Los impactos negativos de las plantas de celulosa en América del Sur fueron el centro de atención esta semana durante un encuentro alternativo entre Europa y América Latina realizado en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, en Viena. En este encuentro, denominado «Enlazando Alternativas 2», se presentaron algunos casos de violación a los derechos humanos por las corporaciones vinculadas a tales actividades.
Entre las consecuencias del este modelo se señaló la fuerte concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes corporaciones transnacionales, con el consecuente desplazamiento de poblaciones campesinas, de trabajadores rurales y agricultores familiares.El monocultivo forestal para la producción de pasta de celulosa ha provocado, además, cambios radicales del patrón productivo rural: estos países han pasado de ser productores de alimentos a convertirse en productores de madera para la producción de pasta de celulosa (proceso más contaminante) con destino a la fabricación de papel en los países del norte (básicamente España y Finlandia). La finalidad de todo este proceso es abastecer el consumo de papel de los países desarrollados.
Este modelo ha generado, asimismo, graves efectos ambientales, como en el caso de Valdivia, en Chile, donde los efluentes de una planta de celulosa han implicado una amenaza a la salud de la población (graves problemas respiratorios, contaminación del aire y el agua) y puesto en jaque la existencia de un santuario natural a nivel mundial, como es la reserva de cisnes de cuello negro.1
En Uruguay: subsidios ambientales y el «papel» de las IFI
En el caso uruguayo, la instalación de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay ha generado un fuerte conflicto con Argentina. Sin embargo, a pesar que el desarrollo del mismo ha alcanzado niveles inesperados, las empresas hicieron oídos sordos a los pedidos de ambos gobiernos poniendo por encima la existencia de Tratados de Protección de Inversiones entre Uruguay con España (en el caso de ENCE) y Finlandia (en el caso de Botnia), para consagrar la defensa de sus intereses. La amenaza que las empresas han esgrimido es la de llevar al Estado uruguayo a un juicio ante el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial.2
Ante la demanda inicial del gobierno argentino y de organizaciones uruguayas de que se realizara un estudio de Impacto Ambiental acumulativo de ambas plantas, fue la Corporación Financiera Internacional (CFI) quién contrató el estudio. Ocurre que la CFI del Banco Mundial será una de las socias de las empresas en estos emprendimientos .3
Por otra parte, la Unión Europea, a través de sus representantes comerciales, ha jugado el rol de defender las empresas europeas, asegurando que son «víctimas inocentes» de un conflicto entre los gobiernos de Argentina y Uruguay .4
Investigadores de Uruguay Sustentable (programa coordinado por REDES-Amigos de la Tierra Uruguay) han planteado que, además de recibir subsidios económicos, las corporaciones transnacionales de la forestación han recibido, en Uruguay, fuertes subsidios sociales y ambientales: «este aspecto que refleja ausencia de un ordenamiento ambiental del territorio basado en principios de sustentabilidad, evidencia otra modalidad de subsidios que es la concerniente a las ventajas ambientales y geográficas para la introducción de los emprendimientos forestales, como son la cercanía a los principales centros de consumo y de exportación (por abaratamiento de fletes) y la alta capacidad productiva de los suelos más fértiles del país. Y estas ventajas comparativas, en los hechos, resulta más rentable que el conjunto de subsidios económicos propuestos».5
Organizaciones de Derechos Humanos han demostrado que el accionar de Botnia y ENCE en Uruguay ha puesto en juego derechos humanos, como el derecho a la salud y el derecho al trabajo, y obligaciones del Estado, como la de producir y difundir información y la de promover la participación, así como la obligación de proteger los derechos frente a la acción de terceros. 6
En Brasil: exclusión social y criminalización de la protesta en el «desierto verde»
La compañía Aracruz Celulosa, socia de Stora Enso (Finlandia) funciona en base a préstamos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.
La presencia de Aracruz Celolusa al norte de Espíritu Santo, ha significado la reducción de 10.000 a 1.500 familias afincadas en la zona. Allí, Aracruz ha invadido 11.000 hectáreas de territorio indígena, afectando seriamente el acceso al agua y los alimentos, además de la tierra .7
Recientemente, «Aracruz Celulosa, con apoyo de la policía federal del gobierno de Lula, atropelló con tractores dos aldeas de los indígenas tupinikim y guaraníes en Espírito Santo, dejando varios heridos y sin hogar a 100 familias, al parecer, para darle un toque «práctico» al litigio abierto por los indígenas sobre esa zona, en el cual la propia Fundación Nacional del Indio (órgano oficial) les reconoce la razón» .8
Mientras tanto, recientemente en el mes de marzo, cerca de 2 mil mujeres de Vía Campesina ocuparon una sede de la empresa Aracruz Celulosa, en Barra do Ribeiro (estado de Río Grande do Sul). La movilización tuvo por objetivo denunciar las consecuencias sociales y ambientales del avance de la invasión del desierto verde creado por el monocultivo de eucaliptos. Como resultado de la acción, 37 mujeres y hombres de Via Campesina han sido acusados por la empresa y están en un proceso legal que puede conducirlos a la cárcel.
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1- Cuenca, Lucio, «Celulosa Arauco en Valdivia. El desastre ambiental en el río Cruces, resultado del modelo forestal chileno» EN: Ortiz, et. al. «Entre el Desierto Verde y el País Productivo» Edición REDES-AT y Casa Bertolt Brecht, Montevideo, 2005.
2- «Multinacional le «recuerda» a gobierno uruguayo que podría aplicar cláusulas del Tratado de Inversiones para exigir resarcimientos económicos», RadioMundoReal, 2006
3- Corporación Financiera Internacional, «Plantas de Celulosa en Uruguay – Estudios de Impacto Acumulativo», 2006.
4- «UE advierte que peligran inversiones», diario La Nación, 22 de abril de 2006, página 5, Buenos Aires. Acceso: http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=799599
5- Achkar, Marcel; Domínguez, Ana y Pesce, Fernando; «Los cultivos forestales en Uruguay. Subsidios para la destrucción de paisajes». EN: Ortiz, et. al. «Entre el Desierto Verde y el País Productivo». Edición REDES-AT- Casa Bertolt Brecht, Montevideo, 2005.
6- Willat, Fernando, «Instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos: un enfoque de derechos», publicado en el «Informe Derechos Humanos en Uruguay «, Montevideo, SERPAJ (Serivicio Paz y Justicia) Uruguay, 2005.
7- Meirelles, Daniela, «Papel para el Norte, hiper consumo de agua enel Sur. Una hidrogenealogía de las fábricas de celulosa de Aracruz». EN: Ortiz, et. al. «Entre el Desierto Verde y el País Productivo». Edición de REDES-AT y Casa Bertolt Brecht, Montevideo, 2005.
8- Ribeiro, Silvia, «Rompiendo el silencio del desierto verde», La Jornada, México, 22 de abril de 2006, acceso: http://www.jornada.unam.mx/2006/04/22/a04a1cie.php
