Durante 2010 el pueblo uruguayo nuevamente se enfrentó a una de las principales herramientas que cuentan las empresas transnacionales para intentar amoldar las políticas nacionales a sus intereses de lucro. A principios de 2010 la empresa tabacalera Philips Morris demandó a Uruguay ante el Tribunal de Resolución de Controversias del Banco Mundial, el CIADI. Además del CIADI, nuevamente los tratados de protección de inversiones demuestran que solamente benefician a las empresas y no al proyecto de país productivo con justicia social que los uruguayos y uruguayas nos merecemos.
Los 28 Acuerdos de Protección de Inversiones que tiene vigente Uruguay, y la participación en el CIADI, hacen que las empresas transnacionales tengan a su alcance un conjunto de posibilidades muy claras para intentar adecuar las políticas públicas a sus intereses particulares. Y también estos acuerdos le permiten intentar torcer disposiciones gubernamentales ya adoptadas, mediante la amenaza de la demanda o la demanda propiamente dicha. Esto de hecho es lo que viene ocurriendo con varios países en desarrollo y de no cambiar este tipo de condiciones, lo mas seguro es que siga ocurriendo.
Uruguay firmó el Convenio del CIADI el 28 de mayo de 1992, lo ratificó en agosto de 2000 y entró en vigor un mes después. Las actividades de este Centro son poco conocidas, a pesar de que las decisiones adoptadas por sus tribunales están cambiando el curso de las relaciones económicas mundiales.
Aunque la mencionada empresa es estadounidense, se ampara en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones existente entre Uruguay y Suiza, porque es en este país europeo que tiene su casa matriz.
Esta nueva publicación de REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable intenta brindar claves de análisis desde el punto de vista jurídico y político sobre como afectan a la soberanía de nuestro país estos instrumentos neoliberales como el CIADI y los Tratados de Protección de Inversiones.
