En el marco de una mesa redonda con la delegación francesa que encabezó en nuestro país Danielle Mitterrand, integrantes del Directorio de OSE anunciaron que se está renegociando el contrato con la empresa Aguas de la Costa (subsidiaria de Suez) para que se retire del país antes del 2018. La delegación de France-Libertés remarcó la importancia de la Reforma Constitucional aprobada el 31 de octubre de 2004 en Uruguay como un símbolo para el mundo, convocando a consolidar un modelo de gestión pública del agua, basado en valores democráticos y solidarios.
El jueves 22 de septiembre a la hora 17:00 tuvo lugar en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo la mesa redonda «La gestión pública del agua en Uruguay y Francia: perspectivas y desafíos». En ella participaron expertos franceses de gira por América Latina e integrantes del Directorio de OSE.En la oportunidad se expuso sobre los problemas generados por la privatización de los servicios de agua y saneamiento en París y Grenoble, y partiendo de esas experiencias se abogó por una política solidaria y democrática del agua, que considere el acceso al recurso hídrico como un derecho y no una mercancía. Por su parte el Vicepresidente de OSE, Fernando Nopitsch, adelantó que se va a negociar la finalización anticipada del contrato de Aguas de la Costa para que deje de operar en Maldonado antes del 2018, año previsto para la finalización de la concesión.
La delegación, integrada por miembros de la organización France Libertés, que preside Danielle Mitterrand, y por altos jerarcas de las empresas públicas de agua de Francia, recalaron en nuestro país desde el miércoles 21 al viernes 23 de septiembre, como parte de una gira internacional de reconocimiento del agua como bien público, promoviendo una «Coalición para una Gestión Social del Agua en América del Sur».
«Ya es hora de que estos gobiernos un poco tímidos tomen decisiones pensando en el interés general, y que el decreto del 20 de mayo de 2005 sea solo un accidente», subrayó Jean Luc Touly, presidente de la Asociación para un Contrato Mundial del Agua, además de representante del Partido Verde y dirigente sindical. El referido decreto interpretó la Reforma Constitucional del pasado 31 de octubre en Uruguay de manera tal que se habilitó la permanencia de las multinacionales del agua presentes en el departamento de Maldonado (una filial de Aguas de Bilbao -España- y la otra filial de Suez -Francia- de las cuáles se ha decidido rescindir el contrato de la empresa española por sus incumplimientos).
En esta misma línea, Anne Le Stratt, presidenta-directora general de «Eau de Paris», destacó que los conductores políticos tienen que cumplir sus responsabilidades no delegando los servicios que el Estado debe prestar a manos de empresas multinacionales.
Para instalarse en los países en desarrollo, las multinacionales del agua tuvieron la complicidad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que condicionaron sus préstamos subiendo el precio del agua y privatizando su gestión. «Si todo poder necesita su contrapoder, los electores, el pueblo, tiene que movilizarse, para comprometer a los políticos a modificar sus decisiones, como aquí en Uruguay. Fue un apoyo moral para saber que es posible», dijo Raymond Avriller, Vice-intendente de la ciudad de Grenoble y administrador de la gestión municipal de las aguas de esa ciudad.
El recorrido por América del Sur fue la materialización de un compromiso asumido en el 2004, durante el Foro Mundial Alternativo del Agua. Catherine Legna, directora de proyectos de France Libertés, dijo que su organización trabaja por una gestión social del agua tratando de incluir el derecho al agua y al saneamiento en las constituciones de los diversos países y bajo la convicción de que se trata de derechos esenciales que no pueden estar en manos de gente que sólo quiere ganar dinero.
La gestión pública del agua es una estrategia ecológica, porque permite un uso racional del agua y el saneamiento; es una política solidaria y democrática, porque toma en cuenta a la población y sus medios económicos. Es una política que considera los servicios públicos del agua como un derecho y no una mercancía.
Ilustrando acerca de la experiencia francesa, Jean Luc Touly, señaló que el resultado de los contratos de larga duración ha sido la suba del precio del agua, la falta de saneamiento y la imposibilidad de acceso para quienes viven en condiciones de pobreza: 34 mil habitantes en el mundo mueren por día en el mundo a causa de tomar agua no potable. «La vuelta a la gestión directa bajo control social aparece como la principal alternativa creíble para que todos tengamos agua. Bastaría consagrar de uno a tres por ciento del presupuesto militar mundial al agua para que todos tuvieran acceso. Pero aún no es esa la decisión de los gobiernos del planeta», sentenció.
Raymond Avriller señaló que la privatización del agua y saneamiento en París condujo a un aumento del 102% en el precio de ambos servicios desde 1989 hasta 1995, y a una disminución del mantenimiento y de las inversiones, ya que las empresas tomaban el dinero para invertir en otros dominios. En los 90 en Francia y otros países, las mismas empresas encargadas de gestionar el agua y el saneamiento tenían negocios de energía, televisión, telefonía celular, funerarias, comedores escolares, editoriales, música, cine, internet y parques de diversiones. En el caso de Grenoble, la gestión pública, por su parte, hizo tres veces más de inversión en mantenimiento a un costo que representa la mitad de lo que hubiera costado mantener la concesión a Suez.
El presidente de OSE, Carlos Colacce, finalizó señalando que en Uruguay también está planteada la dicotomía entre la gestión privada o social del agua y que este último modelo es el que se busca implementar en los asentamientos irregulares o en las zonas rurales alejadas, donde lo que el organismo busca es generar una cultura de pago, a través de una «tarifa social» que induzca a cuidar el recurso, ya que se trata de poblaciones que no están incorporadas al régimen formal.
En Maldonado
La delegación francesa se trasladó el día viernes 23 de septiembre al departamento de Maldonado, la zona de Uruguay donde se ensayó la privatización del agua y el saneamiento.
Los integrantes de France Libertés, acompañados de representantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, de la Comisión Departamental de Maldonado en Defensa del Agua y de la Vida y de la Liga de Fomento de Manantiales se entrevistaron con el Intendente Municipal, Óscar de los Santos, y con la Junta Local Autónoma de San Carlos.
Al mismo tiempo se realizó un acto frente a la sede de Aguas de la Costa, donde las organizaciones locales instalaron el «troncomóvil» del agua, un vehículo en el que se pintaron consignas como «agua sí, robo no» y «fuera Aguas de la Costa».
Con respecto al anuncio del Directorio de OSE de las negociaciones que se realizan para cancelar el contrato de Aguas de la Costa, el Intendente de Maldonado dijo saber que «OSE estaba negociando con la empresa», pero agregó que la Intendencia no ha participado, ni participará de esas negociaciones por lo menos hasta que se instale la Unidad Ejecutora que re-estatizará los servicios de agua potable y saneamiento que actualmente son gestionados por la empresa Uragua, subsidiaria de Aguas de Bilbao.
De los Santos aseguró que en una primera etapa se trabajará en «la equiparación de las tarifas» del sector concesionado con las tarifas públicas, al tiempo que se buscarán «mecanismos que permitan proteger a los sectores de más bajos ingresos».
Uruguay como símbolo
La visita de la delegación francesa había comenzado el día miércoles 21 de septiembre con la presencia de Danielle Mitterrand en la sede de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida -el local de la Federación de Funcionarios de OSE- desde donde se promovió el plebiscito del agua.
La viuda de François Miterrand (presidente de Francia entre 1981-1995), reclamó que «todas las empresas privadas que gestionan agua se vayan», agregando que en sus contactos con autoridades uruguayas transmitiría su deseo de que se cumpla la reforma constitucional del 31 de octubre de 2004, en la que se establecía que la gestión del agua y el saneamiento se realizaría «directa y exclusivamente» a través de personas jurídicas estatales.
Sobre la privatización del agua, Mitterrand afirmó que se trata de un modelo que «nació en Francia y se demostró ineficaz e injusto, porque sólo beneficia a quien puede pagar» añadiendo que «el agua debe ser para todo el mundo. La democracia sólo es válida si se practica la solidaridad».
Por su parte Jean-Luc Touly señaló que Uruguay representa «un símbolo» por haber aprobado la reforma «con un 65% de apoyo» y lamentó la promulgación del decreto gubernamental que la interpreta. «Apoyamos a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida de Uruguay» con respecto a la derogación del decreto del Poder Ejecutivo del 20 de mayo de 2005.
La presencia de la delegación de France-Libertés en Uruguay se enmarcó en una gira que recorrió además Brasil, Argentina y Bolivia.
