En Uruguay existen tierras propiedad del Estado que, en teoría, tienen por objetivo fomentar el poblamiento de la campaña. Sin embargo, tanto explícita como encubiertamente esos campos son explotados por empresas del agronegocio sojero y forestal, según testimonio de un productor familiar del litoraleño departamento de Paysandú.
Se trata de Carlos Ariel Santos Silveira, quien trabaja en una escuela pública pero además produce horticultura orgánica y se dedica a la cría de aves, aunque la falta de tierras lo han hecho deshacerse de sus animales que constituían su pequeño capital.
El Instituto Nacional de Colonización, encargado en Uruguay de distribuir tierras entre productores familiares sin tierra ha rechazado el proyecto de Carlos y su familia para hacerse de un campo que se encontraba disponible en las inmediaciones de la ciudad de Guichón.
“Hace diez años que soy aspirante a colono y en 2001 hice un proyecto a dos años para acceder a una tierra donde poder ampliar mis invernáculos y criar animales. Incluso ofrecía pagar la renta por adelantado. No sé qué pasa en nuestro país: a mí me rechazaron ese proyecto y en cambio brindaron tierras a gente que no es de acá y produce soja. No estoy en contra de quienes producen, sino de aquellos que debiendo controlar no lo hacen”, comentó Carlos a Radio Mundo Real.
Aunque la legislación que creó el Instituto Nacional de Colonización prohíbe explícitamente el subarriendo de predios pertenecientes a la entidad estatal, Carlos relata que muchos de estos “colonos” lo hacen y por ende reciben una importante renta sin trabajar ni residir en el campo.
La vía que une la ciudad de Paysandú con Guichón lleva el nombre de “Camino de los Charrúas”. Sin embargo, el paisaje dista mucho de recordar el que conociera dicho pueblo originario al encontrarse literalmente colmado de cultivos forestales de eucalipto. Empresas transnacionales como Stora Enso y Arauco, además de inversiones de fondos de pensión de entidades uruguayas ocupan en esa región extensas parcelas con monocultivos de eucalipto o pino que entre otros efectos han hecho propagar depredadores naturales como el chancho jabalí, diezmando los rebaños ovinos de la zona. Otro tanto se hacen sentir al haberse dificultado el acceso al agua para consumo humano y animal, señalan los testimonios de los pobladores.
Asimismo, los habitantes de Guichón han sufrido en carne propia los efectos de los “tratamientos” sobre esas miles de hectáreas forestadas, muchos de los cuales se realizan vía aérea a través de avionetas fumigadoras. En 2010, media centena de animales propiedad de pequeños ganaderos murieron al averiarse una de esas aeronaves y derramar contenido tóxico sobre pasturas y aguadas. La empresa responsable del “accidente” lo ocultó y sigue sin hacerse cargo de las indemnizaciones a los productores, recuerdan los pobladores.
Carlos insiste: “yo quería trabajar en forma sustentable y no me dan tierra. La soja envenena nuestros campos y a ellos sí les dan tierras. Como uruguayo que me siento, defensor de mi tierra, me pregunto ¿qué le dejamos para nuestros hijos? La soja es un paquete y nadie lo controla”.
Este productor junto a otros aspirantes a contar con tierras han citado a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización para transmitirles directamente esta situación. “Acá cerca el pueblo de Algorta está en medio de los montes (forestales) y en caso de un incendio puede pasar cualquier catástrofe. Estamos viendo lo que pasa en la Argentina, donde se han quemado miles de hectáreas. ¿Qué puede pasar con la gente que vive en esos pueblos?”, se interroga Carlos.
Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 12 de septiembre de 2011. La puede leer y escuchar en: http://radiomundoreal.fm/Por-un-palmo-de-tierra
