La problemática energética de Uruguay no puede analizarse aisladamente de la región, donde campean los proyectos de desregulación de producción y mercado de lo que para el lucro empresarial resulta una mercancía así como los nuevos mecanismos de protección de inversiones.
Es el caso del contrato firmado por la empresa petrolera estatal uruguaya (monopólica) ANCAP y Schuepbach Energy (EEUU) para la exploración de hidrocarburos en varios departamentos del país, abriendo la puerta a la utilización de tecnología como la fractura hidráulica o fracking.
El análisis de dicho contrato fue presentado el jueves 4 de junio por las integrantes de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay Natalia Carrau y Viviana Barreto en el Foro “Sistema Energético Sustentable, Justo y Soberano”, realizado en instalaciones d ela Universidad de la República.
“El contrato equipara a la empresa con el Estado. La empresa incide en la determinación de la política pública en forma directa: integración paritaria del espacio técnico de seguimiento del contrato donde se definen técnicas, zonas a ser trabajadas, instrumentos, recursos, entre otras cosas. Se desconoce la responsabilidad primaria e intransferible del Estado en la conducción de la política energética”, indicaron las investigadoras en su resumen.
“Un estricto secreto rodea a los contratos”, indicaron.
El Foro fue organizado por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania Stiftung, France Libertes Fondation Danielle Mitterrand, Trasnational Institute (TNI, Países Bajos).
“Con esta modalidad de contratación Empresa – Estado y Tratado Bilateral de Inversiones se limita al extremo la capacidad del Estado de controlar y se privatizan los espacios de construcción de la política pública”, indicó el análisis.
Publicado en Radio Mundo Real con audio y documento disponible.
