Posicionamiento de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay frente a la reciente decisión del CIADI
La decisión del tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano del Banco Mundial, de que tiene jurisdicción para decidir en la demanda que la tabacalera estadounidense Philip Morris, con base operativa en Suiza, le inició al Estado uruguayo, demuestra una vez más el sesgo intrínsecamente pro-empresarial y anti-popular del sistema de arbitraje de inversiones en general y del propio CIADI en particular. La resolución constituye claramente una derrota para Uruguay, una amenaza para la salud de nuestra población y un gran triunfo de la transnacional.
A pesar de la sólida argumentación de la defensa uruguaya, el tribunal del CIADI falló en contra de nuestro país y decidió darle curso a la demanda de Philip Morris. Así hizo caso omiso del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Suiza y Uruguay, en el cual se amparó la tabacalera para iniciar su demanda. Ese tratado estipula inequívocamente en su Artículo 2 que las medidas de salud pública no podrán ser impugnadas por los inversionistas como una expropiación indirecta de sus inversiones.
En su decisión, el tribunal hizo además caso omiso de que la tabacalera tendría que haber buscado un arreglo amistoso durante seis meses y luego tramitado su demanda durante doce meses en los tribunales nacionales de Uruguay, antes de elevarla a la consideración de un tribunal internacional de arbitraje de inversiones. Así lo estipula claramente el TBI de Suiza y Uruguay.
Finalmente, el tribunal desestimó asimismo que los negocios de Philip Morris en Uruguay no deberían calificar como una inversión protegible según los términos del TBI de Suiza y Uruguay, porque no han contribuido al desarrollo del país receptor (en este caso Uruguay), tal y como lo estipula el convenio del CIADI. Por el contrario, le han significado a Uruguay un costo multimillonario en dólares por gastos de salud asociados a enfermedades derivadas del tabaquismo.
Esos deberían haber sido motivos suficientes para que el tribunal de arbitraje no diera lugar a la demanda de la tabacalera contra Uruguay. Y en eso centró su estrategia y cifró sus esperanzas el gobierno uruguayo y sus abogados, confiando indebidamente en la imparcialidad de un tribunal de arbitraje administrado por el Banco Mundial. Además, se desoyeron las críticas en tal sentido de la sociedad civil mundial y de otros gobiernos progresistas de la región como el de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que en los últimos años ya decidieron no someterse a los tribunales de arbitraje del CIADI.
Mientras Philip Morris se envalentona diciendo con razón que la decisión del CIADI abre las puertas para que ese tribunal revise e impugne las políticas de control del tabaquismo establecidas por Uruguay bajo la administración del oncólogo Tabaré Vázquez, el gobierno uruguayo debe reconocer sus errores en la conducción de este caso. Necesita asimismo retomar el curso inicial que se había planteado el equipo interministerial de buscar el apoyo de campañas internacionales de la sociedad civil. Tiene también que buscar alianzas con los gobiernos latinoamericanos que empiezan a cuestionar la legitimidad de los tribunales de arbitraje para dirimir controversias en las que están en juego políticas de salud y otras de interés público, adoptadas democrática y soberanamente. Además, en este caso esas políticas se aplicaron en cumplimiento de compromisos internacionales de salud pública.
Philip Morris viene de perder juicios similares frente a Australia y Noruega en los tribunales nacionales de esos países. Pero con esta resolución del CIADI, la tabacalera se sentirá animada a seguir con su intimidación a otros países que quieran proteger la salud de su población. Es un triunfo enorme de la empresa sobre Uruguay y el Convenio Marco sobre Control del Tabaco (CMCT), único convenio multilateral vinculante en materia de salud pública en la órbita de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay (REDES – AT) concuerda con la opinión oficial del gobierno uruguayo, de que “los motivos de forma que presentó Uruguay (a través del estudio de abogados estadounidense Foley&Hoag) para que el CIADI desoyera el caso eran fuertes”, según información publicada por la agencia EFE. Sin embargo, esos motivos fueron insuficientes, como venimos diciendo hace tiempo(1), y como la decisión del tribunal lo demuestra. Para enfrentar la siguiente etapa de este proceso y la amenaza creciente de demandas de este tipo contra el Estado uruguayo amparadas en los TBI suscritos sobre todo en la década de 1990 por gobiernos de corte neoliberal, y en el contexto de un crecimiento exponencial de la inversión extranjera en el país, es necesario admitir esta derrota y los errores cometidos, en lugar de tratar de disfrazarla como “precalentamiento”.
Estrategia de Silencio
Consideramos que la estrategia oficial de ocultamiento de información sobre el caso fue quizás uno de los elementos determinantes de esta derrota. REDES – AT solicitó varias veces y de manera formal información del caso de forma infructuosa. De haber contado con esa información podríamos haber orquestado una campaña internacional de apoyo de la sociedad civil, y presentado por ejemplo un escrito como ‘amigos de la corte’. De esa manera podríamos haber sumado argumentos importantes a los esgrimidos por la defensa uruguaya, para que la decisión del tribunal fuera otra.
Es más, el gobierno uruguayo no aprovechó la enorme simpatía de la opinión pública mundial y de muchos gobiernos con nuestra legislación contra el tabaquismo y la defensa de nuestras normas soberanas, ni la solidaridad y respaldo explícito que mostraron los gobiernos del mundo en la III Conferencia de la Partes (COP) del CMCT celebrada en Punta del Este, en noviembre de 2010, poco después que Philip Morris entablara su demanda contra nuestro país. De haber hecho un correcto aprovechamiento de esa simpatía y respaldo explícito, el gobierno uruguayo habría aumentado la presión sobre el tribunal de arbitraje para que desestimase la demanda de la transnacional tabacalera. Pero la estrategia oficial fue de silencio auto-impuesto. A pesar de ese rechazo mundial al accionar de Philip Morris en esa instancia multilateral, que crecía frente a su apuesta corporativa de ir contra otros países signatarios del CMCT (demandas contra Australia y Noruega en otros foros) y contra el propio convenio, la delegación uruguaya ante la IV COP del CMTC, de noviembre de 2012 en Seúl, Corea del Sur, optó por no hacer ruido.
En ese momento se debió claramente apostar a una estrategia de requerimiento de la solidaridad y respaldo internacional explícito de otros países afectados y del CMCT en su conjunto frente a la demanda de Philip Morris. Se debió proponer que la COP emitiese una declaración o un mensaje dirigido directamente al tribunal de arbitraje del CIADI, instándolo a que no aceptara tener jurisdicción para decidir sobre este caso y reclamando en cambio que fuese el CMCT mismo quien tuviera jurisdicción para decidir sobre esta y otras demandas semejantes. Un mensaje de ese tipo, o incluso solamente el hecho de que se plantease esa discusión en la IV COP del CMCT en Seúl, habría probablemente contribuido a disuadir al tribunal de arbitraje de proceder con la demanda como ha decidido ahora.
Tiene razón el vocero del gobierno uruguayo, el Prosecretario de la Presidencia, Dr. Diego Cánepa, cuando dice que “los técnicos (en este caso del estudio Foley&Hoag) no quieren perderse un caso testigo como éste”, como se cita en EFE. Pero seguramente los motivos por los que no se lo quieren perder sean menos altruistas que el hecho de impartir justicia. Todos esos buffets de abogados viven y lucran de esta nueva industria que representan las demandas de inversionistas y transnacionales contra Estados, en las que claramente son parte interesada y factor clave de su proliferación. Los “técnicos” se desempeñan indistintamente a veces como abogados acusadores representantes de los inversionistas y empresas transnacionales, otras veces como abogados de la defensa de los gobiernos demandados, y en otras oportunidades como árbitros de los tribunales(2). Un buen caso es el del árbitro del CIADI inexplicablemente escogido por Uruguay, James Crawford, que por lo menos hasta marzo de 2012 se desempeñó como abogado acusador contra la hermana República de Ecuador en representación de la petrolera estadounidense Chevron.
Y también tiene razón el Dr. Cánepa cuando dice que “hay que prepararse para un largo juicio”, que él cree que “recién se concluirá a finales de 2015”. Uruguay ahora tendrá que seguir pagando los gastos de arbitraje, que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) ha calculado que ascienden en promedio a ocho millones de dólares para cada una de las partes. Uruguay además corre ahora mucho más riesgo de tener que pagar una cuantiosa suma a Philip Morris. La empresa reclama dos mil millones de dólares, que representan aproximadamente el cinco por ciento del PBI nacional.
Oportunidad para corregir el rumbo
No obstante, REDES – AT considera que el gobierno uruguayo tiene una vez más otra oportunidad para corregir el rumbo y enfrentarse con más decisión a las pretensiones de la transnacional tabacalera disfrazada de suiza sólo para presentar su demanda basándose en el TBI de Uruguay – Suiza. Si fuera un partido de fútbol, diríamos que Uruguay va perdiendo 1 a 0, y que de aquí en adelante tendremos que jugar en la cancha del contrario, sabiendo que la terna arbitral está sesgada a favor de ese rival. En estas circunstancias, la mejor defensa es el ataque o la contra-ofensiva, corrigiendo el rumbo y esta vez sí haciendo pública la información sobre el caso y aliándose con las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos que a nivel mundial están más que dispuestos a apoyar a Uruguay en esta causa. En este sentido, hay que buscar el apoyo de los gobiernos que han emprendido un camino de crítica a los TBI y sus tribunales de arbitraje, particularmente con los de la región, que reunidos hace poco más de dos meses decidieron en Guayaquil, Ecuador, la creación de un Observatorio, el impulso de auditorías de los TBI y el establecimiento del Congreso de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales.
Asimismo, Uruguay debe ahora como mínimo emprender un camino de revisión de sus TBI, empezando por el suscrito con Suiza, tal y como lo reclamamos conjuntamente REDES – AT de Uruguay y Alliance Sud, la coalición más importante de ONG suizas, que abogan por el desarrollo y los derechos de los pueblos del Sur global. El propósito mínimo debe ser el de excluir el arbitraje internacional como mecanismo de solución de diferencias y el concepto de “expropiación indirecta” en el que se ha basado Philip Morris.
(1) www.redes.org.uy y www.radiomundoreal.fm
(2) Eberhardt Pia y Olivet Cecilia, Cuando la injusticia es negocio, CEO y TNI, noviembre 2012
Comunicado de prensa de Alliance Sud (en francés)
Por más información:
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Alberto Villarreal
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Alliance Sud
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