En el día de hoy, el gobierno de Ecuador se había comprometido a pagar 180 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Esta sería la cuota final de un arreglo total por 980 millones de dólares que el gobierno había acordado con la compañía a raíz de la decisión, ampliamente criticada, de un tribunal de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por su sigla en inglés). A sólo dos semanas del gran terremoto que azotó al país, este pago amenaza con socavar los esfuerzos de Ecuador de proporcionar asistencia ante la catástrofe, limitando económicamente la capacidad del gobierno de reconstruir hospitales, viviendas y cientos de escuelas gravemente afectadas.Este monto de 180 millones de dólares representa más del doble que los 72 millones de dólares incluidos en la petición humanitaria internacional presentada por las Naciones Unidas y organizaciones de asistencia de emergencia para proporcionar acceso a agua potable, vivienda y servicios básicos de salud a las personas que más los necesitan.
El terremoto del 16 de abril tuvo como resultado la muerte de 654 personas y la destrucción de importantes obras de infraestructura de transporte, vivienda y agua. Más de 16.000 personas resultaron heridas y otras 350.000 personas necesitan ayuda de emergencia según la Organización de las Naciones Unidas.
Cuando el gobierno ecuatoriano decidió ponerle fin a una concesión petrolera debido al incumplimiento del contrato y las leyes nacionales por la empresa, Occidental demandó al gobierno ante un tribunal de arbitraje internacional en materia de inversiones en el marco de un Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. El tribunal que falló en contra de Ecuador reconoció que la empresa había violado gravemente el contrato. Uno de los árbitros del caso estuvo en desacuerdo, argumentando que el fallo era “tan atroz en términos jurídicos y tan lleno de contradicciones que no pude evitar expresar mi desacuerdo».
«Los recursos públicos que Ecuador necesita desesperadamente en tiempos de emergencia se están canalizando a una multinacional petrolera debido a la decisión de dos árbitros internacionales plagados de conflictos de intereses con el poder de desestimar las decisiones soberanas y democráticas de los Estados. Los mil millones de dólares que Ecuador le paga a Occidental son una prueba más de la enorme carga que representan para los presupuestos públicos las demandas de arbitraje en materia de inversiones», afirmó Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute.
Sam Cossar, de Amigos de la Tierra Internacional, dijo: «Ecuador estaría moralmente justificado de dar prioridad a las vidas y a la asistencia de emergencia antes que pagar un laudo multimillonario a una empresa petrolera en el marco del sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado. Si obligan a Ecuador a pagar estos 180 millones de dólares, la comunidad internacional estaría haciendo caso omiso de su deber de reconstruir el país”.
“Las empresas multinacionales pueden usar los tratados de inversiones para intimidar a los gobiernos y socavar los esfuerzos de asistencia humanitaria. Los gobiernos deben trabajar juntos para desmantelar el sistema ISDS. Se deben anular o modificar los tratados de libre comercio y las disposiciones de ISDS deben excluirse de cualquier acuerdo futuro», afirmó Cossar.
Actualmente, hay casi 700 casos conocidos a nivel mundial en el marco del sistema ISDS, lo cual demuestra el derecho ilegítimo que tienen las empresas a obtener ganancias demandando a los Estados y socavando la capacidad de los Estados de proteger los derechos humanos y reglamentar a favor del interés público.
Para mayor información comunicarse con:
Cecilia Olivet, Transnational Institute
Email: ceciliaolivet@tni.org; Teléfono móvil: +32 (0) 474972501
Sam Cossar-Gilbert, Amigos de la Tierra Internacional
Email: sam.cossargilbert@foe.org.au; Teléfono móvil: +330750918983
