El país participa en la discusión de un acuerdo que libera el comercio de servicios. En opinión del Pit-Cnt y de varios sectores frenteamplistas, el gobierno pone en riesgo la suerte y propiedad de las empresas públicas, las mayores proveedoras de servicios.
El país participa en la discusión de un acuerdo que libera el comercio de servicios. La intención de Estados Unidos (el impulsor del tratado) y sus aliados es que ese sector de la economía se abra a las multinacionales y al capital extranjero. En un Consejo de Ministros, la administración pasada aprobó integrarse a ese grupo y lo hizo en base a un informe de Álvaro Ons –entonces jerarca de la cancillería– que aconsejaba sumarse a las negociaciones. En opinión del Pit-Cnt y de varios sectores frenteamplistas, el gobierno pone en riesgo la suerte y propiedad de las empresas públicas, las mayores proveedoras de servicios.
En atención al estancamiento en la Omc para acordar reglas de liberalización del comercio de servicios, en 2012 un grupo de países denominado Verdaderos Buenos Amigos se propuso redactar el borrador de un acuerdo para desregular la comercialización en esa área de la economía y, consecuentemente, crear un nuevo marco jurídico. De ahí que, al margen de la Omc, un conglomerado de naciones optó por preparar un Trade in Services Agreement (Tisa) con el fin de barrer las barreras nacionales en el sector servicios.
Ese grupo, con iniciativa original de Estados Unidos, está compuesto por 50 países, 28 de la Unión Europea (UE) más Australia, Canadá, Israel, Taiwán, Corea del Sur, Liechtenstein, Colombia, Chile, Paraguay, México, Perú, Panamá y Costa Rica, entre otros. En febrero de este año, el Congreso estadounidense aprobó el ingreso de Uruguay a ese conjunto de países.
Desde 2012 se han realizado varias reuniones del grupo, y de acuerdo a documentos emitidos tanto desde la Comisión Europea, como por Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, la propuesta es que las telecomunicaciones, la logística, el agua, la energía, los servicios financieros y contables, la salud, la educación, entre otros, dejen de tener limitaciones para el acceso de inversores extranjeros. También se plantea que las empresas extranjeras que se instalen en el país receptor que suscriba el tratado deben tener “trato nacional” (esto afecta, por ejemplo, la política de compras por parte del Estado), y que cualquier diferendo suscitado con el inversor debe sustanciarse en tribunales internacionales, como el Ciadi.
Si bien las conversaciones son reservadas, Wikileaks y la central sindical mundial de trabajadores de servicios (Isp, por su sigla en inglés) fueron las que pusieron sobre aviso de los temas que contiene el acuerdo en proceso.
¿POR QUÉ YO? En un Consejo de Ministros del gobierno de José Mujica de 2013 se aprobó que Uruguay solicitara el ingreso al grupo que discute el Tisa. El pedido se concretó en setiembre del mismo año.
Las razones surgieron de un documento elaborado por Álvaro Ons (un hombre cercano al astorismo), a la sazón director general de integración y Mercosur de la cancillería, además secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (Ciacex), y hoy integrante de la Opp, comentó a Brecha una fuente de la cancillería de la administración de Mujica.
En el texto, Ons sostenía que a Uruguay se le abrían oportunidades en el área de servicios profesionales, en logística, en administración de stock, en las tareas de contabilidad y finanzas, que ya se realizan para el exterior por empresas radicadas en el país, alguna de ellas en zonas francas.
Para el público en general (también para actores políticos y sociales) la decisión del gobierno uruguayo se mantuvo en reserva, y fue a través de contactos extraoficiales, de los cables de Wikileaks e Isp, que el Pit-Cnt tuvo conocimiento del hecho. Por ese motivo solicitó una entrevista al ex canciller y actual secretario general de la Oea, Luis Almagro, que nunca fue concedida, señaló a Brecha el integrante del ejecutivo de la central sindical Gabriel Molina.
El viernes 27 de marzo se realizó una reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y el Pit-Cnt. Entre otros temas conversados estuvo la cuestión del Tisa. Ante los reparos al acuerdo que expuso la central, Vázquez dijo desconocer que Uruguay hubiese firmado un tratado de ese tipo.
En realidad no hay nada firmado, pero sí existe la participación del país en la discusión de los términos del Tisa. De todos modos cualquier resolución favorable del Estado uruguayo debe contar con la ratificación parlamentaria. Brecha consultó a altas fuentes de la anterior cancillería, las que sostuvieron que por ahora son “sólo conversaciones” y que todo lo actuado está en conocimiento de la nueva administración.
A las razones esgrimidas por Ons para participar en la exportación de servicios, la fuente añadió el “sentido de la oportunidad” de estar presente cuando se debaten cosas tan importantes y ser tenido en cuenta a la hora del despliegue de inversiones, una vez que se liberalice el mercado de servicios. También sostuvo que Uruguay no acordará nada que afecte a las empresas públicas y el monopolio público de algunos servicios.
Incluso, añadió el ex jerarca, la UE tiene una postura contraria a Estados Unidos sobre la apertura de algunos servicios, básicamente los públicos. Por lo tanto tendría “un aliado” en cerrar el camino a los inversores trasnacionales en cuestiones como el agua, la energía, y otras. También las fuentes insistieron en que China ha solicitado el ingreso al grupo “de los 50” y quiere participar en el diseño del Tisa. China, comentó el funcionario consultado, tiene 1.800 empresas públicas y “no creo que esté dispuesta a desprenderse de ellas”.
Razonamiento que no convence a los críticos de lo actuado por el gobierno, ya que en cada paso de la negociación –señalaron– el país asume compromisos, aunque luego intente patear la mesa.
Gabriel Molina, dirigente de Sutel, subrayó que las razones para participar en dicho tipo de acuerdo no son convincentes y “ponen en riesgo muchas cosas”.
Una aclaración del tema podría ser brindada el lunes al secretariado del FA. El domingo por la noche regresa Almagro de Washington y se espera que el lunes se reúna con la dirección del Frente, o al menos converse con su presidenta, Mónica Xavier. Ese mismo lunes el ex canciller vuela hacia Panamá, para preparar la Cumbre de las Américas.
Aclarada o no la cuestión, entre el 13 y el 17 de este mes hay una nueva reunión en Ginebra de los países partidarios del Tisa. La decisión de participar o no corresponde esta vez al gobierno de Vázquez.
El presidente dijo a la central sindical que “seguía pensando como en 1992” y que de ninguna manera aceptaría la privatización de entes y servicios descentralizados.
REACCIONES. Para Molina, un riesgo emergente de la firma de un Tisa es que se pierda el papel que las empresas públicas han jugado en el desarrollo del país, así como en la extensión de los servicios a todos los uruguayos. “Ello pondría en riesgo todos los avances que se han tenido, llámese fibra óptica o todo el soporte que le prestó Antel al Plan Ceibal. No estamos de acuerdo con las negociaciones y solicitud de ingreso a los famosos Tisa, donde se deja al libre mercado todo lo que son servicios, es decir energía, agua, telecomunicaciones, transporte, correo, educación, salud, construcción, las compras públicas”, indicó. Luego añadió que si bien el Congreso estadounidense aprobó el ingreso de Uruguay, todavía no se formalizó la decisión. “Por tanto estamos a tiempo y el gobierno puede rever la decisión de participar”, concluyó.
En tanto, varios dirigentes frenteamplistas dijeron a Brecha que en lo actuado hay una mezcla de ingenuidad (“pensar que se le pueden poner condiciones a Estados Unidos”) y de ocultamiento. El tema –a diferencia de lo que pasó en 2006 con la posibilidad de un Tlc con Estados Unidos– tampoco fue tratado en la fuerza política, que se enteró de la participación por la prensa.
La bancada parlamentaria del oficialismo también sufrió la ausencia de información (el Parlamento debería ratificar un posible Tisa), lo que es tomado por algunos legisladores frenteamplistas como la decisión del Ejecutivo de presentar un hecho consumado a la discusión legislativa.
Asimismo llama la atención a esos dirigentes que ni Brasil ni Argentina están en el grupo de los 50. Uruguay aparece entonces pegado a los países del Acuerdo del Pacífico, como Perú, Colombia y Chile, más ligados a una versión liberal de la economía y el comercio internacional.
La resolución del gobierno de Mujica dejó descolocada a su barra, y si bien en los primeros momentos, al enterarse de la iniciativa a favor del Tisa, algunos legisladores emepepistas salieron a criticar la decisión tomada, luego se llamaron a silencio.
La preocupación, sin embargo, no cesa en esa y otras filas del Frente, pues son conscientes –basados en analistas internacionales y en confesiones propias de integrantes del grupo de los 50– que los países centrales pretenden llegar a la próxima reunión de la Omc con todo cocinado para imponérselo al resto de los miembros. Y si no lo logran, actuarán por fuera de la organización internacional de comercio, como han hecho con la proliferación de Tbi y Tlc bilaterales. Lo cual, para una mayoría de sectores frenteamplistas, sería continuar con la inequidad y desequilibrios del comercio internacional.
Víctor Hugo Abelando
