Las negociaciones sobre agricultura en la Organización Mundial del Comercio (OMC) continúan sin mayores variantes a la vista. Los países desarrollados y los países en desarrollo parecen seguir empeñados en sacrificar el derecho a la soberanía alimentaria y al trabajo digno de la mayoría de sus pueblos a cambio de mayor acceso a los mercados internacionales para sus principales exportadores. A pesar de algunas escaramuzas entre las principales potencias comerciales y distintos grupos de países en desarrollo sobre metas y guarismos específicos, ninguno de los miembros de la OMC parece dispuesto a aceptar el hecho de que el problema fundamental es la propia estructura del Acuerdo de Agricultura (AdA). A través de disciplinas concebidas para los tres «pilares» de este acuerdo (acceso al mercado, apoyos internos y subsidios a las exportaciones), el AdA fomenta y afianza la producción monopólica en manos de los más grandes productores y mayores exportadores agrícolas del mundo.Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) siguen con su viejo sonsonete
Desde el fracaso de la Cumbre Ministerial de la OMC en Cancún, los EE.UU. y la UE han estado intentando reavivar las conversaciones de comercio empantanadas, invocando el llamado Programa de Doha para el Desarrollo. Sin embargo no han presentado ninguna propuesta nueva que aborde con seriedad las preocupaciones planteadas por los países en desarrollo en la cumbre de Cancún respecto del comercio agrícola -por ejemplo sus objeciones a la fórmula de EE.UU. y la UE para la reducción de aranceles, como tampoco a su resistencia recurrente a eliminar los subsidios a la exportación. Por otra parte, las mayores potencias comerciales tampoco han intentado siquiera encarar los problemas que plantearon los millares de campesinos que se movilizaron para protestar en Cancún, demostrando así su absoluta indiferencia por los motivos que llevaron al Sr. Lee, un campesino coreano, a inmolarse.
EE.UU. y la UE están presionando muy fuertemente a los países en desarrollo para que den su consentimiento al acuerdo marco que aquellos proponen para destrabar las negociaciones de la OMC, y que esperan sea adoptado en la reunión del Consejo General que tendrá lugar en julio de 2004. Este acuerdo marco no implicaría compromisos firmes de parte de EE.UU. y la UE para reducir sus niveles de subsidio directo e indirecto a la exportación, y en cambio sí exigiría importantes concesiones de los países en desarrollo en el comercio de bienes no agrícolas y en al menos uno de los cuatro temas conocidos como las «cuestiones de Singapur», además de fuertes recortes en sus aranceles agropecuarios. En una carta que enviaron recientemente al G90 (9 de mayo de 2004), Pascal Lamy y Franz Fischler (Comisionados de Comercio y de Agricultura de la UE respectivamente) declararon estar dispuestos a eliminar los subsidios a las exportaciones si los demás se someten a sus condiciones de negociación. Al dirigir la propuesta al G90, apuntan a socavar la solidaridad que le podría permitir a los países en desarrollo rechazar efectivamente los nuevos intentos de forzar la apertura de sus mercados. Este acuerdo marco sería particularmente negativo para los intereses de los pueblos de los países en desarrollo, haciéndoles perder el poco terreno ganado con el fracaso de la Cumbre Ministerial de Cancún.
Mini-cumbre ministerial de París formaliza la distorsión del comercio agrícola
El 14 de mayo un grupo selecto de países se reunió en una mini cumbre ministerial al margen de un encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizado en París. Los países que se reunieron entonces fueron Argentina, Australia, Bangladesh, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, la UE, Egipto, Guyana, Hong Kong, Islandia, India, Indonesia, Japón, Kenia, Malasia, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza y los Estados Unidos.
A juzgar por los resultados de esta mini cumbre ministerial, resulta ahora más evidente que nunca que el acuerdo marco que pueda generarse en julio para las negociaciones no corregirá las actuales distorsiones del comercio respaldadas por las reglas injustas del AdA, por el contrario las acentuará.
En París, según se informa, Estados Unidos habría conseguido el compromiso de otros miembros de la OMC para una recategorización de las medidas internas de apoyo directo a los productores agropecuarios, de manera tal que queden exentas de cualquier obligación relativa a la limitación de la producción, así como de otras disciplinas que de lo contrario serían aplicables a estas subvenciones. Se trata de apoyos que beneficiarán principalmente a los grandes productores agropecuarios y perpetuarán el dumping «y un modelo de agricultura no sostenible con uso intensivo de insumos y orientada a la exportación» en la medida que no se habiliten planes de gestión de la oferta de productos agropecuarios. Por su parte, la UE también logró conseguir el respaldo de los países para mantener altos niveles de apoyo interno que irán a parar principalmente a manos de los más grandes productores comerciales y los mayores exportadores europeos, y como en el caso de Estados Unidos, sin verse obligados a adoptar prácticas agrícolas sustentables y ecológicas ni a limitar su producción para evitar el dumping.
Estados Unidos y la Unión Europea buscan abrir drásticamente los mercados del mundo en desarrollo, especialmente en los países más grandes como China, India, Brasil, Argentina y Sudáfrica, y para ello exigen la eliminación de aranceles y otras medidas. Simultáneamente, sin embargo, apuntalan a sus propios exportadores con subsidios públicos masivos y se niegan a aceptar ningún plan de gestión de la oferta que permita asegurar términos de intercambio equitativos para los países en desarrollo.
El G20 rechazó en la mini cumbre ministerial de París la propuesta de EE.UU. y la UE sobre reducción de los aranceles. No obstante, la propuesta sobre acceso al mercado que desarrolló el propio G20 seguramente exigirá también rebajas drásticas de los aranceles en los países en desarrollo. Si bien el G20 surgió inicialmente como una poderosa fuerza política que enfrentó a los EE.UU. y la UE y denunció las relaciones de poder inequitativas en la OMC, en lo que hace a política comercial, sin embargo, también apoya posiciones con respecto a la agricultura que favorecen sobre todo a las grandes empresas agroindustriales y fomentan la producción para la exportación, a costa de sacrificar la agricultura sustentable de base campesina y la soberanía alimentaria. Si insiste en esa agenda estrecha de liberalización agrícola, el G20 perderá una oportunidad histórica de articular políticas de comercio alternativas para los países en desarrollo.
Que prime la soberanía alimentaria antes que el comercio
Si en julio se llega a aprobar un acuerdo marco para las negociaciones en condiciones como las actuales, el mismo apuntalará distorsiones aún mayores y promoverá el dumping en el comercio agrícola, y representará una victoria de los intereses comerciales corporativos sobre aquellos de los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos de los países en desarrollo. Lo que urge hoy no es regatear por cuotas del mercado a cambio de modificaciones en el régimen de subvenciones internas y subsidios, necesitamos cambios fundamentales en la orientación misma del debate sobre agricultura y comercio. Instamos a los gobiernos a llevar adelante este debate fuera de la OMC y a aprovechar otros foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para iniciar este cambio de orientación fundamental.
El debate sobre agricultura debe centrarse en la soberanía alimentaria de los pueblos y no en el comercio. La agricultura es la principal fuente de empleo de la mayoría de los pueblos del mundo, especialmente en los países en desarrollo. No puede quedar cautiva de los intereses de lucro de una minoría. Es fundamental la intervención de los gobiernos para garantizar seguridad alimentaria, empleo digno, salud y respeto por el medio ambiente. La intervención de los gobiernos debe asegurar:
§ El acceso de los campesinos, pequeños agricultores y pescadores a los medios de producción tales como la tierra, las semillas, el agua, el crédito y la tecnología.
§ El control de las importaciones para estabilizar los precios internos en niveles que cubran los costos de producción.
§ El control de la producción (o sea, la gestión de la oferta) a fin de evitar la sobreproducción y el dumping. Es necesario instituir estrategias de gestión de la oferta en los principales países exportadores tanto del Sur como del Norte, para ponerle freno a la sobreproducción.
§ Acuerdos internacionales sobre productos básicos y medidas nacionales complementarias para controlar la oferta y garantizarle precios justos a los productores campesinos de cultivos de exportación como el café, el algodón, etc. Las medidas para mejorar los precios deben favorecer en primer lugar a los pequeños productores y no a los comerciantes e intermediarios, y apoyar la diversificación agrícola en lugar que la consolidación de los monocultivos en manos de grandes empresas.
§ Asistencia pública para fortalecer y mejorar los sistemas de producción y comercialización de los campesinos y pequeños agricultores, y para apoyar la transición a prácticas agrícolas sustentables y ecológicas que permitan construir economías locales y nacionales fuertes, capaces de resistir los embates de la globalización comercial y financiera. La subvención pública no debe utilizarse para generar dumping, ni para perpetuar la agricultura no sustentable, con gran uso de insumos externos y orientada a la exportación. Por otra parte, los programas de apoyo público a los pequeños productores también deben combinarse con programas de gestión de la oferta en caso de que la producción exceda la demanda nacional, para evitar el dumping. No se debe permitir que los países exportadores encubran subsidios a la exportación detrás de programas de apoyo interno que finalmente terminan beneficiando a los grandes productores y exportadores, y estimulan la sobreproducción para la exportación.
§ La organización y fortalecimiento del mercado interno, de manera tal que les garantice a los productores campesinos locales -hombres y mujeres- pleno acceso a esos mercados.
Las negociaciones actuales en la OMC están conduciendo al mundo por una senda de falsos dilemas. Si bien está claro que los países en desarrollo negocian desde una posición desigual y desventajosa en comparación con los países ricos y desarrollados, las propuestas actuales de los países en desarrollo para reparar estos desequilibrios de poder, no brindan protección a los pequeños agricultores, pescadores, trabajadores ni a las comunidades económicamente vulnerables de sus propios países.
§ Hay que detener el avance de las negociaciones actuales de la OMC y las conversaciones sobre los nuevos temas; las negociaciones que persiguen una mayor liberalización del comercio de productos agrícolas en el marco del AdA deben cesar.
§ Debe cesar la presión, especialmente sobre los países en desarrollo para bajar los aranceles; los países en desarrollo deben estar habilitados a aumentar sus aranceles por lo menos hasta un nivel equivalente al nivel con que los países desarrollados subsidian su producción, y a reinstaurar restricciones cuantitativas para proteger a sus pequeños productores que abastecen el mercado interno.
§ Los compromisos de acceso mínimo al mercado (es decir, la obligación de los países a aceptar importaciones hasta un mínimo equivalente al 5% de su consumo interno) y todas las demás cláusulas que obligan a dar acceso a los mercados deben ser eliminadas.
§ Las «Cuestiones de Singapur» deben ser removidas del ámbito de la OMC.
§ Las discusiones actuales sobre eventuales acuerdos plurilaterales en materia de inversiones y política de competencia (dos de las «cuestiones de Singapur») deben cesar. Esos acuerdos favorecen a los grandes inversionistas agropecuarios extranjeros y marginarán aún más a los pequeños productores nacionales.
§ El sistema de apoyos internos establecido en el AdA debe ser reestructurado con urgencia. Si bien cada país debe tener derecho a utilizar apoyos internos para defender su soberanía alimentaria, la UE y EE.UU. aprovechan «el sistema de compartimentos» del AdA para subsidiar a las agroindustrias -en lugar que a sus productores campesinos y familiares- y respaldar un modelo agrícola de altos insumos que es perjudicial para el medio ambiente, y para perpetuar el dumping y la primacía de los intereses agroexportadores, en lugar que para defender la soberanía alimentaria.
§ Se debe eliminar toda forma de subsidio directo o indirecto a la exportación. La UE y los EE.UU. deben comprometerse a una fecha específica en la que pondrán fin a todos los subsidios a la exportación sin condiciones. La UE debe especialmente dejar de subsidiar las exportaciones de azúcar, lácteos y carne. Los EE.UU. deben cesar su apoyo agresivo a la exportación de cereales y maíz. Reformas futuras de la Ley Agrícola de los EE.UU. y de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE deben modificar el rumbo de la agricultura tanto en Europa como en Estados Unidos, apartándola del modelo exportador, y evitar la sobreproducción.
§ Estados Unidos y la Unión Europea deben abandonar las tácticas de presión y acoso con que pretenden asegurarle el control de la agricultura y la producción mundial a sus empresas multinacionales.
Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para anular la jurisdicción de la OMC sobre la agricultura y la alimentación. La alimentación y la agricultura no deben ser moneda de cambio ni rehenes de la toma y daca en la OMC. Las reglas multilaterales para el fomento de la soberanía alimentaria deben fijarse en un entorno multilateral alternativo más adecuado que garantice:
§ La prohibición de cualquier forma de subvención pública que sea utilizada para exportar a precios por debajo de los costos de producción, incluyendo los subsidios a la exportación, los pagos directos del compartimiento verde ligados a precios internos bajos para los productos agrícolas, u otros instrumentos similares.
§ El derecho a proteger la producción nacional de alimentos contra las importaciones a bajo precio, mediante la aplicación de aranceles y cupos de importación. La protección y el desarrollo de la producción de alimentos para cubrir las necesidades nacionales es un derecho básico. No hay un «derecho a exportar». Los alimentos solamente deberían exportarse si existe una demanda justificada y no debe en ningún caso destruir la producción nacional de alimentos.
§ Una herramienta jurídica internacional que ponga fin al dumping. Debe restablecerse mecanismos de control de precios y gestión de la oferta a nivel internacional (como ocurría anteriormente en los acuerdos de la UNCTAD sobre productos básicos). Eso permitiría a los países mantener niveles de precios internos que cubran los costos de producción y le garantizaría a los pequeños productores y a los campesinos obtener un precio justo por su trabajo. Paralelamente con una verdadera reforma agraria, esto resulta de particular importancia para que los países en desarrollo puedan mitigar la pobreza y garantizar formas de sustento seguras para la población sin tierra.
Se puede acceder a declaraciones afines en los siguientes sitios:
Soberanía Alimentaria de los Pueblos
Inglés: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new%20statement/statement_01.htm
Español: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/state_wto_agri_sp/statement_01.htm
Soberanía Alimentaria de los Pueblos como alternativa a las posiciones de la UE y EE.UU. y el G20:
Inglés: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new/12-a.htm
Español: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new/13-a.htm
Negociaciones Agrícolas en la Organización Mundial del Comercio
Versión en Inglés: http://www.peoplesfoodsovereignty.org/statements/new/16.htm
Apoyada por:
Asia Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS)
Center for the Study of the Americas (CENSA), EE.UU.
Focus on the Global South, India, Tailandia y Filipinas
REDES-Amigos de la Tierra, Uruguay
IBON, Filipinas
Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP, EE.UU.
Institute for Global Justice, Indonesia
Integrated Rural Development Foundation (IRDF), Filipinas
La Via Campesina
Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PANAP), Malasia
PKMP, Filipinas
Public Citizen, EE.UU.
The Institute for Food and Development Policy (Food First), EE.UU.
