Las violaciones pasadas y presentes de los Derechos Humanos, cometidas por las empresas transnacionales (ETNs), demandan una acción radical y urgente. Tragedias tales como el desastre del Rana Plaza que mató en 2013 en Bangladesh a 1132 trabajadores de la industria textil (mayoritariamente mujeres); o la masacre de 34 mineros en Marikana en 2012 (Sudáfrica); la destrucción ocasionada durante décadas por Shell en el Territorio Ogoni (Nigeria) y por Chevron en la Amazonía ecuatoriana; se encuentran entre innumerables ejemplos que evidencian la necesidad urgente de acceso a justicia y compensación a las víctimas.
El 26 de junio de 2014, el Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución estableciendo un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en elaborar el borrador de un instrumento legalmente vinculante para obligar a las Empresas Transnacionales a respetar los Derechos Humanos. Tras un intenso debate, veinte Estados-Miembro del Consejo, representando a una población de 3800 millones de personas, votaron a favor de esta resolución histórica. Lo/as defensore/as de los Derechos Humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, conjuntamente con diferentes movimientos sociales y redes y campañas, tuvieron un papel clave en esta victoria histórica.
A la luz de intentos anteriores de establecer un régimen vinculante en términos de los Derechos Humanos para las transnacionales, el proceso intergubernamental necesario para la elaboración de un tratado de gran alcance, sobre empresas y Derechos Humanos, será sin lugar a dudas intenso y conllevará de forma inevitable confrontaciones con el poder corporativo. Se trata de una batalla que los movimientos sociales, lo/as defensore/as de los Derechos Humanos y las comunidades afectadas se han comprometido a ganar. La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo – una red de movimientos sociales y organizaciones, campañas y comunidades afectadas – tiene la determinación de fortalecer la movilización en aras de un amplio y continuo contra-poder, que podrá influir en el alcance, el contenido y la aplicabilidad del Tratado Intergubernamental.
Los movimientos sociales, redes y organizaciones de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a su Impunidad, están construyendo de forma colectiva un Tratado Internacional de los Pueblos[1], que contenga una visión alternativa de la ley y la justicia, construida desde abajo, desde el Pueblo. El Tratado Internacional de los Pueblos sitúa a las personas en tanto que protagonistas y actores políticos que deben encontrarse al origen de las leyes y normas de un sistema político, económico y legal, destinado a desafiar al marco actual que asegura extraordinarios privilegios e impunidad a las empresas transnacionales. El Tratado Internacional de los Pueblos constituye, ante todo, un documento político y un proceso que surge de la necesidad de enfrentar a la arquitectura de la impunidad, cuya existencia implica con urgencia normas legales vinculantes que puedan poner fin a los abusos y a la impunidad de las transnacionales. A pesar de que el término “Tratado”, de acuerdo con la definición legal estricta, se refiere a un documento firmado por Estados, de acuerdo con nuestra perspectiva, más allá de los Estados, los Pueblos pueden hacer leyes: defendemos la noción de una ley internacional “desde abajo”.
Desde este marco radical y subversivo, tenemos la determinación de superar la falta de imaginación y de voluntad política de aquellos que afirman que un Tratado vinculante para las transnacionales es imposible. El Tratado de los Pueblos, que representa una visión política desde abajo, complementa el instrumento vinculante intergubernamental que se negociará en el proceso dentro del CDH. La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo celebra las posibilidades que se abren a partir de la aprobación de la resolución, que permite avanzar de un modelo dominante de códigos voluntarios y no-vinculantes para las transnacionales, hacia un régimen legal y genuino que permita acceder a la justicia, a las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos por parte de las transnacionales.
Es desde esta perspectiva de resistencias y luchas contra el poder corporativo, que se organizó la Semana de Movilización para detener los crímenes y la impunidad corporativa (Ginebra, 23 al 27 de junio), conjuntamente con movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza del Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la semana de la Sesión 26 del CDH, justo cuando el Consejo había programado la discusión y el voto para decidir si se lanzaba el proceso para crear un instrumento vinculante aplicable a las transnacionales, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y profundo que permita defender a los Derechos Humanos ante las violaciones por parte de las transnacionales, particularmente en lo que atañe a los derechos de aquello/as afectado/as por crímenes ambientales u otras violaciones de los Derechos Humanos cometidas por empresas transnacionales.
El objetivo de la Semana de Movilización no consistía únicamente en presionar al CDH en torno a una regulación vinculante para las transnacionales, sino también en exponer la “Arquitectura política y económica global de la impunidad”, que ha protegido las operaciones de las transnacionales, a expensas de los Derechos Humanos durante décadas. La vigencia de dicho régimen político, económico y legal ha sido posible mediante los siguientes mecanismos: Acuerdos de Protección de las Inversiones; el arbitraje mediante Mecanismos de Resolución de Controversias entre Estados e Inversores (ISDS) en espacios como el CIADI (Banco Mundial); la Organización Mundial del Comercio, que también dispone de un mecanismo de resolución de este tipo de controversias; los planes de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional, que han sido replicados en Europa por la Troika y las Políticas del Pacto de Competitividad; los Tratados multilaterales y bilaterales de libre comercio, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio UE – Colombia, el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA), entre otros.
La Semana de Movilización combinó de forma efectiva estrategias internas y externas, en Ginebra y en diferentes capitales estatales, mediante un sostenido trabajo de cabildeo. Entre las actividades se destacó la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos; el lanzamiento por parte de la Campaña, del documento base del Tratado de los Pueblos, así como del Proceso Global de Consulta; algunos “Eventos Paralelos” dentro de las Naciones Unidas; frecuentes reuniones de cabildeo con las delegaciones de los Estados miembro; una Conferencia de Prensa, una Conferencia sobre Derechos Humanos, Sistemas alimentarios sostenibles y Obligaciones Extraterritoriales (ETOs); así como una movilización al exterior de las Naciones Unidas, que incluyó una visita guiada de los lugares clave de las corporaciones en Ginebra o de entidades afines, tales como la OMC.
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo co-organizó en Ginebra una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) el lunes 23 de junio. Allí, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de décadas de contaminación petrolera por parte de Chevron en la Amazonía Ecuatoriana[2], y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos han sido sistemáticamente violados por Coca-Cola Company en Colombia; por la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina[3]; y por la española Hidralia en Guatemala. Se sentó en el banquillo también a la industria minera, mediante casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en África del Sur. El caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue juzgado como emblemático, de por la extensión de los daños, mediante los testimonios de comunidades afectadas por la empresa en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas. Así, se demostró cómo opera esta empresa, en todo el planeta, en total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal la falta sistemática de acceso a la justicia por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental.
La Audiencia del TPP se situó en continuidad con tres sesiones previas organizadas por la Red Bi-regional Enlazando Alternativas, que ha ido juzgando 46 casos de violación de Derechos Humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen dominante global legal, económico y político que asegura la impunidad de las transnacionales. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en África del Sur, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia, además de un Tribunal sobre los Derechos de la Naturaleza, que se organiza en paralelo a la COP 20 en Perú (diciembre de 2014).
Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula con un instrumento mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como el rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos.
¡Pongamos fin a la arquitectura de la impunidad de las transnacionales!
¡Desmantelemos el poder y el régimen corporativo!
——————————————-
[1] El documento base del Tratado Internacional de los Pueblos, así como una Consulta Global asociada a éste, fueron lanzados durante la Semana de Movilización
[2] El caso de Chevron en Ecuador es emblemático de la necesidad de un tratado vinculante. Después de 20 años de litigio marcado por las disputas sobre jurisdicción, las 30.000 personas afectadas por la empresa ganaron un caso contra Chevron en la Corte Suprema de Ecuador. Sin embargo, la empresa se niega a pagar la indemnización ordenada por la corte en una demostración absoluta de falta de respeto por el sistema jurídico ecuatoriano.
[3] En el contexto de los bombardeos del territorio palestino, el «apartheid del agua» impuesto sobre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel y su empresa transnacional de servicios de agua Mekorot es otra evidencia de los crímenes contra la humanidad por el Estado de Israel. La Campaña Mundial expresa su solidaridad con el pueblo palestino y su lucha contra la ocupación militar, la escalada de la violencia contra civiles inocentes y las empresas transnacionales que se benefician de estos procesos.
