Ante la concreción de la medida del Poder Ejecutivo de militarizar el área circundante a la construcción de la planta de celulosa de la empresa BOTNIA, REDES-Amigos de la Tierra se dirige a la opinión pública para expresar su rotunda oposición a tal medida y para alertar sobre potenciales medidas futuras tendientes a proteger los intereses de la multinacional.
Días atrás se dio a conocer un decreto del Ejecutivo a través del cual se le encarga al Ejército nacional la custodia perimetral del predio de Botnia en Fray Bentos. Una decisión de esta índole por parte del gobierno del Frente Amplio cuestiona aún más este tipo de inversión que, desde nuestro punto de vista, sólo viene a consolidar el modelo forestal impuesto en nuestro país por los anteriores gobiernos en connivencia con el Banco Mundial y las multinacionales. Se trata de una -mal llamada- «inversión» que ya ha recibido todo tipo de beneficios de parte de los sucesivos gobiernos, tales como subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, zonas francas y puertos francos.Este emprendimiento ha generado un conflicto binacional que ha puesto en riesgo la integración regional y, tal como ha sido tratado, ha enfatizando los nacionalismos desviando el eje del debate. Ya nadie habla del modelo forestal que se continúa consolidando -cuyos impactos son bien conocidos por quienes los sufren en el interior del país-, sino que la opinión pública manipulada por los medios de comunicación y por las declaraciones de políticos de todos los partidos, percibe este tema como una cuestión de defensa de los intereses de la nación contra los malintencionados vecinos que se oponen al «desarrollo» de nuestro país.
El debate se ha ido así desvirtuando y por tanto se ha dejado de lado lo que debería ser una discusión amplia y participativa, para que la sociedad uruguaya tenga la oportunidad de conocer a fondo qué proyecto tienen para nuestro país las multinacionales que vienen a imponernos sus monocultivos a gran escala al no aceptárseles sus emprendimientos en sus países de origen. Sin duda este corrimiento del eje de debate no beneficia a los ciudadanos.
Abandonado el debate sólo queda la «convicción» de que las plantas serán lo mejor para el desarrollo de nuestro país y por tanto el viaje del gobierno a Washington para presionar al Banco Mundial a fin de que apruebe el préstamo a Botnia, y ahora la decisión de utilizar un decreto -que además se fundamenta en disposiciones establecidas durante la dictadura, ya que la medida se basa jurídicamente en el decreto 574, dictado el 12 de julio de 1974, en plena dictadura, y convalidado en marzo de 1985-, para defender con las fuerzas militares la planta de celulosa de hipotéticos ataques, todo aparece como una defensa de nuestra nación.
No nos sorprende que estas medidas respondan al Acuerdo de Inversiones firmado con el gobierno Finlandés, que establece que «Cada Parte Contratante acordará siempre, para las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante, un tratamiento justo y equitativo y una total y constante protección y seguridad». Pero la pregunta es: ¿qué soberanía tenemos sobre nuestro territorio, y hasta que límites se piensa llegar para impedir la expresión de los que difieren con este modelo de desarrollo económico?. Ese mismo acuerdo atará de manos al gobierno a la hora de exigirle a Botnia requisitos de desempeño tendientes a una adecuada gestión ambiental. Porque los acuerdos de inversiones, como el firmado con Finlandia, otorgan todo tipo de derechos a las multinacionales, incluso el derecho de llevar a juicio a los estados de los países donde invierten, ante tribunales internacionales especiales, como el CIADI que funciona en la égida del BM.
Cada día que pasa parece alejarse más la posibilidad de recorrer caminos para un diálogo profundo, abierto y participativo entre los distintos actores sociales, políticos y estatales de nuestro país, que permita que las distintas posiciones se confronten de cara a una ciudadanía que debe ser partícipe en la construcción del modelo de país. No se construye el futuro desde imposiciones gubernamentales o empresariales que buscan el éxito económico en el corto plazo.
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María Selva Ortiz
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