«Por un modelo público de agua…» no es sólo un texto, sino el producto de un proceso social y político transnacional, surgido en el seno del movimiento de alterglobalización. «Es una imagen de lo posible», explicó Terhorst yendo a la presentación del libro, como primera instancia de la mesa debate sobre «Modelo público de agua y acuerdos comerciales» organizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y REDES-Amigos de la Tierra.
Luego de esta presentación Guillermo Duchini, asesor legal de la CNDAV, y Sebastián Valdomir, de REDES-AT, se refirieron a cómo influiría la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Estados Unidos en aspectos como la autonomía del país, en la gestión de recursos naturales como el agua y en la integración latinoamericana. El enfoque buscó, además, insertar el debate en el contexto del mundo y la región.Cambio de paradigma
En su presentación del libro «Por un modelo público del agua…», Terhorst dijo además, que éste significó un reenfoque, a partir de la movilización ciudadana, de la política existente, situada en un contexto histórico social y político fuertemente negativo a nivel mundial para el servicio público del agua.
La consolidación del modelo neoliberal en los ’90 había producido dos efectos contra los que había que reposicionarse: la falta de mejora en los servicios de agua y saneamiento pero, por sobre todo, el desinterés por generar una discusión acerca de cómo mejorarlo. El libro emerge en este contexto planteando que las alternativas a la privatización existen. El corazón del mismo son, justamente, estas experiencias concretas, análisis de casos exitosos de recuperación de los servicios de agua y saneamiento por parte de públicos, procesos en progreso y luchas que se tejen en ese sentido, para que los pueblos puedan gestionar su acceso al agua potable.
El libro se constituyó en sí mismo en una herramienta de socialización e intercambio de experiencias, con la finalidad de construir también conexiones en ámbitos nacionales e internacionales. En este camino «Por un modelo público del agua…» se está traduciendo al chino y a tres lenguas de la India, debido a la propia solicitud de los grupos sindicales de esos países.
Como ejemplo exitoso, Philip Terhorst citó lo ocurrido en Recife (Estado de Pernambuco, Brasil) donde la mala gestión del recurso, en manos de un ente público, planteaba como única solución posible la privatización. La alcaldía, en lugar de privatizar, conformó durante siete meses un consejo a partir del cual ciudadanos y representantes del gobierno se sentaron a discutir sobre el futuro de la empresa diseñando un proyecto a 20 años que logró revertir el proceso de privatización.
La reversión o prevención del proceso de privatización es el primer paso en estos casos. Luego dijo Terhorst, reclamar el derecho humano al agua y un servicio público democrático que funcione para la sociedad y la naturaleza. Es sobre esta última etapa que aún queda por construir aquí en Uruguay, «organizarnos para ver cómo mejorar el servicio público». También falta el marco financiero para promover el accionar público en el sector.
En cuanto a la vinculación con los temas de comercio, el investigador destacó que cualquier tratado de libre comercio lo que hace es poner en jaque la autonomía política, y esta es indispensable para encarar cualquier proceso de cambio.
Razones contra el Libre Comercio
Sobre los acuerdos de libre comercio y su implicancia para recursos como el agua, Duchini delineó el contexto mundial, imprescindible para comprender la inserción actual de la economía uruguaya en el mundo.
Señaló que se puede discutir sobre acuerdos de comercialización, respetando siempre el medio ambiente y los derechos laborales, pero que el TLC no es el formato de acuerdo comercial que se debiera perseguir, y ello por varios motivos.
Por un lado, afirmó, no existe comprobación de que al firmar un TLC aumenten las exportaciones. Un ejemplo es el caso de Chile, que aumentó sus exportaciones con China a pesar de no tener acuerdo comercial con este país, y no lo hizo con Estados Unidos, con quien sí tiene un TLC. Y agregó, para el caso de Finlandia -tan mentado en estos días a propósito de las fábricas de celulosa-, que el milagro finlandés se hizo teniendo como actor principal al Estado, y hubiera sido inalcanzable si Finlandia tuviera un Acuerdo de Libre Comercio.
Por otra parte, cuando un país como Uruguay firma un acuerdo de este tipo existen otros vinculados que, a veces con una dinámica propia, llevan a alterar normas previamente estipuladas, e incluso, aún no teniendo jerarquía de norma constitucional, pueden llevar a modificaciones en la Constitución, como ocurrió en México, donde se tuvo que liberalizar algunos sectores antes privativos del Estado.
Otro argumento en contra de la firma de un Tratado de Libre Comercio es la equiparación de la empresa extranjera con una nacional, lo cual le da todo un marco de garantías que le posibilitan luego ejercer presión ante mecanismos como el Banco Mundial.
Libre comercio e implicancias para la integración
Valdomir centró su mirada en la región y en el proceso de reconversión que ella atraviesa analizando críticamente cómo incidiría un Tratado de Libre Comercio en la integración regional. Un TLC, «porque hoy no podemos decir que lo que se está negociando no sea un TLC, no hay un nombre que se le pueda adjudicar a la negociación en curso», llevaría a un quiebre en el bloque MERCOSUR, frente al cual los países chicos quedarían con una pertenencia exigua. Además Uruguay debería transformar necesariamente su situación, pasando de ser un socio pleno a constituirse en un Estado asociado, lo cual implicaría una serie de consecuencias económicas. Valdomir dijo que así Estados Unidos «perforaría el blindaje» del bloque, como en su momento lo hizo con la Comunidad Andina de Naciones.
Además agregó que un Tratado de Libre Comercio recorta la capacidad de aplicar políticas estratégicas en materia de comercio por parte de nuestro país y que existen otros formatos de acuerdo comercial que son más beneficiosos en todos los sentidos. Un ejemplo de ello son los TCP (Tratados de Comercio de los Pueblos) La diferencia de los TCP con respecto a los TLC es que el país más grande debe dar más que el más chico. Esto implica que se puede exigir una apertura de mercado mayor a la nuestra, porque sino sigue ocurriendo que lo que viene de Estados Unidos sigue siendo más que lo que va para allí; «no se puede ser totalmente igualitario en una negociación tan asimétrica».
Otro elemento diferencial es que no todo se negocia, con lo cual los estados puede reservarse para sí sectores estratégicos. Si Uruguay firma un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos éste podría pretender incorporar el servicio de agua incluso a pesar de la reforma constitucional aprobada, «no podemos decir que Estados Unidos no vaya a presionar para incluir este recurso». Los antecedentes para esta afirmación surgen de cómo se han procesado acuerdos similares en otros países con respecto al agua.
También se realizarían acuerdos en materia de propiedad intelectual, algo que Estados Unidos ha exigido en reiteradas ocasiones, y en el sector farmacéutico, un sector claramente controversial.
Oponerse a un Tratado de Libre Comercio no supone el facilismo que muchos han aducido de no querer vender más carne; oponerse a un TLC es oponerse a cuestiones que tienen su sustento teórico y práctico, y sí, es también oponerse a comerciar con un Estado genocida.
Para finalizar subrayó, con relación a la variable regional en la que centró su discurso, la necesidad de recuperar la dimensión de la integración: pensar en protocolos ambientales compartidos diferentes a los guiados por la óptica neoliberal; trazar una cooperación productiva, establecer infraestructuras comunes, entre otras cosas. » Adquiramos una camiseta latinoamericanista». Esto presupone reflexionar sobre los modelos de desarrollo que sostienen las izquierdas políticas de la región, que en una mirada somera aparecían como sola garantía de un futuro.
