La violencia estatal hacia los activistas ambientales no resulta ser un monopolio del que sólo puedan jactarse gobiernos como el de Guatemala o México. El pasado 27 de octubre la policía francesa asesinó al joven manifestante Remi Fraisse en el marco de las protestas contra la construcción de la represa Sivens en Gaillac, al suroeste del país.
Unas 2000 personas se manifestaban el pasado 27 de octubre contra la construcción de este proyecto, con destino al riego, que cuenta con el apoyo del Estado francés, en las cercanías del poblado Albi, distante 30 kilómetros de Toulousse.
Las movilizaciones por la deforestación que implica la inundación de la zona, así como la afectación de campesinos, se han intensificado en los dos últimos meses, alcanzando a convocar huelgas de hambre de algunos de los pobladores, a pesar de lo cual el gobierno de Francoise Hollande sigue adelante con el proyecto.
El mismo prevé un lago de 40 hectáreas de superficie sobre el río Tescou y su construcción, ya bastante avanzada, amenaza el humedal del Testet, uno de los últimos de dicha cuenca según Radio Francia Internacional.
Ante la ola de protestas generadas por el asesinato del activista, la reacción de la administración francesa ha sido de negar cualquier implicancia de la fuerza pública en la instigación a la violencia y anunciar una investigación que arrojaría sus resultados en unas dos semanas.
Sin embargo, el cuerpo de Remi Fraisse mostró rastros de las granadas explosivas y municiones empleadas por la gendarmería francesa, señaló el fiscal local en declaraciones públicas.
El ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, ha anunciado la suspensión del uso de granadas por parte de las fuerzas policiales. Poco antes, el fiscal de la localidad de Albi, Claude Dérens, había apuntado que en la vestimenta del joven fallecido se habían encontrado rastros de trinitrotolueno (TNT), componente habitual en ese tipo de proyectiles.
Las protestas contra la brutalidad policial se expresaron en movilizaciones tanto en la capital, París, como en Lyon, Brest y Marsella. A ello se ha sumado la solidaridad de diversas redes ambientalistas internacionales, como es el caso de Amigos de la Tierra Internacional, a través de su miembro local, Amigos de la Tierra Francia y otros de los 80 que integran dicha federación.
Remi fue un estudiante de Medio Ambiente de la Universidad de Toulouse y su asesinato ha tensionado al máximo a las fuerzas sociales en contra del gobierno francés en especial el Ministro de Interior.
Aunque ha sido prohibido el uso de granadas contra manifestantes, el gendarme presunto responsable por el asesinato no ha sido suspendido.
En las protestas se reclama la suspensión del proyecto –paralizado tras el incidente con Remis- y la realización de una investigación independiente para identificar autores materiales e intelectuales del asesinato del joven activista.
Amigos de la Tierra Francia ha publicado en su sitio web un saludo de solidaridad hacia la familia y amigos del activista asesinado. En la misma se denuncia el acaparamiento de tierras y de recursos hídricos por parte de “un puñado de empresas” con el apoyo del Estado, privatizándose territorios en detrimento de la comunidad.
Publicado originalmente en Radio Mundo Real.
