Estados Unidos y la Unión Europea persisten en su misma postura y emprenden nueva iniciativa para imponer su posición conjunta previa a Cancún en materia de comercio agropecuario presionando por un «acuerdo marco», a pesar de la oposición de muchos países y amplios sectores de la sociedad civil.
Al reanudarse las negociaciones agrícolas a fines de marzo, Estados Unidos (EEUU), la Unión Europea (UE) y la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC) están procurando revitalizar el «Programa de Doha» de la OMC colocando la agricultura en el centro como uno de los temas clave.A pesar que la Unión Europea y Estados Unidos aparentan apertura al diálogo, sus posiciones en las negociaciones no han cambiado sustancialmente. Ambos se aferran a la posición que acordaron en materia de agricultura antes de la conferencia ministerial de la OMC en Cancún, y siguen presionando para obtener mayor acceso a los mercados agropecuarios, especialmente en los países del Sur.
Entretanto, no hay nada que indique que la UE ni EEUU estén en absoluto dispuestos a ponerle fin al dumping de productos agropecuarios, es decir, exportar productos a precios muy bajos por debajo del costo de producción.
Eso sólo es posible gracias a la contracción de los precios de esos productos en el mercado interno del país exportador, combinado con pagos directos a los agricultores a través de la «caja verde» u otras modalidades de subsidio velado a las exportaciones, que la OMC aún habilita. Esas políticas y prácticas seguirán prevaleciendo en el comercio agropecuario toda vez que la agricultura permanezca dentro del régimen de la OMC. La única solución viable es que se le quite toda competencia a la OMC sobre los asuntos agrícolas.
Parece que la UE y la EEUU están planeando reunirse el 30 de abril en Londres con un grupo selecto de países en un intento por quebrar la parálisis de las negociaciones agrícolas.
Aparentemente también van a aprovechar una reunión de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en París el 14 de mayo para darle un empujón a las negociaciones de la OMC que se encuentran trabadas en Ginebra. Los informes de prensa indican que algunos miembros clave del G20* como la China, India y Brasil serán invitados a participar en esta exclusiva reunión «mini-ministerial de la OMC», lo cual supone que los temas agrícolas habrán de ocupar un lugar importante en la agenda.
En este momento, la UE y EEUU están tratando de imponer un acuerdo marco muy general que descarta detalles y cifras concretas, a fin de conseguir que todos los países se mantengan en la senda de la liberalización comercial, y poder anunciar el éxito de las negociaciones en julio próximo, que constituye el plazo máximo interno para declarar que el Programa de Doha camina de nuevo sobre rieles.
Igualmente preocupante es que el bloque G20 de países en desarrollo aparentemente está dispuesto a negociar según los lineamientos propuestos por la UE y EEUU, que les exigiría abrir sus propios mercados y tolerar la práctica continuada del dumping a manos de la UE y Estados Unidos!
Por otra parte, la UE aparentemente le está proponiendo un arreglo bilateral a los países del MERCOSUR**, ofreciéndoles mayor acceso a sus exportaciones de carne bovina en los mercados europeos, a cambio de ofertas mejoradas en los sectores de servicios, productos industriales y bienes de capital, compras del Estado y contratos públicos e inversiones en el marco de las negociaciones de la OMC!
Un arreglo de ese tipo sería muy perjudicial para los criadores europeos de ganado y para los pueblos del MERCOSUR que tendrían que soportar el virtual «copamiento» de las inversiones y el sector público en esos países a manos de las grandes empresas transnacionales de EEUU y la UE.
La dinámica actual de las negociaciones en la OMC confirma que «nada ha cambiado», a pesar del surgimiento de bloques fuertes de los países en desarrollo tales como el G20 y la Alianza de países menos adelantados, africanos y del ACP que se unieron para detener las negociaciones en Cancún. Las potencias dominantes siguen tratando de imponerle al mundo entero sus particulares políticas de liberalización que continuarán destruyendo la producción campesina de alimentos, especialmente en los países en desarrollo, favoreciendo en cambio los intereses exportadores de sus propias empresas transnacionales.
Exhortamos a los gobiernos a rechazar las políticas agrícolas de la OMC impuestas por EEUU y la UE y reclamamos que adopten los pasos siguientes:
1) detener cualesquier negociaciones tendientes a una mayor «liberalización» del comercio agropecuario;
2) iniciar negociaciones internacionales en un ámbito multilateral más apropiado en el que la alimentación y la agricultura no sean moneda de cambio, en torno a los siguientes temas:
a) el derecho a proteger la producción nacional de alimentos frente a las importaciones baratas, mediante la aplicación de aranceles y cuotas de importación. Proteger y desarrollar la producción alimentaria nacional para uso interno debe ser un derecho fundamental. No existe ningún «derecho a exportar», y sólo se debe permitir exportar alimentos si existe una demanda justificada y ello no implica la destrucción de la producción nacional de alimentos para el consumo local;
b) la prohibición de todas y cualquier subvención pública que se aproveche para exportar a precios por debajo del costo de producción (entre ellas los subsidios a las exportaciones, los pagos directos a través de la caja verde asociados a la contracción de los precios internos al productor, u otros instrumentos semejantes);
c) un instrumento jurídico internacional que frene la sobreproducción, especialmente mediante el control de la oferta en los países exportadores. Esto exigirá la reapertura del debate respecto a los convenios sobre productos básicos (commodity agreements) y asimismo debatir mecanismos efectivos de control de la oferta (supply management) a nivel nacional en los países exportadores.
3) dotar a la FAO y la UNCTAD con un papel más destacado para que puedan debatir estos temas incorporando las necesidades y posturas de las organizaciones de la sociedad civil y de los pequeños productores agropecuarios que reclaman una producción alimentaria sustentable y localizada (en contraste con globalizada) y de base campesina (en lugar que empresarial/industrial), con vistas al establecimiento de políticas agropecuarias y alimentarias más enérgicas en el ámbito nacional y a un mayor compromiso en estos temas de manos del Estado, y al establecimiento de reglas comerciales y convenios sobre productos básicos que protejan a los agricultores más vulnerables e impongan límites a las prácticas de las empresas transnacionales.
Firmado por: ATALC (Amigos dela Tierra América Latina y el Caribe), APVVU-India, Aras Institute-Indonesia, Asia Pacific Network on Food Sovereignty, CENSA-USA, CODEFF, COECOCeiba-Amigos de la Tierra-Costa Rica, COSADER-Cameroon, Focus on the Global South-Thailand , Food First-USA, IATP-USA, IBON-Philippines, Institute for Global Justice-Indonesia, IRDF-Philippines, MIJARC, NAWF-India, Public Citizen-USA, Oakland Institute-USA, PAN Asia-Pacific, Peoples food sovereignty Network Asia Pacific, Q-Bar-Indonesia, REDES AT-Uruguay, ROOTS for Equity-Pakistan, RRAFA-Thailand, Sintesa-Indonesia, Sobrevivencia AT-Paraguay Via Campesina-Internacional
* El G20 es un bloque de países en desarrollo del cual participan los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela.
** Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile, Perú y Bolivia son miembros asociados
