La demanda internacional iniciada por la tabacalera estadounidense Philip Morris contra el Estado uruguayo por aplicar una política de salud pública en beneficio de su población puso de manifiesto hasta dónde son capaces de llegar las corporaciones transnacionales a la hora de defender sus inversiones.
¿Pero sabe usted que Farmashop y DirecTV amenazaron con iniciar también juicios internacionales contra nuestro Estado ante nuevas legislaciones nacionales? ¿O que dos gigantes de los alimentos como Nestlé y Pepsico pusieron el grito en el cielo cuando la Intendencia de Montevideo decidió el etiquetado de alimentos transgénicos?
Una nueva publicación de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, con el apoyo del Transnational Institute (Holanda), analiza a fondo cómo diversos mecanismos diseñados para proteger las inversiones limitan, cuando no frenan tajantemente, la agenda de derechos y la soberanía de los Estados en desarrollo para definir sus políticas.
“De cuando la amenaza se hace demanda: el impacto de las reglas de inversiones en las políticas públicas y los derechos” es el título del trabajo de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, escrito por las licenciadas Natalia Carrau y Viviana Barreto, integrantes de la organización. El texto, que se acaba de publicar, analiza varios casos de demandas, o amenazas de iniciación de demandas, de empresas transnacionales contra el Estado uruguayo.
De fondo, la publicación alerta y denuncia los poderes que han adquirido las empresas transnacionales como actores centrales del capitalismo neoliberal, y cómo los ponen en práctica, en detrimento de los derechos de las poblaciones y la capacidad de los Estados de definir sus políticas públicas.
Al fracaso de las políticas de ajuste estructural y liberalización aplicadas en las décadas de auge del neoliberalismo, le siguió un período en el que el Estado vuelve al centro de la mirada política, como operador privilegiado en el diseño e implementación de políticas públicas con foco en la equidad, la igualdad y la expansión de la agenda de derechos.
“Sin embargo, el Estado que emerge de este período es un Estado pobre, débil, exigido y presionado por múltiples demandas sociales, económicas, políticas y culturales”, señalan Carrau y Barreto en la introducción de la publicación.
Los axiomas del libre comercio y la protección de inversiones no han sido abandonados ni despojados de sus mitos. Por el contrario, sus principios y recomendaciones siguen rigiendo la lógica de las negociaciones comerciales y dando lugar a las reglas, normas y condicionamientos que limitan el espacio de la política de los Estados nacionales y la agenda de derechos.
Se podría elegir uno de los tantos Derechos que son consagrados en el marco internacional como Derechos Humanos (a la alimentación, a la salud y a la vida, por nombrar algunos) y encontrar alguna política que lo ampara que puede estar amenazada o vulnerada por los intereses de los inversionistas.
La nueva publicación de REDES – AT termina argumentando que “existe una real asimetría en este esquema de globalización”. Explica que los Estados son sometidos al escrutinio público, tienen la obligación de garantizar los Derechos de sus poblaciones, son exigibles ante numerosos tribunales y puestos a prueba en marcos internacionales “con la gobernanza global como espectadora”. Mientras que el poder corporativo ha visto garantizados sus intereses e inversiones y tiene como derecho casi incontestable la utilización de esos instrumentos para la extorsión de las políticas y el poder público. “El Estado ha vuelto al centro pero bajo la arremetida del poder corporativo”, cierran las conclusiones del trabajo.
