El Ministro de Economía de Uruguay, Isaac Alfie, y el representante de Comercio de Estados Unidos pactaron un Acuerdo Bilateral de Inversiones, del cuál los parlamentarios y la sociedad uruguaya desconocen el contenido. Este tipo de acuerdo se caracteriza por una protección ilimitada de los inversores norteamericanos y por el desconocimiento de las legislaciones nacionales.
(Washington, Montevideo 07/09/2004) Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, este martes se concluyeron las negociaciones del Acuerdo Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Uruguay (United States Trade Representative).«Este acuerdo permitirá profundizar nuestras relaciones económicas con Uruguay y fortalecer la protección de los inversores norteamericanos» manifestó Zoellick. «El día de hoy marca otro importante paso adelante en el trabajo del presidente Bush hacia la construcción de fuertes relaciones económicas entre los Estados Unidos y América Latina» informó el jerarca norteamericano, según consta en un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
El contenido de este acuerdo es completamente desconocido por los parlamentarios uruguayos y por la sociedad en su conjunto, que se verá ciertamente afectada por sus disposiciones, tanto como se verá afectado cualquiera que sea el gobierno que asuma tras las elecciones del 31 de Octubre.
De acuerdo a informaciones que han llegado a Uruguay a través de organizaciones norteamericanas que se oponen a las políticas neoliberales de Bush, existe la posibilidad de que se alcancen los votos necesarios en el congreso norteamericano para impedir la ratificación de este acuerdo, que necesita un respaldo de 2/3 de los congresistas para entrar en vigencia.
El acuerdo alcanzado entre el ministro de Economía uruguayo y el representante comercial estadounidense se enmarca en la clara política pro-Bush que ha caracterizado a la administración del presidente Jorge Batlle, quién ha sido un fiel impulsor de diferentes propuestas emanadas de la Casa Blanca.
El referente más importante de este tipo de acuerdos ya opera en el Capitulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Canadá y EEUU), a cuyo amparo los tres gobiernos miembros de ese tratado han tenido que pagar indemnizaciones multimillonarias a las empresas demandantes o modificar leyes emitidas para proteger la salud, el medioambiente u otros intereses públicos.
Pero en virtud de las dificultades por las que atraviesa para imponer su voluntad en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), EEUU ha optado por ir preparando el terreno con la firma de acuerdos bilaterales como este con Uruguay, y otros similares con los países centroamericanos y andinos y también con otros países sobre todo en Asia.
Si bien el contenido específico del acuerdo hoy alcanzado es desconocido, tuvimos acceso al modelo que EEUU esta utilizando en la negociación de este tipo de acuerdos, que a su vez está basado en el Capitulo 11 del TLCAN, y de ahí podemos concluir que ese acuerdo hipotecará la acción legislativa del próximo gobierno y a los que le sigan, afectando gravemente todos los aspectos de la vida económica y social de los uruguayos
¿Qué alcances puede tener este Acuerdo Bilateral de Inversiones?
Partiendo de los referidos documentos, se puede proyectar cuáles serían los efectos de un acuerdo de este tipo.
En todos estos documentos, predominan las reglas de protección a los inversores norteamericanos. A través de diferentes cláusulas, se establece el «trato nacional» o se asimila al inversor a las condiciones que se prevén para la «nación más favorecida».
Los tratados de este tipo, generalmente modifican los conceptos jurídicos de «inversión», ampliándola al rango de que la especulación financiera y hasta los derechos de propiedad intelectual y las patentes también puedan ser considerados como inversión.
Al mismo tiempo, se establecen tribunales internacionales de resolución de conflictos entre los estados y las corporaciones, lo que no es otra cosa que un avasallamiento de las soberanías nacionales. Esto se debe a que los Tribunales de Arbitraje generalmente están compuestos por tres jueces: uno de la empresa demandante, otro del Banco Mundial y otro del gobierno demandado. Por lo general, los dos primeros están de acuerdo y el fallo siempre es favorable a la empresa internacional en detrimento del gobierno. Esto haría que cuestiones centrales que competen a la vida de los uruguayos se definieran en tribunales a los cuales los uruguayos no tendrían acceso.
Como se ha planteado en otras situaciones similares, el mayor interés de Estados Unidos en la concreción de un acuerdo bilateral de inversiones con Uruguay no pasa tanto por la instalación de sus grandes corporaciones en nuestro país, sino por «poner un pie» en el MERCOSUR, donde la política exterior brasileña y argentina no le ha sido del todo favorable en los últimos años, tratando de romper su unidad como bloque de oposición a los designios de EEUU en el ALCA.
El interés implícito para «desembarcar» en el MERCOSUR radica en la apropiación de los recursos compartidos por los países del bloque. Tal podría ser el caso de las reservas naturales de agua, de las cuales sobresale el Acuífero Guaraní, por ser uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo.
También plantea ciertas dudas que se trate de un acuerdo «bilateral» para la protección de inversiones. ¿Cuáles serán las inversiones uruguayas que se van a instalar en EEUU y que serán protegidas por este acuerdo? O no existen, y en ese caso el acuerdo funciona en un solo sentido, o no las conocemos y son tan secretas como los contenidos de este documento.
Por la importancia que plantea un acuerdo de este tipo para la vida del país es imprescindible que se difundan el contenido de este acuerdo y que los parlamentarios asuman su papel e impidan esta afrenta contra la soberanía que les fue delegada.
El parlamento uruguayo no debe ratificar un acuerdo con las mencionadas características, ya que implicaría graves perjuicios para la economía, el ambiente, el trabajo y la vida de los uruguayos. Este perjuicio pasa, entre otros motivos, por el carácter supranacional de un acuerdo como este. Las legislaciones nacionales en materia de ambiente, protección a la industria, la producción o el trabajo nacional, en materia de salud, pueden ser denunciadas por los inversores como «impedimentos» a su establecimiento en el país.
Oponerse a un acuerdo de este tipo no implica una oposición a «la inversión extranjera». Este tipo de acuerdo en primer lugar no garantiza la llegada de inversiones, y en segundo lugar, en caso de que vengan es más lo que se pierde que lo que se gana, con el cumplimiento de este tipo de «condiciones».
Lo que se dice de los acuerdos de libre comercio, en realidad no son «ni libres ni de comercio» ya que exceden en mucho el ámbito estrictamente comercial, se aplica completamente en este Acuerdo Bilateral de Inversiones y, precisamente allí, es donde reside uno de sus mayores peligros.
La señal del gobierno, firmando un acuerdo de tal magnitud a dos meses de las elecciones nacionales, no hace otra cosa que confirmar su actitud de «entrega» del país a los intereses del gobierno de George W. Bush y sus grandes corporaciones.
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