El presidente boliviano, Evo Morales, entregó este viernes en Nueva York al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebró en Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 de abril. El objetivo es que las resoluciones adoptadas en Cochabamba por parte de los gobiernos, movimientos, organizaciones y redes sociales presentes en la Conferencia sean tenidas en cuenta en las negociaciones oficiales de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Una comitiva de representantes de la sociedad civil de varias partes del mundo, en la que se encuentra el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, Nnimmo Bassey, acompaña a Morales a la reunión con Ban Ki-moon.
El primer presidente indígena de Bolivia también está acompañado en Nueva York por Asad Rehman, de Amigos de la Tierra Reino Unido, los dirigentes de la Vía Campesina Yook Guem Soon (Corea del Sur) y Tomás Balduino (Brasil) y la presidenta de la Red del Tercer Mundo Meena Raman (Malasia), entre varios otros.
Unas 35.000 personas de más de 140 países asistieron a la conferencia de Cochabamba, que ofreció a gobiernos y grupos de la sociedad civil una oportunidad excepcional para trabajar juntos en el combate al cambio climático. Decenas de gobiernos estuvieron también allí representados. Una delegación con varios integrantes de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay participó en la Conferencia y en las sesiones de los Grupos de Trabajo, y finalmente en la elaboración del “Acuerdo de los Pueblos”*.
El gobierno boliviano ya había enviado el acuerdo al organismo de la ONU encargado de las negociaciones multilaterales sobre cambio climático, como aporte oficial a los debates internacionales. El documento subraya que el “capitalismo es la principal causa estructural del cambio climático”, rechaza el “Entendimiento de Copenhague” por antidemocrático y remarca que los países industrializados tienen una deuda climática que deben pagar con transferencia de tecnología y de fondos al Sur global.
Los movimientos sociales -en sintonía con el gobierno de Bolivia- demandan también la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática para prevenir, juzgar y sancionar a quienes provoquen y agraven el cambio climático con su accionar deliberado -especialmente las grandes corporaciones transnacionales-, e impulsan un “Referéndum mundial”, para consultar a los pueblos sobre varias cuestiones relacionadas a esta crisis climática.
Los participantes en la Conferencia de Cochabamba exigen que los estados desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones para el segundo Período del Protocolo de Kioto (2013-2017). Señalan que las reducciones deben ser de al menos 50 por ciento, con referencia a las emisiones de 1990. El objetivo es limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C. Con respecto a este punto, los movimientos sociales deploran el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto, único instrumento legalmente vinculante para la reducción de las emisiones de los países del Norte.
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