La Soberanía Alimentaria y sus implicancias en materia de acción educativa, soberanía territorial, políticas públicas de acceso a la tierra y fomento a la construcción de sistemas agroalimentarios basados en la justicia social y ambiental; el derecho a un desarrollo rural inclusivo y con énfasis especial en la valorización del rol de las mujeres, fue en núcleo de los debates e intercambios en el 3er Foro Soberanía Alimentaria, Educación y Territorialidad.
En el mismo, así como en sus dos ediciones anteriores, confluimos participantes de diversas organizaciones sociales y grupos de productores y productoras familiares que trabajamos en el área del rescate y valorización de las semillas locales, la producción agroecológica, la soberanía alimentara, los derechos de las mujeres rurales, el derecho a la tierra, así como docentes de la Universidad de la República, y actores de instituciones nacionales, departamentales y legislativas comprometidos con la construcción de políticas y acciones que integralmente conforman la perspectiva de la Soberanía Alimentaria.
También compartimos el enfoque internacional de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y Caribe y del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria que funciona en la órbita del sistema FAO.
Y desde el enfoque de la Soberanía Alimentaria se valoraron los pasos dados en la construcción de un Plan Nacional de Agroecología así como la incidencia en políticas públicas que lo viabilicen, permitiendo fortalecer el tejido social a nivel del medio rural y sus economías regionales, ganando en soberanía alimentaria y calidad nutricional.
Nuestro país en el contexto del paradigma del agronegocio, sufre las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la mercantilización y financierización de bienes naturales, territorios, recursos genéticos y mercados de la alimentación. Y en consecuencia ha dado lugar a resistencias que comienzan a visibilizarse y que aspiramos se articulen en la construcción de la masa crítica –social, política, productiva, educativa- necesaria para que las propuestas superadoras, inscriptas dentro del principio de Soberanía Alimentaria, se verifiquen en acciones concretas.
El principio y derecho de la Soberanía Alimentaria, nacido de la organización Vía Campesina en la pasada década ha venido creciendo en significaciones y perspectivas, ampliando su base de sustentación y alcanzando crecientes niveles sociales, políticos, nacionales, regionales e internacionales.
En el caso de Uruguay en 2012 realizamos un primer Foro en el que trabajamos sobre los ejes de Alimentación, consecuencias del agronegocio, economía de mercado y solidaria. En el encuentro de setiembre de 2014, realizado en Tacuarembó, nos enfocamos en las amenazas, logros y desafíos pendientes de la SA y nos centramos en problemáticas como el acaparamiento, concentración y extranjerización de tierras; así como su contracara: los procesos de acceso colectivo a la tierra de los que son protagonistas el Instituto de Colonización y grupos de productores y productoras familiares y asalariados rurales.
Este tercer Foro en el CAF también tuvo un componente importante en términos de disputas históricas en el medio rural, incorporó el Plan Nacional de Agroecología, propuestas territoriales y el componente de la educación pública para la Soberanía Alimentaria.
En ese sentido, la mesa temática que abordó este último tema, remarcó que la educación debe tener como norte un proyecto político colectivo y debe permitir generar condiciones de autonomía, rompiendo con las lógicas y esquemas que están hoy determinadas por la racionalidad del sistema capitalista que no educa para la diversidad, la autonomía y la soberanía.
Por ende, la construcción de alternativas dentro del marco de la Soberanía Alimentaria incluye como condición necesaria las políticas, contenidos y prácticas educativas.
La agroecología es un componente central de la Soberanía Alimentaria. La agroecología como modo de vida, como modelo y sistema de producción y consumo y también como ciencia, con intercambio de saberes donde las productoras, productores, guardianes y guardianas de semillas, pescadores y pescadoras artesanales, entre otros tantos, tengan centralidad.
Experiencias que han marcado antecedentes positivos –como el Plan de Soberanía Alimentaria Territorial ejecutado entre 2005 y 2010 en el departamento de Treinta y Tres- o que aparecen en el horizonte cercano –planificación de “Canelones de la soberanía, ciudadanía e Identidad” de la Comuna Canaria (período 2015-20120); sumados a herramientas como la Ley de Compras Pública a la Agricultura Familiar; mercados locales a escala municipal (Municipio Atlántida); experiencias como la que lleva adelante Granelera Ecológica (Graneco) en Montevideo Rural y Canelones, la Cooperativa de mujeres productoras de hierbas aromáticas Calmañana, o la Escuela Agraria Melchora Cuenca en Paysandú, por mencionar algunos casos, están indicando la viabilidad de las experiencias que desde la autonomía territorial y social aportes al diseño y la mejora de las políticas públicas.
La producción de alimentos a partir de semillas criollas y nativas, fortaleciendo la agrobiodiversidad, el desarrollo de tecnologías propias a partir de investigación y desarrollos que incluyan las necesidades de las familias rurales, el acceso a educación de calidad y adaptada a la identidad de cada territorio, representan derechos a ser resguardados y garantizados y que sin embargo son limitados o vulnerados por el modelo de producción imperante.
Ampliar y fortalecer el arco de organizaciones que hoy colocamos en el debate público el principio de Soberanía Alimentaria, promoviendo la resistencia activa en los territorios, la concientización de amplios sectores sociales del país y promoviendo la acción estatal tanto para proteger los derechos vulnerados como para promover alternativas es parte pues del proceso de ampliación de derechos que ha caracterizado esta etapa del país.
Agradecemos especialmente a quienes nos acompañaron desde las mesas temáticas, de apertura y conversatorio de experiencias.
Presidenta y funcionarios del Instituto Nacional de Colonización Jaqueline Gómez, Martín Toledo, Franca Bacigalupe
Legisladores Leonardo De León, Nelson Larzábal
Director Departamento Educación Rural (CEIP), Límber Santos
Directora Centro Agustín Ferreiro, Alejandra Dego
Integrantes Servicio Central de Extensión y Actividades con el Medio (udelaR), Carlos Santos y Gabriel Picos
Directora Unidad Montevideo Rural Isabel Andreoli
Director Agencia Desarrollo Rural Canelones Matías Carámbula
Integrantes Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP)
Fundación Heinrich Böell – Cono Sur
Más información y contactos de prensa:
Karin Nansen (REDES – Amigos de la Tierra Uruguay) – 098 707 161
Alejandra Dego (Centro Agustín Ferreiro) – 099 291 760
Martín Drago (REDES – Amigos de la Tierra Uruguay) – 099 138 559
