El gobierno uruguayo pretende presentar ofertas de acceso al mercado y listas de excepciones en la próxima ronda de negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), el 15 de setiembre. Así lo manifestó el canciller Rodolfo Nin Novoa a los legisladores de las comisiones de Asuntos Internacionales de Diputados y Senadores, en una reunión ayer en el Parlamento. Según dijeron a la diaria fuentes del gobierno, cancillería solicitó a varios ministerios, entre ellos, los de Salud Pública (MSP) y Educación y Cultura (MEC), que elaboren ofertas y listas de excepciones antes del 15 de agosto, para que la cancillería pueda redactar una propuesta común.
En las negociaciones del TISA no se conoce hasta el momento la existencia de anexos que traten específicamente sobre educación y salud. No obstante, desde el oficialismo explican que estos dos servicios pueden discutirse, por ejemplo, en el marco del anexo sobre la liberalización de servicios profesionales. De hecho, las dos carteras vinculadas a estas áreas están trabajando en el tema. En el MEC, la propuesta la están analizando directamente la ministra María Julia Muñoz y el director general de Secretaría de la cartera, Jorge Papadopoulos. En el Frente Liber Seregni se analizó el tema y, según señaló a la diaria un dirigente del sector que además integra el gobierno, la participación de Uruguay en el TISA, incluso en el área de educación, “no preocupa demasiado”; se entiende que existe una “regulación interna muy clara” y que se pueden “reservar perfectamente algunas áreas” y “preservar el interés nacional”. Ayer, en comisión, Nin hizo hincapié en que la presentación de las listas no compromete al país. El diputado socialista Roberto Chiazzaro consideró que el gobierno está “acelerando este proceso” y que “no costaría nada recabar más información” antes de elaborar ofertas.
Por otra parte, en los últimos días de julio, el PIT-CNT y la organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra hizo circular un escrito entre parlamentarios del Frente Amplio (FA) y ministros de gobierno, en el que alerta sobre los riesgos del TISA. Allí sostienen que este acuerdo difiere del Acuerdo General de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (GATS), porque se negocia en base a listas negativas y, por tanto, “se asumen compromisos en todos los sectores y modos de suministro, excepto en aquellos que se especifiquen explícitamente”. Advierten además que “no está previsto un cronograma de renovación o renegociación de las listas negativas”. Agregan que en el TISA “se proponen disciplinas nuevas y más liberalizadoras y desreguladoras que las que existen en el GATS”, como los “requisitos de seguridad para los trabajadores, las reglamentaciones ambientales, las normas de protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal”. En materia de regulación nacional, el documento advierte que si se aprueba el TISA, las partes ya no podrán reservar determinadas compras públicas para los proveedores locales de servicios y establecer preferencias de precios para las empresas locales, y que en esto no hay posibilidad de establecer excepciones. Finalmente, las organizaciones sostienen que permaneciendo en las negociaciones el gobierno se aleja del programa del FA; citan pasajes que, a su entender, son contradictorios con la continuidad del gobierno en la discusión del TISA.
