Finalmente la multinacional del agua Suez se retira de Uruguay, donde se encontraba concesionando servicios de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado a través de su subsidiaria Aguas de Barcelona (AgBar). Para su retiro el gobierno uruguayo procedió a comprar la participación accionaria de la empresa francesa en la uruguaya Aguas de la Costa, al tiempo que anuncia la creación de una empresa mixta (público-privada) para continuar la prestación del servicio. Según entiende la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, promotora del plebiscito de 2004, estas acciones contradicen las disposiciones constitucionales.
Luego de varios meses de negociaciones, el gobierno uruguayo compró a Aguas de Barcelona (subsidiaria de la francesa Suez) todas sus acciones en Aguas de la Costa, empresa privada que gestionaba los servicios de agua potable y saneamiento de una región del departamento de Maldonado desde 1993.
AgBar entró en Aguas de la Costa en diciembre de 1997, controlando la operativa de la empresa. El resto del capital accionario está repartido en un 30% para S.T.A. Ingenieros y un 10% para Benencio S.A..La negociación concluyó con el pago de 3,4 millones de dólares a la multinacional por el 60% de Aguas de la Costa. El resto de la empresa corresponde a capitales uruguayos que no cedieron en la negociación con el gobierno.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) que promovió la reforma constitucional de 2004 por la que se prohibió la privatización del agua, considera que la salida que encontró el gobierno contradice la nueva Constitución.
«Las medidas planteadas son inconstitucionales» afirmó María Selva Ortiz, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay e integrante de la CNDAV. «No sólo en lo que tiene que ver con la negociación para pagarle a Suez, sino con la salida legal que se plantea para continuar prestando los servicios».
Precisamente, autoridades uruguayas han anunciado que promoverán una ley que habilite el funcionamiento de Aguas de la Costa con los socios privados uruguayos en asociación con el gobierno. Esta modalidad «mixta», «público-privado», no está dentro de la posibilidad de los artículos constitucionales reformados en 2004, en los cuales se planteaba que la gestión del agua debía ser realizada «directa y exclusivamente» por figuras público-estatales.
A pesar de que el gobierno uruguayo emitió un decreto en mayo de 2005 por el cual habilitaba la permanencia de las empresas privadas de agua -también en clara contradicción con la disposición constitucional- la propia Aguas de Barcelona reconoció en un comunicado de prensa que «La marcha de Agbar de Uruguay se produce después de un cambio regulatorio en el país, que llevó a empresas estatales a asumir la gestión de los servicios de agua y saneamiento».
También es cierto que el retiro de Uruguay se realiza en el marco de un repliegue de Suez en la región. La empresa se ha visto obligada a vender alguna de sus concesiones en Brasil, a enfrentarse a una dura situación en Argentina y a una fuerte resistencia en Bolivia, donde uno de los luchadores sociales que más ha combatido las políticas de Suez en El Alto, La Paz, es el actual Ministro de Agua.
En Uruguay la operativa de Suez generó fuerte rechazo de la población local por el desmesurado aumento en las tarifas, por carencias en la prestación del servicio y por las graves consecuencias ambientales que registró durante su gestión (la desecación de la laguna que utilizaba como fuente de extracción de agua y por diversas roturas y vertidos de efluentes).
Un año después de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, en octubre de 2005, el gobierno uruguayo había rescindido el contrato de la otra empresa privada internacional que se encontraba en el mismo departamento de Maldonado gestionando servicios de agua (Uragua, subsidiaria de la española Aguas de Bilbao) con resultados similares a los de Aguas de la Costa.
A pesar de la reestatización de los servicios de agua en Uruguay aún continúa pendiente la discusión de los contenidos de la reforma constitucional en materia de participación y control social, así como la implementación de políticas públicas que aseguren un manejo sustentable y equitativo de los recursos hídricos.
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