Un análisis encargado por Redes-Amigos de la Tierra a expertos internacionales en el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), al que accedió la diaria, estudia los eventuales impactos que tendría para Uruguay la firma del acuerdo, a partir de los contenidos de los documentos de negociación filtrados hasta el momento. En términos generales, el informe concluye que para Uruguay será nociva la apertura de sectores en los que se restringe el número de empresas extranjeras que pueden participar (agua, generación de electricidad, refinación de combustible, plantación y procesamiento de marihuana) o directamente prohíbe la participación de empresas extranjeras (televisión, radio y diarios). Esto es así porque el TISA impide discriminar entre empresas nacionales y extranjeras en los sectores que se abren a la liberalización.
El informe concluye que Antel deberá poner su infraestructura al servicio de empresas extranjeras (antenas y fibra óptica) a un precio razonable. En materia de servicios financieros, de liberalizarse el sector se eliminaría cualquier preferencia para el Banco República (BROU) en sus vínculos con empresas estatales. No se podrá establecer disposiciones para que sólo las empresas locales sean proveedoras del Estado, ni establecer preferencias de precios para dichas empresas. Uruguay no es parte del acuerdo opcional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros, por lo cual las disposiciones del TISA implicarían un cambio radical a la normativa vigente del país.
Algunos beneficios que actualmente detentan las empresas estatales (de agua, electricidad, telefonía, bancarias, canales de televisión, casinos, refinerías, seguros) se eliminarían de suscribir Uruguay el TISA: recibir beneficios especiales por parte del BROU, o realizar, entre empresas del Estado, ventas a precios más bajos que los del mercado.
El análisis aclara que “es previsible que se excluya de esta regulación a los hospitales públicos, las escuelas públicas y las universidades públicas” (original en inglés, traducción de la periodista), ya que de lo contrario no podrían ser financiadas por el gobierno. Sin embargo, hay un número importante de empresas que pertenecen al Estado cuya actividad tiene un alcance internacional, y por tanto, no está claro hasta qué punto están habilitadas a ser subsidiadas: el sector portuario, el Correo, UTE, los canales de televisión públicos y las radios públicas.
Por otra parte, la mayoría de las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se verían cuestionadas en caso de aprobarse el TISA. No podrían establecerse cuotas de producción nacional y deberían eliminarse los subsidios al cine y otras formas de producción audiovisual nacional.
En conclusión, el estudio señala como efecto principal de la suscripción al acuerdo la reducción de los beneficios de los que hoy gozan las empresas estatales, con la consiguiente reducción de su volumen de negocios.
