El pasado sábado 8 de octubre el Estado uruguayo recuperó los servicios de agua potable y saneamiento del departamento de Maldonado que habían sido concesionados a la empresa URAGUA (subsidiaria de la española Aguas de Bilbao). De esta manera se comienza a transitar hacia el cumplimiento de la Reforma Constitucional que fue aprobada el 31 de octubre de 2004 con el apoyo del 65% de la ciudadanía.
En el marco de un acto sumamente emotivo, una importante delegación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), impulsora del plebiscito a través del cual se estableció que la gestión del agua debe ser realizada por el Estado, se trasladó al departamento de Maldonado para estar presente durante la re-estatización de la empresa, reafirmando su posición de que todas las corporaciones del agua presentes en el país deben retirarse.
Al este del arroyo de Maldonado aún permanece privatizado el servicio de agua potable y saneamiento a manos de la multinacional francesa Suez, a través de su subsidiaria Aguas de la Costa.Autoridades nacionales presentes en Maldonado durante la firma del Acta de entrega de URAGUA al Estado uruguayo aseguraron que con la empresa Aguas de la Costa se está negociando una salida similar a la acordada con URAGUA.
Para la firma del Acta de entrega se hicieron presentes en la ex-sede de URAGUA el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Carlos Colacce, Fernando Nopistch y Daoiz Uriarte, así como el Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, acompañados por algunos legisladores del gobierno.
Adriana Marquisio, integrante de la CNDAV, aseguró que «hoy el gran debate es el poder del capital versus los derechos de los ciudadanos” agregando que la re-estatización del servicio de agua y saneamiento en Maldonado es “el resumen de una gran lucha que dio el pueblo uruguayo, y en este momento que se debate justamente pasar al derecho privado nuestras empresas públicas, nuestro patrimonio, éste es un hecho histórico».
“Un triunfo del pueblo que se organizó y luchó”
El acto que se realizó fuera del ex-local de URAGUA contó con la participación de la delegación de la CNDAV y, especialmente, con representantes de las diferentes filiales de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) de practicamente todo el país.
Simbólicamente se entonó el Himno Nacional bajo una mansa llovizna que acompañó todo el acto. Cinco años atrás algunos de esos trabajadores también habían cantado el Himno, pero en un tono de resignación y tristeza, cuando entregaron el servicio estatal a la empresa privada.
El clima del acto fue altamente emotivo y simbólico. Antes de comenzar la parte oratoria, integrantes de la CNDAV cubrían el exterior del local con banderas nacionales, estandartes del sindicato, de la CNDAV o de la propia empresa estatal al tiempo que se descolgaban los carteles que identificaban a la empresa privada.
La oratoria estuvo a cargo de Carlos Sosa y Pablo Fagúndez a nombre de FFOSE, Luis Puig en representación del PIT-CNT (la central única de trabajadores), Luis García, por la Liga de Fomento de Manantiales, Octavio Silvera de la Comisión en Defensa del Agua de la Costa de Oro y Pando, y María Selva Ortiz de REDES – Amigos de la Tierra.
Octavio Silvera realizó un repaso histórico de las diferentes instancias que marcaron la lucha en defensa del agua y en pos de la Reforma Constitucional, haciendo un enfático llamado a la unidad de las organizaciones que integran la CNDAV.
Éste es “un triunfo del pueblo que se organizó y luchó” sostuvo Ortiz, agregando que “todas estas corporaciones se tienen que ir del país”. “Que se vaya Aguas de la Costa y que se vayan todas las corporaciones que sólo buscan el lucro con nuestros recursos naturales” sentenció luego la militante ambientalista.
Ortiz también consideró que éste es un inicio de la aplicación de la Reforma Constitucional a la que consideró “una gran herramienta para evitar la instalación de nuevas corporaciones, como Botnia y Ence”, empresas finlandesa y española, respectivamente, que pretenden construir sendas plantas de celulosa sobre el Río Uruguay.
La concesión a la empresa URAGUA funciona desde el año 2000 y desde entonces ha registrado una serie de inconvenientes. Desde el punto de vista social excluyó a algunos sectores del acceso al agua potable y eliminó canillas públicas en barrios carenciados. La calidad del servicio se degradó considerablemente con respecto al que prestaba la empresa estatal. Tanto, que en más de una oportunidad los organismos de contralor recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que no presentaba condiciones de potabilidad.
Desde el punto de vista de las obras previstas la empresa privada incumplió el cronograma pautado y se atrasó en el pago del canon al Estado.
La resolución del directorio de OSE que habilita la re-estatización del servicio indica que el acuerdo al que llegaron la empresa pública y la privada fue realizado para «evitar juicios eventuales», aclarando que ambas partes renuncian «a todas las acciones administrativas y judiciales» y que «URAGUA S.A. Libera al Estado Uruguayo de toda responsabilidad».
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