Unidos eligió cuidadosamente a los miembros de lo que sería luego la primera entidad política de Irak durante la transición, el Consejo de Gobierno Iraquí (CGI). Los abogados estadounidenses trabajaron con los miembros del CGI para elaborar la constitución provisoria para Irak, asegurando que todas las leyes promulgadas durante la ocupación fueran aprobadas por ese gobierno interino.(4) En junio de 2004, Estados Unidos entregó la “soberanía” a este gobierno interino, cuyo primer ministro y otros funcionarios jerárquicos habían sido elegidos efectivamente por Estados Unidos. (5) En las elecciones del parlamento de transición de Irak efectuadas en enero de 2004, Estados Unidos llevó a cabo operaciones públicas y también operaciones secretas para apoyar al partido del ex agente de la CIA Iyad Allawi y para reducir el margen de la coalición ganadora dominada por el Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Irak (CSRII) y el partido islámico Da'awa. (6) Si bien EE.UU. no logró instalar a Allawi en el gobierno, los funcionarios del CSRII y Da'awa fueron posteriormente los defensores de la agenda de preferencias estadounidenses en los temas del petróleo, la privatización y la presencia de las tropas de la coalición.
Cuando los iraquíes se agruparon para negociar su constitución permanente, los funcionarios estadounidenses siguieron junto a ellos en cada paso del proceso. Fuera de la Zona verde, las negociaciones contaron con la protección de 160.000 efectivos estadounidenses y de otros países de la coalición. El recientemente designado embajador estadounidense en Irak Zalmay Khalilzad, miembro del Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense que había llamado a invadir Irak desde 1998, desempeñó un papel central. Ex-intermediario del gobierno estadounidense con el régimen talibán, Khalilzad trabajó previamente para la transnacional UNOCAL en Afganistán. Después de la invasión en 2001, fue el primer embajador de Estados Unidos designado en Afganistán. Allí fue acusado de actuar como “gerente de campaña” del candidato pro estadounidense Hamid Karzai en las elecciones presidenciales afganas. (7)
Detrás de las puertas cerradas donde ocurrieron los verdaderos debates, según el Washington Post, Khalizad fue descrito por Reuters como una "presencia ubicua" y por el Financial Times como alguien que tuvo “un papel muy importante en las negociaciones". (8) Un funcionario del Departamento de Estado describió las acciones de Khalilzad como "diplomacia intensa”. (9) Aunque los medios quisieran sesgar la información sobre el proceso describiendo a los funcionarios estadounidenses como intermediarios reacios, impacientes y desinteresados en el contenido de la constitución con tal de que se lograra finalizar en el plazo estipulado, en un determinado momento, el equipo de diplomáticos estadounidenses de Khalilzad ofreció a los iraquíes su propia propuesta de texto para la constitución. (10) Desplazándose de aquí para allá a reuniones continuas con el presidente iraquí, el portavoz y otros funcionarios de alto rango, Khalilzad estaba recibiendo apoyo de los funcionarios de la embajada estadounidense que, según el Washington Post, trabajaban desde la sede de un partido kurdo para "ayudar a escribir a máquina el proyecto de constitución y traducir los cambios del inglés al árabe para los legisladores iraquíes".(11)
Un miembro kurdo del comité constitucional, Mahmoud Othman, que participaba de las reuniones, se quejó: "los estadounidenses dicen que no intervienen, pero intervienen muchísimo. Nos entregaron una propuesta detallada, casi una versión completa de una constitución. Intentaron lograr una solución de compromiso entre las diferentes opiniones de todos los bloques políticos. Los funcionarios estadounidenses están más interesados en la constitución iraquí que los propios iraquíes, porque prometieron a su pueblo que estaría terminada el 15 de agosto".(12) Y no es que estuvieran actuando como mediadores neutrales; según palabras de Othman, los funcionarios estadounidenses e ingleses "se rigen por su agenda nacional". También se lamentó de que estos funcionarios se reunieran por separado con algunos iraquíes en reuniones no oficiales, afirmando que “no es correcto y resulta contraproducente. Si tienen algo que decir, ¿por qué no lo plantean ante todo el Comité?".(13) Nechirvan Barzani, el Primer Ministro del gobierno regional de Kurdistán en Arbil y uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos confirmó las críticas de Othman. "Estados Unidos y el Reino Unido están actuando tras bambalinas, negociando con todos los grupos, diciendo que las cosas se deben hacer de ésta o de aquella manera", afirmó.(14)
Khalilzad se destacó no sólo por su accionar detrás de escena. Justo antes de la fecha límite original del 15 de agosto, cruzó a zancadas los pasillos del parlamento iraquí donde fue presentado a la asamblea por el Presidente iraquí Jalal Talabani como el "querido hermano". (15) El Ministro de Relaciones Exteriores iraquí Hoshyar Zebari le había implorado antes a Estados Unidos que jugara un papel más importante en la elaboración de la nueva constitución -prueba de que las intervenciones de Khalilzad no eran totalmente indeseables para todos (16). Para reforzar las propias recomendaciones de Khalilzad, el Presidente George Bush llamó por teléfono personalmente al líder del CSRII Abdul Aziz al-Hakim el 24 de agosto para hablar sobre la constitución. (17) Justo antes de la prórroga de la fecha límite, el 27 de agosto, y después de trabajar “incansablemente toda la noche para lograr el trato", Khalilzad apareció nuevamente en público parado al lado de los líderes chiítas y kurdos mientras éstos anunciaban que habían finalmente sellado el proyecto. (18) Contra todas las críticas, defendió el proyecto como “justo para Irak en estos tiempos”, sin explicar con más detalle para quién era justo. (19)
Mientras que Khalilzad y su equipo de diplomáticos estadounidenses e ingleses ocuparon toda la escena, algunos miembros del comité constitucional de Irak quedaron reducidos a un segundo plano. Un miembro chiíta protestó: "no hemos tenido un papel muy destacado en la elaboración de la constitución. Sentimos que hemos sido dejados de lado. No se nos ha consultado sobre temas importantes". (20) Un negociador sunita concluyó: "esta constitución fue cocinada en una cocina estadounidense, no en una iraquí". (21)
Un plato constitucional neoliberal
Cuando se lo sirvió a la mesa el 28 de agosto, el proyecto definitivo de la constitución iraquí debe haber tenido un gusto muy diferente a sus versiones anteriores. No sólo se eliminaron directamente algunos de los ingredientes clave del borrador anterior, sino que se añadieron nuevos ingredientes con notorio sabor neoliberal.
El artículo que proclamaba la adhesión al principio de la justicia social como la base de la economía había desaparecido. En su lugar se colocó una disposición que obliga al Estado a “reformar la economía iraquí de acuerdo a las bases económicas modernas, de forma tal de garantizar la inversión total de sus recursos, la diversificación de sus fuentes y el desarrollo del sector privado". Al hablar de "reformar", los redactores de la constitución sólo pueden haberse referido al núcleo habitual de las “reformas” económicas neoliberales que han sido prescritas o impuestas en decenas de países en desarrollo en todo el mundo. Éste incluye la privatización de las empresas públicas estatales, la liberalización del comercio, la desregulación del mercado y su apertura a los inversionistas extranjeros. En vez de revocar las llamadas leyes Bremer o los decretos promulgados por la autoridad de ocupación que instrumentan estas políticas neoliberales, el proyecto de constitución obliga a los iraquíes a aplicarlas bajo precepto constitucional. Otra disposición reitera que "el país garantizará la promoción de la inversión en diversos sectores".
También desapareció la cláusula que establecía la propiedad colectiva del pueblo iraquí sobre el petróleo y otros recursos naturales de Irak y que obligaba al Estado a protegerlos y salvaguardarlos. En su lugar, un nuevo artículo sienta las bases legales para liquidar el petróleo iraquí y colocarlo bajo el control de las grandes compañías petroleras extranjeras. El Artículo 110 llega incluso a explicar en detalle que “el gobierno federal y los gobiernos de las regiones y provincias productoras, elaborarán en conjunto las políticas estratégicas necesarias para explotar y desarrollar la riqueza petrolera y de gas para que genere máximos beneficios para el pueblo iraquí, sobre la base de las técnicas más modernas de los principios de mercado y la promoción de la inversión”.
Por "técnicas modernas de principios de mercado" el borrador probablemente se refiere a los planes actuales, apoyados por los principales líderes del gobierno interino, de privatizar las compañías petroleras nacionales iraquíes y de abrir las reservas petroleras de Irak a las grandes compañías petroleras. Al referirse a estos planes, Adil Abdel Mahdi, líder superior del CSRII y ahora vicepresidente de Irak, declaró ante la opinión pública en Washington, justo antes de las elecciones: "la situación es muy prometedora para los inversionistas y las compañías estadounidenses, especialmente para las compañías petroleras". (22)
Casualmente, durante el curso de las negociaciones sobre la constitución, el miembro del CSRII al-Hakim promovió con fuerza la creación de un sub-estado chiíta en el sur con nueve de las 18 provincias de Irak. El proyecto de constitución permitiría que ese sub-estado determine la política petrolera de su territorio, gane una parte importante de los ingresos de los campos petroleros existentes y obtenga hasta el 100% de los ingresos de los campos petroleros a desarrollar en el futuro. La posición de Estados Unidos en el tema del federalismo puede tener mucho que ver con la seguridad de que los que finalmente decidirán sobre las reservas petroleras de Irak -el partido kurdo en el norte y el partido chiíta en el sur- son gente que han dejado constancia de estar a favor de su privatización.
Contrariamente a la impresión que proyectan los medios, una mayoría clara de los iraquíes se opone al federalismo, incluida la mayoría de los sunitas y también la mayoría de los chiítas. Según una encuesta de julio de 2005 efectuada por el Instituto Republicano Internacional (International Republican Institute), la entidad que financia el gobierno estadounidense y que está a cargo de construir la maquinaria de partidos políticos iraquíes partidarios del libre mercado, el 69% de los iraquíes de todo el país desean que la constitución establezca “un gobierno central fuerte” y sólo un 22% desea que se otorgue “poderes importantes a los gobiernos regionales”. Incluso en las áreas con mayoría chiíta en el sur, sólo el 25% está a favor del federalismo mientras que el 66% lo rechaza. (23)
Si bien la constitución otorga a las regiones productoras de petróleo la autoridad para determinar la política sobre petróleo, también se aparta de este camino para estipular que el Estado central debe “garantizar la libertad de movimiento de trabajadores, bienes y capital iraquí entre las regiones y las provincias". Esta distinción de roles entre el sistema central y las regiones sigue la matriz del tipo de “federalismo preservador de mercados” que defienden los constitucionalistas neoliberales: el Estado central tiene poder sólo para mantener un mercado común dentro del territorio, mientras que el poder para regular el mercado se delega a sub-estados debilitados. Para los neoliberales, el federalismo resulta aceptable siempre y cuando las regiones no levanten muros contra el libre comercio y mientras no se tornen demasiados poderosas para instrumentar políticas laborales, ambientales y otras políticas sociales.(24)
La constitución también está sentando las bases para la eventual adquisición de los activos iraquíes –ya sean acciones, bienes inmuebles u otras formas de capital—por parte de extranjeros o corporaciones multinacionales. Mientras el borrador de junio decía que “los iraquíes tienen el derecho de propiedad total e incondicional en todas las áreas sin limitación”, el proyecto definitivo elimina los términos “incondicional” y “sin limitación” y añade en cambio la calificación “a excepción de lo que está eximido por la ley".
Teniendo en cuenta que la Orden 39 de Bremer ya permite la propiedad extranjera de activos iraquíes y considerando que esa Orden se perpetuará como ley, la constitución elimina en forma efectiva la restricción que otorga a los iraquíes la propiedad exclusiva de los activos en Irak. Si bien esta disposición no incluye el petróleo, pronto lo hará, a juzgar por los pronunciamientos de los funcionarios iraquíes. La llamada disposición sobre el “patrimonio nacional”, que reserva ciertos sectores de la economía de un país como la tierra o los recursos naturales para los ciudadanos de ese país, es una característica común de las constituciones de muchos países en desarrollo. Ha sido borrada de la constitución de Irak. Y mientras la prensa sigue contando la historia de los sunitas, chiítas y kurdos peleando por las prebendas del petróleo, no se presta atención a la contienda entre iraquíes y no iraquíes. La constitución todavía puede preparar el camino para que los no iraquíes tengan los mismos derechos que los iraquíes sobre el petróleo de Irak.
El viejo proyecto de junio prometía compromisos de bienestar importantes para los iraquíes, incluida la gratuidad de la salud y la educación. El Fondo Monetario Internacional, que ha insistido en la eliminación de los subsidios gubernamentales a los iraquíes, habría encontrado en estos principios serios obstáculos legales a sus prescripciones. El proyecto de julio afirmaba que se seguirán proporcionando servicios sociales, pero sólo si el gobierno puede costearlos. El proyecto definitivo concede garantías vagas de que los servicios se prestarán pero esta vez, añade una nueva cláusula sobre el papel del sector privado en la prestación de esos servicios. Estos cambios sutiles son importantes porque apuntan a la futura privatización generalizada de los servicios sociales iraquíes, que ya está siendo promovida por los contratistas financiados por la USAID que trabajan en la reestructura de los sectores de educación y salud de Irak.
Otro factor digno de mención es que la constitución de Irak será probablemente la única constitución del mundo que consagra "la lucha contra el terrorismo" como uno de los objetivos del Estado. Teniendo en cuenta cómo se ha utilizado el término “terrorismo” en el discurso iraquí de los iraquíes partidarios de la ocupación y los funcionarios estadounidenses, para referirse al movimiento de resistencia, esta cláusula podría invocarse para justificar en forma legal la continuidad de ofensivas militares contra las fuerzas políticas que se rehúsan a aceptar la ocupación y el proceso político engendrado por ella. Como ha sucedido en otros países, cabe la posibilidad de que la "guerra contra el terror" se utilice también para justificar la presencia militar estadounidense permanente en Irak.
El imperio de la ley
El contenido de la constitución permanente de Irak es de interés fundamental para todos aquellos que están comprometidos en la reconstrucción de la economía de Irak según los principios neoliberales. Siendo la ley fundamental del país, la constitución establece el cimiento legal esencial sobre el que se erigirá la construcción neoliberal de Irak. Sobre ella se levantará el llamado "imperio de la ley", una regla que se invocará constantemente para defender en forma legal el papel reducido del gobierno en la economía, las reglas de liberalización del comercio e inversiones, los programas de privatización y otras políticas económicas neoliberales, mucho después de que se retiren los 160.000 efectivos de las tropas de ocupación. En este tema, Irak constituye apenas uno de los frentes de un proyecto mundial para eliminar las disposiciones económicas nacionalistas y progresistas de las constituciones o sistemas legales de decenas de países en desarrollo en todo el mundo. Que se le conceda o no su "lista de deseos” a los inversionistas internacionales depende en gran medida de que la constitución iraquí ofrezca la justificación legal para que estos deseos se hagan realidad.
Al igual que en las etapas previas del proceso de transición política de Irak, para lograr que las disposiciones de su preferencia efectivamente se incluyeran en la constitución, Estados Unidos se unió una vez más con aquellos iraquíes que estaban dispuestos a concederle sus deseos; por su parte, estos iraquíes se avinieron a las demandas de Estados Unidos porque esa era la única forma de alcanzar sus propios objetivos. Otros iraquíes que insisten en que hay que terminar la ocupación primero, antes de redactar la constitución, se negaron desde el principio a sumarse al proceso.
Los medios han tendido a centrar su atención en las disposiciones culturales y sectarias de la constitución, ignorando la importante inserción de las disposiciones económicas y dejando totalmente de lado el vínculo entre ambos aspectos. Lo que probablemente pasó fue lo siguiente: Estados Unidos toleró la adopción de disposiciones religiosas en la constitución y acordó la creación de un régimen federal en Irak, de acuerdo a las exigencias de los partidos chiíta y kurdo, a cambio de la inclusión de disposiciones económicas neoliberales. En el toma y daca, los derechos del inversionista pesaron más que los derechos de la mujer. A la administración Bush le importa poco qué acuerdos políticos hagan los iraquíes, o a qué dios quieran rezarle, siempre y cuando cumplan con su lista de deseos.
En el período previo a las negociaciones, el parlamento iraquí llevó a cabo campañas de información masivas en todo el país, enviando cuestionarios y efectuando discusiones grupales sobre puntos de interés, para recolectar las sugerencias de los iraquíes comunes para la constitución. Al menos una sugerencia recogida por un periodista de Knight Ridder apoyaba las ideas articuladas en el proyecto de junio que fueron descartadas en el texto final. "Sólo los iraquíes pueden poseer empresas (en Irak), y si se permiten socios extranjeros, su participación no debe superar el 49%", escribió un encuestado.(25) Si bien el proyecto de junio fue formulado por los mismos iraquíes que fueron elegidos en un proceso cuya legitimidad está en duda, al menos da una pista sobre qué tipo de constitución podrían haber elegido sin la presión permanente de Khalilzad. Los iraquíes también tienen su lista de deseos.
* Herbert Docena es investigador asociado a Focus on the Global South.
Notas
1. Ver Nathan J. Brown, "Constitution of Iraq: Draft Bill of Rights," Carnegie Endowment for International Peace, 27 de julio, 2005.
2. "Let's All Go to the Yard Sale: Iraq's Economic Liberalization," The Economist, 27 de septiembre, 2003.
3. Para una discusión en profundidad de este proceso, ver Herbert Docena, “Terapia de "conmoción y pavor": así pretende Estados Unidos apoderarse del petróleo de Irak por la fuerza y abrir su economía”, Enfoque sobre Comercio No. 110, junio 2005.
4. Associated Press, "US will help draft Iraq Constitution," 16 de noviembre, 2003; Barbara Slavin y Steven Komarow, "Iraq's Temporary Constitution To Resemble America's" USA Today, noviembre 17, 2003; Jim Lobe, "US Lawmakers Warn of Brewing Crisis Over Women's Rights in Iraq," OneWorld, febrero 3, 2004; Rajiv Chandrasekaran, "Kurds Reject Key Parts of Proposed Iraq Constitution," Washington Post, 21 de febrero, 2004; Rajiv Chandrasekaran y Walter Pincus, "US Edicts Curb Power of Iraq's Leadership," Washington Post, 27 de junio, 2004.
5. Rajiv Chandrasekaran, "Envoy Bowed to Pressure in Choosing Leaders," Washington Post, junio 2, 2004; Steven R Weisman, "Iraq's new government faces bargaining over its power," New York Times, 2 de junio, 2004; Massimo Calabresi, "Our (Irascible) Man in Iraq" Time, 28 de junio, 2004.
6. Seymour Hersh, "Get out the Vote," The New Yorker, 5 de julio, 2005.
7. Chris Shumway, "Departing Afghanistan envoy pledges to use same approach in Iraq," The New Standard, 20 de junio, 2005; Jan Oberg, "Do you want to know who the Americans running Iraq really are?, Transnational Foundation for Peace and Future Research, Informe de prensa No.183, 14 de mayo, 2003.
8. Jonathan Finer y Omar Fekeiki, "US Steps Up Role in Iraq Charter Talks," Washington Post, 13 de agosto, 2005; Michael Georgy, "Iraq parliament may back charter, Sunnis opposed," Reuters, 28 de agosto, 2005; Steve Negus y Dhiya Rasan, "Iraqi Parliament delays Constitution Vote," Financial Times, 23 de agosto, 2005.
9. "Iraqi Federalism Opponents Speak Louder," IslamOnline.net, 20 de agosto, 2005.
10. Jonathan Finer y Omar Fekeiki, "US Steps Up Role in Iraq Charter Talks," Washington Post, 13 de agosto, 2005; Ashraf Khalil y Caesar Ahmed, "Iraqis Extend Deadline for Constitution," Los Angeles Times, 16 de agosto, 2005.
11. James Glanz, "U.S. Builds Pressure for Iraq Constitution as Deadline Nears," New York Times, 13 de agosto, 2005; Ellen Knickmeyer y Jonathan Finer, "Iraqis Submit Charter but Delay Vote," Washington Post, 23 de agosto, 2005.
12. Jonathan Finer and Omar Fekeiki, "US Steps Up Role in Iraq Charter Talks," Washington Post, 13 de agosto, 2005.
13. Michael Howard, "Iraqi Constitution in Trouble as Sunnis Walk Out," The Guardian, 21 de julio, 2005.
14. Michael Howard, "Iraqi Constitution in Trouble as Sunnis Walk Out," The Guardian, 21 de julio, 2005.
15. Dexter Filkins y James Glanz, "Leaders on Iraq Extend Deadline on Constitution," New York Times, 16 de agosto, 2005; Ellen Knickmeyer y Omar Fekeiki, "Iraqis Fail to Meet Constitution Deadline," Washington Post, 16 de agosto, 2005.
16. Robin Wright, "Iraqi Official Appeals for Greater US Role," Washington Post, 3 de junio, 2005.
17. Mike Allen y Fred Barbash, "Bush Calls Iraqi Shiite Leaders to Discuss Constitution," Washington Post, 26 de agosto, 2004.
18. Dexter Filkins y James Glanz, "Shiites and Kurds Halt Charter Talks with Sunnis," New York Times, 27 de agosto, 2005.
19. Ellen Knickmeyer y Bassam Sebti, "Glee and Anger Greet Iraq's Draft Charter," Washington Post, 24 de agosto, 2005.
20. Jonathan Finer y Omar Fekeiki, "US Steps Up Role in Iraq Charter Talks," Washington Post, 13 de agosto, 2005.
21. Michael Georgy, "Iraq parliament may back charter, Sunnis opposed," Reuters, 28 de agosto, 2005.
22. Emad Mekay, "US to Take Bigger Bite of Iraq's Economic Pie," Inter Press Service, 23 de diciembre, 2004.
23. Encuesta del International Republican Institute, julio 9-14, 2005, citada en Michael E. O'Hanlon y Nina Kamp, "Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq," Brookings Institution, www.brookings.edu/iraqindex, 25 de agosto, 2005.
24. Ver por ejemplo, Barry Weingast, "The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development," Journal of Law, Economics, and Organization 11 (1), 1995, pp 1-31.
25. Richard Chin y Alaa al Baldawy, "Deadline Threatens to Limit Public Input on Iraq's Constitution," Knight Ridder, 7 de agosto, 2005.
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Parte 2
LA TRAGEDIA DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA EN EL SUR
por Walden Bello*
(Discurso pronunciado en el Encuentro Mundial de fundaciones que promueven la democracia, Parlamento Sueco, Estocolmo, 28 - 30 de agosto de 2005.)
Han pasado ya 25 años desde que comenzara la gigantesca ola de democratización que barrió las dictaduras desde América Latina al sudeste asiático. Sin embargo, en todas partes hay un sentimiento palpable de frustración generado porque los nuevos regímenes democráticos electorales, no solo no han sido capaces de cumplir con su promesa de traer libertad, sino que tampoco han hecho retroceder la pobreza ni las desigualdades sociales.
Esta decepción resulta evidente en una encuesta realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2004, donde el 54,7% de los latinoamericanos encuestados, se mostraron dispuestos a respaldar un régimen autoritario y no la democracia si el cambio resolviera sus graves problemas económicos. (1)
En el sudeste asiático, son varios los comentaristas que han notado el contraste notable entre el desempeño de Vietnam con un gobierno autoritario y Filipinas con uno democrático. En 1990, Vietnam partía de la cifra de 51% de su población por debajo del nivel de ingresos de US$1 por día, definido por las Naciones Unidas como el umbral de la extrema pobreza, y para el año 2000 había reducido esa cifra a 8,4%; en cambio Filipinas mostró apenas un pequeño avance, con 11% de su población por debajo de la línea de extrema pobreza en 2000. (2)
¿Qué ocurrió? ¿Por qué han sido tan inútiles las democracias en generar mejoras económicas?
La elite se adueña los procesos democráticos
Creo que una de las causas claves de la crisis de la democracia en el mundo en desarrollo es que las democracias electorales del tipo que promueve Occidente han sido extraordinariamente vulnerables a ser usurpadas por las elites. El sistema de democracia que se reestableció en Filipinas después de la caída de la dictadura de Marcos en 1986, sirve para ilustrar el problema. Este sistema ha promovido la máxima competencia entre las distintas facciones de la elite y al mismo tiempo les ha permitido cerrar filas contra cualquier cambio en la estructura social y económica.
El sistema Filipino es democrático en el estrecho sentido de que es mediante la realización de elecciones que se arbitra la sucesión política. Existe la igualdad formal del principio “un hombre/mujer, un voto”. Sin embargo, esta igualdad formal es inevitablemente subvertida al estar inmersa en un sistema social y económico caracterizado por enormes disparidades de riqueza e ingresos.
Al igual que en el sistema político estadounidense que le sirve de modelo, la genialidad del sistema democrático filipino, desde la perspectiva de la elite, es cómo el sistema electoral se aviene perfectamente a los fines sociales conservadores. (3) Llevar adelante una campaña electoral para cualquier nivel de gobierno electo es prohibitivamente caro, de tal modo que, en general, solamente los ricos, o aquellos respaldados por los ricos, pueden presentarse. De esta forma, si bien es cierto que las masas eligen sus representantes, sólo lo hacen entre un número limitado de personas de cierta extracción, que pueden pertenecer a distintas facciones -algunos “adentro” y otros “afuera” del poder- pero que no son diferentes en términos de sus programas políticos. Lo que hace que el sistema sea perfecto para la elite es que las elecciones, al permitir que la gente participe periódicamente eligiendo entre distintos miembros de la elite, convierte a los votantes en participantes activos de la legitimación del status quo social y económico. Surge así la gran paradoja filipina: un juego político electoral muy vivaz que oculta detrás una estructura de clase de las más inmóviles en Asia.
Si dejamos de lado las variaciones institucionales y culturales, podría decirse que la dinámica de la política democrática en países como Brasil, Argentina, México, Ecuador y Tailandia es similar a la de las Filipinas. “Democracia de elite” es un término que algunos han utilizado para describir este sistema. Otro es “poliarquía”.
Sin embargo, la usurpación del proceso democrático a manos de la elite es desde mi punto de vista, solamente uno de los factores que intervino para subvertir el desempeño de las nuevas democracias surgidas en la década de 1980. Otro elemento igualmente importante es que sus promesas económicas fueron socavadas por las exigencias de actores externos.
La subversión de la democracia
Volvamos a analizar la coyuntura histórica de comienzos de la década de 1980. Las dictaduras militares estaban colapsando no sólo por la resistencia interna, sino también porque actores externos clave como Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) les habían retirado su apoyo. Ahora bien, una de las principales razones para este cambio de posición, fue que las dictaduras habían perdido la credibilidad, legitimidad y apoyo mínimos para imponer los programas de reforma económica, más conocidos como de "ajuste estructural", que pretendían estas poderosas fuerzas. Estos programas, promovidos como necesarios para lograr la eficiencia económica, tienen por objetivo abrir de forma aún más amplia las economías de estos países al capital internacional y al comercio exterior y permitirles cumplir con sus obligaciones de pago de la enorme deuda externa.
En Brasil y Argentina, por ejemplo, las políticas monetarias y fiscales severas concitaron oposición al comienzo de los ochenta, no sólo de parte de los trabajadores y otros grupos de la sociedad civil, sino también entre grupos empresariales. Los intereses empresariales que en algún momento se habían beneficiado con las políticas de represión a los trabajadores impuestas por las dictaduras militares, comenzaban a tomar distancia de los gobiernos represivos, motivados por el fracaso de las políticas económicas neoliberales en generar el crecimiento económico prometido. Como observaran Stephen Haggard y Robert Kaufmann:
Ante los problemas económicos crecientes, las elites empresariales empezaron a reevaluar los costos y beneficios del estilo tecnocrático de toma de decisiones propio del régimen autoritario. Los grupos empresariales se quejaban periódicamente por la imposibilidad de acceder a los tecnócratas distantes que conducían la política macroeconómica, pero su descontento había sido compensado por los beneficios especiales que habían recibido y por el hecho de que los gobiernos de facto estaban dispuestos a reprimir cualquier avance de los sectores populares. La creciente desafección del sector privado no era el reflejo de un apasionamiento democrático sincero, sino una respuesta pragmática a una situación cambiante. En la medida en que los gobiernos autoritarios se volvieron crecientemente incapaces de cumplir con su parte del trato, el contar con "voz" comenzó a ser cada vez más importante para los grupos empresariales, incluso aunque esto significara reabrir la arena a los sectores populares previamente excluidos. (4)
Los gobiernos democráticos que desplazaron a los regímenes autoritarios pronto se vieron enfrentados a su propio dilema. Por una parte, las políticas de redistribución fueron bloqueadas por las elites que se habían sumado a la coalición anti-dictadura, un acontecimiento que ya hemos analizado. Al mismo tiempo, las políticas fiscales expansionistas fueron desalentadas por el Banco Mundial y el FMI. Muy pronto quedó en evidencia que lo que las agencias multilaterales querían era que usaran su legitimidad democrática para imponer los programas de ajuste estructural. En Argentina, por ejemplo, las instituciones financieras internacionales presionaron al nuevo gobierno de Raúl Alfonsín para que dejara atrás sus políticas neo Keynesianas, implementara reformas tributarias, liberalizara el comercio y privatizara las empresas públicas. Cuando el régimen mostró debilidades, el Banco Mundial "concluyó que el gobierno no había hecho los avances suficientes hacia los objetivos de la reforma, y suspendió las partidas correspondientes al préstamo de ajuste estructural”. (5)
La democracia electoral se transformó en el principal mecanismo para la imposición de los programas de estabilización o ajuste estructural en Jamaica, Filipinas, Perú y Pakistán. En Jamaica, el gobierno progresista de Manley sufrió una devastadora pérdida de legitimidad cuando cedió a las presiones e impuso un programa de estabilización propuesto por el FMI con la bendición de Washington. El programa empeoró las condiciones de vida. Condujo a la aplastante derrota de Manley en las elecciones de 1980, a manos de un candidato que cuando asumió siguió con las mismas políticas, cumpliendo fielmente los mandatos del FMI. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori fue electo con una plataforma populista, anti-FMI, pero en los hechos impuso programas de "shock" neoliberales que incluyeron el aumento abrupto de las tarifas de las empresas públicas y una radical liberalización del comercio. (6) Estas medidas provocaron una profunda recesión, y el consiguiente descontento popular, que a su vez terminó provocando que Fujimori suspendiera la vigencia de la Constitución, disolviera el Parlamento, y pasara a gobernar al estilo dictatorial sin mayor respeto por las restricciones constitucionales.
En Filipinas, las agencias multilaterales y Estados Unidos le retiraron su apoyo a Marcos. Esta actitud se originó no sólo porque su situación política era insostenible en función de la enorme resistencia popular, sino porque la falta de legitimidad de su gobierno hacía que éste no fuera un instrumento idóneo para lograr el repago de la gigantesca deuda externa de US$28.000 millones, ni para aplicar las políticas de estabilización del FMI. El fin del viejo régimen vino acompañado de una crisis económica, pero esto no impidió que el Banco Mundial y el FMI exigieran al novísimo gobierno de la Presidenta Corazón Aquino transformar el repago de la deuda en la principal prioridad de la política económica nacional.. Si bien esto provocó un impacto en la opinión pública y algunos de los asesores de Aquino protestaron, el gobierno cedió y promulgó un decreto donde se consagraba la “apropiación automática” del total del monto necesario para el pago de los servicios de la deuda externa del presupuesto nacional. En consecuencia, entre un 40 y un 50% del presupuesto se destinó al servicio de la deuda, volviendo prácticamente inviable el desarrollo nacional, ya que el remanente del presupuesto debía destinarse a salarios y gastos operativos, dejando escasísimos fondos disponibles para inversión. En unos años, el 10% del PBI del país se estaba destinando al servicio de la deuda externa. Por tanto, no es para nada sorprendente que Filipinas haya registrado un crecimiento promedio por debajo del 1,5% anual entre 1983 y 1993.
En 1991, cinco años después del final de la dictadura, el porcentaje de la población que vivía por debajo de la línea de pobreza sólo había bajado ligeramente del 49,3 al 46,5%, mientras que la distribución del ingreso empeoró, con una caída en la porción del ingreso percibida por el 20% de familias más sumergidas del 5,2% a 4,7%, mientras que el pedazo de la torta acaparado por el 10% superior creció de 36,4% a 38,6%. La marginación de las clases bajas del sistema democrático restablecido fue un elemento dominante. Éste proceso culminó en un alzamiento abortado el 1º de mayo de 2001 -que estaba aparentemente dirigido a restituir a un presidente destituido del poder, pero era en realidad una ebullición de la frustración de las clase más bajas. (7) Hoy en día, no sólo las clases bajas sino también grandes sectores de la clase media han perdido las esperanzas en que el sistema tenga capacidad de brindarles los beneficios económicos prometidos.
Tal como pasara en Perú, Argentina y las Filipinas, el retorno a la democracia en Brasil estuvo acompañado por advertencias apenas veladas del FMI y Estados Unidos de que la prioridad primera del nuevo régimen tenía que ser darle cumplimiento a lo que el régimen militar saliente no pudo, es decir, imponer programas de estabilización para subir los intereses, recortar el gasto público, devaluar la moneda y liberalizar el comercio. Desde mediados de los ochenta hasta 2002, varios gobiernos erosionaron la credibilidad de la democracia, realizando infructuosos intentos de imponerle a una población reacia la estabilización económica pretendida por Washington y el FMI. (8)
La víctima más reciente es el gobierno de Luís Ignacio “Lula” da Silva, del Partido de los Trabajadores de Brasil, uno de los partidos más comprometidos en la lucha contra las políticas neoliberales en el continente. Antes incluso de ganar las elecciones presidenciales en la primavera de 2002, Lula tuvo un gesto sin precedentes en América Latina: prometió al FMI que honraría las condiciones de altos intereses y restricción presupuestal impuestas por un préstamo de estabilización negociado con el Presidente saliente, Fernando Henrique Cardozo. Lula actuó bajo presión. El Fondo le dejó claro que no liberaría los US$24.000 millones restantes de ese préstamo a menos que se portara bien.
Lula cumplió con su palabra. Consiguientemente, en 2003 el PBI brasileño se contrajo en un 0,2% durante el primer año de gobierno de Lula; el desempleo se elevó a una tasa record de 13%. Esta amarga medicina que tuvo que "tragarse" el pueblo brasileño, sin embargo, resultó un tónico para los inversionistas. En los primeros ocho meses del año, a pesar que la economía continuaba deprimida, las acciones brasileñas subieron abruptamente más de 58%, llevando a Business Week a aconsejarle a los inversionistas especulativos a: “No se vayan todavía de esta fiesta". (9) Y en cuanto a Lula, ha debido enfrentar crecientes críticas desde la interna de su propio Partido y la coalición de gobierno, y también de parte de los votantes comunes; solamente el 28% de la población se manifestaba a favor del gobierno (10). En otras palabras, incluso antes de que salieran a la luz las actuales denuncias de corrupción contra los asesores más cercanos a Lula, el gobierno ya estaba atravesando una situación complicada debido a la adopción de políticas contractivas.
El reflujo de la tercera ola de democratización se cierne hoy amenazante sobre toda América Latina. En el sudeste asiático esta contramarcha de la tercera ola ya es una realidad. Cuando el General Pervez Musharraf tomó el poder en Pakistán en octubre de 1999 y envió a su casa al Primer Ministro Nawaz Sharaf, terminó con 11 años de democracia inestable. Tan preocupante para muchos estudiantes ortodoxos de la democracia ha sido la ruptura democrática en Pakistán que el analista Larry Diamond escribió: "Pakistán podría no ser el último país de perfil alto que sufre la ruptura de su democracia. Lo cierto es que estamos en presencia de una tercera ola de reflujo", cuyo origen puede muy bien establecerse el 12 de octubre de 1999… (11)
Los análisis post mortem de la democracia parlamentaria paquistaní suelen centrarse en la corrupción, el resquebrajamiento del imperio de la ley, la polarización étnica y religiosa y la crisis económica. Otras explicaciones ponen el énfasis en el ejército, que no rendía cuentas ante nadie gracias tras haber gozado de relaciones especiales con el Pentágono debido a su papel clave en la expulsión de los rusos de Afganistán.
Ciertamente todos estos factores tuvieron que ver. Pero también fue fundamental el rol que jugaron tanto el FMI como el Banco Mundial, presionando a los regímenes democráticos de Benazir Bhutto y de Nawaz Sharif para que impusieran sus programas de estabilización y ajuste estructural, que a su vez contribuyeron decididamente al crecimiento de la pobreza y la desigualdad, así como a la caída de la tasa de crecimiento del país. (12) Según destaca un eminente economista paquistaní: "la preocupación casi obsesiva por la estabilización macroeconómica en el corto plazo conlleva el peligro ... de que algunos de nuestros programas sociales básicos puedan ser afectados, y eso tendría consecuencias intergeneracionales para el desarrollo de Pakistán". (13) En la medida en que se asoció la democracia con el aumento de los niveles de pobreza y el estancamiento económico, no es sorprendente que el golpe de Estado fuera visto con alivio por muchos paquistaníes, tanto entre las capas medias como en las masas trabajadoras.
En conclusión, los pasados 25 años han sido una oportunidad perdida. El renacimiento democrático en el Sur fue descarrilado por la usurpación de los procesos democráticos por la elite y la presión externa para adoptar programas económicos con efectos contractivos, a menudo relacionados con el pago de la deuda, que resultaron precisamente la receta equivocada para impulsar la consolidación democrática. Por lo tanto, la democracia hoy es vista en forma generalizada como un mero mecanismo para la competencia de la elite y un obstáculo para la transformación económica progresista. Cuando el pueblo filipino no ve cuál es el sentido de cambiar a un presidente en el que han perdido la confianza porque están convencidos de que su sucesor resultará igual, estamos en problemas. Cuando los jóvenes en mi país ven un pasado con Marcos, un hombre a quien nunca conocieron, a través de anteojos color rosa, entonces estamos realmente en problemas.
Para salvar la democracia en el Sur, necesitamos una segunda revolución democrática, una que la libere del lastre del control y la competencia entre la elite y los programas de ajuste impuestos desde el exterior. Ésta es una tarea difícil, pero los partidarios de la democracia no tienen otra elección que asumir este complejo desafío.
* Profesor de sociología en la Universidad de Filipinas en Diliman y director ejecutivo de Focus on the Global South, Bangkok. Walden Bello es autor o co-autor de unos 15 libros, incluyendo Dilemmas of Domination: the Unmaking of the American Empire (New York: Henry Holt and Co.: 2005) y Deglobalization: Ideas for a New World Economy (London: Zed, 2003). Obtuvo el Premio Right Livelihood (también conocido como el Premio Nóbel Alternativo) en 2003.
Notas
1. Geri Smith, "Democracy on the Ropes," Business Week, 19 de mayo de 2004.
2. Cielito Habito, "Alarming Contrasts," Philippine Daily Inquirer, 15 de marzo de 2004.
3. Ver Walden Bello, "Parallel Crises: Dysfunctional Democracy in Washington and Manila," en Back to the Future, ed. Corazon Villareal (Manila: American Studies Association of the Philippines, 2003), pp. 80-91.
4. Stephen Haggard y Robert Kaufman, The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton: Princeton University Press, 1995), pp. 59-60.
5. Ibid., p. 192.
6. Evelyn Huber y John Stephens, "The Bourgeoisie and Democracy: Historical and Contemporary Perspectives from Europe and Latin America", Ponencia en a reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Continental Plaza Hotel, Guadalajara, México, 17-19 de abril, 1997, p. 8.
7. Este análisis sobre Filipinas ha sido extraído de Walden Bello et al., The Anti-Development State: the Political Economy of Permanent Crisis in the Philippines (Quezon City: Universidad de Filipinas, Departamento de Sociología y Focus on the Global South, 2004), pp. 9-31.
8. Ver, entre otros, Maria Rocha Geisa. "Neo-Dependency in Brazil," New Left Review, No. 16 (Second Series), julio-agosto 2002, pp. 5-33; también Haggard y Kaufman, pp. 193-196, 209-211.
9. "Don't Leave this Party yet," Business Week, 8 de septiembre, 2003, p. 63.
10. Is Lula's Honeymoon Winding Down?" Business Week, 26 de abril de 2004, p. 31. Ver también, Roger Burbach, "Brazilian Fiscal Conservatives in Lula's Government under Attack along with International Monetary Fund," Center for the Study of the Americas (CENSA), Berkeley, Ca., 22 de marzo de 2004.
11. Larry Diamond, "Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future?," en Larry Diamond y Marc Plattner, The Global Divergence of Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), p. 358.
12. A.R. Kemal, "Structural Adjustment, Macroeconomic Policies, and Poverty Trends in Pakistan,"
13. Keane Shore, "The Impact of Structural Adjustment Programs on Pakistan's Social Development," Informes del IDRC/CIID, 7 de junio de 1999.
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CONFRONTACIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA TENSIONA REUNIÓN SOBRE DEMOCRACIA
por Joshua Mata*
La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela pasó al primer plano del Encuentro de Fundaciones que Promueven la Democracia realizado en Estocolmo entre el 28 y 30 de agosto de 2005. En lo que muchos han considerado un despliegue escandaloso de unilateralidad y arrogancia, Carl Geshman, director del Fondo Nacional por la Democracia (National Endowment of Democracy -NED), una agencia estadounidense financiada por el gobierno de ese país, prohibió la presencia de la abogada estadounidense-venezolana Eva Gollinger en el panel que abordó el tema “Apoyo al cambio de régimen: ¿asistencia democrática o intervención?”
El nombre de Gollinger, que figuraba previamente como panelista, fue retirado unos días antes de la reunión debido a las fuertes presiones del Presidente del NED sobre el comité sueco organizador del evento. Esto fue confirmado por Gershman durante el desarrollo del evento cuando afirmó que su objeción a la presencia de Gollinger en el panel se debía a que le resultaba "obsceno" tener que compartir el panel con alguien que "persigue a las ONGs". Gollinger rechazó estas acusaciones de Gershman, por falsas, fundamentando que el verdadero motivo detrás de este atropello era su fuerte actitud crítica respecto a las actividades de la NED en Venezuela, cuyo objetivo es desestabilizar al gobierno "promoviendo una imagen falsa del gobierno del Presidente Hugo Chávez como gobierno ‘no democrático’ e ‘ilegítimo’”.
“Fuera de control”
Muchos otros delegados quedaron horrorizados por la actitud de Gershman, quien se justificó airadamente, casi a los gritos durante el desarrollo del panel. “Gershman estaba fuera de control” según opinó un delegado del norte europeo que prefirió mantenerse en el anonimato. Por su parte una participante de Europa del Este declaró que “lo que le hizo a esa muchacha, es una conducta inaceptable –una actitud de yo soy el Gran Macho y consigo cuanto se me antoja".
Gollinger sin embargo pudo hablar desde el público en la sesión de preguntas y respuestas. Atacó duramente a Gershman por llamar al gobierno de Chávez "semi-autoritario” y soslayar implícitamente que es un régimen ilegítimo, cuando en realidad éste es el "gobierno más democrático que los venezolanos hayan tenido nunca”, dijo. ·”Durante el gobierno de Chávez, ha habido 10 procesos electorales libres y transparentes, tres de ellos de carácter presidencial, y en todos ellos Chávez ganó con el 60% de los votos". Destacó además el resultado de una convocatoria a referéndum realizada en el año 2004, que fue certificada como un proceso electoral “libre y sin fraude” por el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos. Gollinger señaló también que el evento más democrático en la historia de Venezuela tuvo lugar en abril de 2002, cuando los ciudadanos venezolanos comunes salieron a la calle a exigir que se reinstalara a su presidente después que fuera destituido por el golpe militar, y tuvieron éxito".
Un panel sesgado
La ausencia de Gollinger en el panel sobre cambio de régimen tuvo por consecuencia que éste estuviera dominado por los partidarios del intervencionismo. Abir Alzan de la Alianza Democrática Iraquí argumentó que el cambio de régimen auspiciado desde el exterior para imponer la democracia está por encima del derecho internacional, respondiendo de esta forma a un comentario que realizara desde la audiencia Walden Bello, quien sostenía que no existía ninguna justificación para tal tipo de acción en el derecho internacional. Y ante la denuncia de Bello de "la terrible tragedia que significan más de 10.000 iraquíes muertos" por las fuerzas anglo-americanas durante y después de la invasión de Irak en marzo de 2003, respondió “sé que es terrible, pero habrían muerto de cualquier forma a manos de Saddam Hussein” si no hubiera ocurrido la invasión.
La controversia en torno al panel sobre cambio de régimen eclipsó otros planos de la conferencia, donde las voces progresistas pudieron hacerse oír.
En un panel, Kondwni Chirambo de Sudáfrica y Catherine Ndungo de Kenia analizaron el impacto devastador que representa la pandemia del VIH-SIDA para los sistemas políticos democráticos de todo el territorio de África Subsahariana.
En otro panel sobre "La mujer en la toma de las decisiones políticas", Fereshteh Ahmadi, profesora adjunta de la Universidad de Uppsala en Suecia, presentó una ponencia muy estimulante sobre la lucha que llevan adelante las mujeres por los derechos políticos en Irán contemporáneo contra los intentos cotidianos del clero patriarcal de marginarlas de la vida social y política. Describió el surgimiento de un feminismo islámico que "intenta construir un nuevo discurso sobre la mujer, que si bien se funda en argumentos religiosos, trabaja desde dentro y fuera de las fuentes teológicas y legales del Islam.
Democracia y pobreza
Los participantes en el panel de apertura de la conferencia abordaron el tema de la relación entre democracia y pobreza. Cristina Girardi Lavin, una antropóloga chilena, relató las lecciones de democracia participativa en una pequeña ciudad cercana a Santiago, donde se desempeñó como alcalde.
Suzanne Jambo de Sudán y Halle Jorn Hansen de la organización noruega Norwegian People's Aid, centraron su intervención en los desafíos que enfrentan los procesos democráticos en Sudán del Sur, que deben abordar no sólo los aspectos referidos a las libertades políticas sino también al desarrollo y la disminución de la pobreza.
En su presentación, Walden Bello analizó las causas de lo que describió como un “sentimiento palpable de frustración generado porque los nuevos regímenes democráticos electorales, no sólo no han sido capaces de cumplir con su promesa de traer libertad, sino que tampoco han hecho retroceder la pobreza ni las desigualdades sociales". Según Bello, las raíces del problema pueden rastrearse a dos elementos: la usurpación de los procesos democráticos por las elites, y los programas de ajuste estructural que imponen los actores externos.
La dinámica esencial de los sistemas democráticos formales que emergieron a partir de la década de 1980, dice Bello, favorece "la maximización de la competencia entre las facciones de las elites, a la vez que les permite cerrar filas contra cualquier cambio en la estructura social y económica". Este sistema, que es de por sí estructuralmente contrario a la democracia económica, se vuelve más anti popular y más enemigo del desarrollo en sus efectos, a raíz de los programas económicos que los poderosos actores externos obligan a imponer a las poblaciones.
Economías neoliberales y el empoderamiento de las mujeres en Europa sur-oriental
El análisis sobre democracia y empoderamiento de la mujer, realizado por Sonja Lokar de Eslovenia es paralelo al de Bello. Según Lokar, la "terapia de shock" que se impuso a las democracias de Europa del Este en la década de 1990 fue tan devastadora que sirvió de estímulo para la organización de movimientos de mujeres en toda la región. “No nos organizamos principalmente con el objetivo de ser iguales a los hombres; nos vimos forzadas a organizarnos para enfrentar las terribles consecuencias de la economía neoliberal". Las organizaciones de mujeres lucharon contra los recortes en los salarios de las mujeres, la licencia por maternidad y la atención a los niños, y obligaron a los sucesivos gobiernos a abandonar las políticas neoliberales más extremas. En el proceso, las mujeres fueron capaces de lograr avances significativos en la representación parlamentaria -30% en Kosovo, 26% en Bulgaria, 22% en Croacia y 21% en Macedonia.
Al discutir los métodos de empoderamiento de género en Europa del Este, Lokar atribuyó gran parte del éxito del movimiento de mujeres a lo que llamó una "estrategia de sandwich", consistente en "empujar a los dirigentes presionándolos desde abajo y al mismo tiempo conseguir que las agencias internacionales los presionen desde arriba en los temas de género".
Como conclusión, un comentario editorial. ¿Qué pienso yo de la conferencia? Se exploraron varios temas fundamentales, pero el área que me parece que resultó más útil fue la del empoderamiento de género, especialmente las experiencias de Europa del Este. Como sindicalista, me habría gustado que una parte mayor del encuentro se hubiera dedicado a la promoción del sindicalismo y la democracia. Pero el impacto general que me provocó fue de inquietud. Me pareció perturbador que Carl Gershman pudiera voltear la decisión del comité organizador y excluir a Eva Gollinger, utilizando una táctica de patoterismo de la peor calaña.
Existe un mundo de diferencia entre organizaciones como el Centro Internacional Olof Palme, que apoya las prácticas democráticas en lugares como Filipinas por solidaridad, y “aparatos” como el Fondo Nacional por la Democracia (NED) de Gershman, que promueve los intereses del gobierno de Estados Unidos tras un disfraz de promoción de la democracia. El NED y sus prácticas son contrarios a la democracia. La presencia y el comportamiento del Fondo Nacional por la Democracia en esta reunión constituyeron una mancha en el desarrollo de la Conferencia.
*Joshua Mata, que asistió a la conferencia de tres días, es secretario general de la Alianza para el Trabajo Progresista y miembro de Akbayan!, el Partido de Acción Ciudadana de Filipinas.
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