El 2 de junio, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores recibirá al titular de la cartera, Tabaré Aguerre, para comenzar con el análisis del proyecto de ley de riego con destino agrario. De cara a la convocatoria, mañana habrá una reunión de la bancada del Frente Amplio con los ministros Aguerre y Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA). El senador del MPP Andrés Berterreche explicó a la diaria que la idea es “ir llegando a acercamientos y lograr un apoyo común”, e “ir limando las aristas” en torno a la iniciativa.
El proyecto propuesto por el Ejecutivo modifica la actual Ley de Riego, de 1997. Una de las principales innovaciones es la incorporación, con el objetivo de fomentar la inversión en infraestructura de riego, de las Sociedades Agrarias de Riego (SAR). Esta figura habilita que inversores privados de “otro giro” distinto al sector agrícola puedan desarrollar proyectos de riego, acogiéndose a los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones.
Berterreche no quiso adelantar la posición de su sector sobre el proyecto. Daniel González, director nacional de Agua del MVOTMA durante el gobierno de José Mujica y perteneciente al MPP, dijo a la diaria el 8 de abril que desde ese sector convencieron a Mujica en el período pasado de que no siguiera adelante con el proyecto, que implicaría beneficiar a “inversores a los que les interesa especular con el agua”.
El senador Leonardo de León, de la lista 711, manifestó que no está de acuerdo con que “vengan empresas transnacionales a dar servicios de riego en Uruguay”. En cambio, consideró que deberían promoverse las asociaciones colectivas de productores, “como existen experiencias ya en Uruguay”. Dijo que está de acuerdo en producir una normativa nueva en torno al riego y en “maximizar este recurso desde el punto de vista de su aprovechamiento, de manera sustentable”. “Pero eso tiene que ir acompañado de un modelo de desarrollo y un modelo agropecuario que también tenga un enfoque de sustentabilidad y de cuidado de los recursos naturales. Hay que ser muy cuidadosos en el aprovechamiento sustentable del agua y en evitar su mercantilización”, alertó. Se manifestó contrario a que “Uruguay termine negociando el costo de sus productos agrícolas con un puñado de corporaciones que gestionen el riego” y dijo que el tema debe manejarse con una “visión soberana”.
En las profundidades
La organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra, que ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en caso de que sea aprobada tal como está, elaboró, con aportes del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, un documento de análisis del proyecto.
Allí se sostiene que la iniciativa “se orienta en el sentido contrario a los logros alcanzados” en los últimos 12 años en materia de gestión de agua. En primer lugar, se señala que “avanza hacia la creación de un Mercado de Agua” con la instrumentación de agentes privados de gestión del agua con potestades para la comercialización, los operadores de sistemas de riego y la articulación con las SAR. “Todos estos elementos resultan claramente inconstitucionales”, se afirma en el texto. Se preguntan, además, de qué manera se asegurará que no se conformen grupos financieros “que finalmente controlen los sistemas de riego del país”. “Actualmente el MGAP [Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca] tiene serias dificultades (prácticas, operativas) para monitorear el control real de los planes de uso del suelo y aguas en agricultura, ¿cómo y con qué recursos podrá fiscalizar el funcionamiento de las SAR?”, plantea el texto.
El documento también presenta objeciones respecto de la figura del Operador de Sistemas de Riego, que puede incluso ser una empresa independiente de las SAR “y de la cual los productores quedan rehenes para acceder al agua para riego”. “Además, como esta figura no está regulada explícitamente, puede ser una sociedad anónima que especula con los precios y las condiciones del servicio, en especial cuando varían los precios internacionales de los commodities y el productor no puede afrontar los gastos del servicio de riego”, se advierte en el documento.
En segundo lugar, se sostiene que la construcción de represamientos gestionados por privados “constituye una amenaza a la calidad del agua superficial y al funcionamiento de los sistemas hídricos”. “Ello claramente contradice el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo hidrológico, colocando en riesgo la primera prioridad en el uso que es el abastecimiento de agua potable a poblaciones humanas. Los resultados actuales en materia de calidad de agua superficial (en especial las cuencas agrícolas) deberían ser un llamado de atención sobre las estrategias de gestión del agua”, señala el informe.
Los especialistas agregan que investigaciones actuales demuestran que el aumento de productividad en cultivos aumenta la presión sobre los recursos naturales, en especial sobre la materia orgánica del suelo, “disminuyendo la productividad primaria neta del sistema, reduciendo el contenido de nutrientes del suelo, por lo que es necesario el aumento del uso de fertilizantes, con el consecuente aumento en el uso de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas)” e incrementando el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua. “Si a esto se suma el aumento del represamiento de agua (en condiciones de aumento de las temperaturas medias), se favorecen las condiciones ambientales para el desarrollo de floraciones de algas en dichas represas, problema ya instalado en muchas cuencas que repercute en el tratamiento que debe hacer OSE para la potabilización del agua para consumo humano”, se advierte.
Recuerdan que para mantener como prioridad el uso del agua para consumo humano, no sólo es necesario enfocarse en la cantidad sino en la calidad del agua, que permita su potabilización. En ese sentido, se preguntan qué organizaciones serán las encargadas y bajo qué protocolo controlarán que el agua para consumo humano esté garantizada en calidad y cantidad.
Sostienen que habilitar la conducción de agua a través de los cursos naturales “implica un gran riesgo ambiental en el funcionamiento hidráulico del curso, calidad de agua, riesgo de erosión de márgenes”. “¿A partir de qué información de base se emiten los permisos, qué institución realizará las evaluaciones del funcionamiento de los cursos para autorizar? ¿Quién financia estos estudios que por otra parte no existen hoy en Uruguay? ¿nuevamente serán realizados a costa del Estado?”, se inquiere en el documento.
En tercer lugar, se entiende que el proyecto de ley constituye una “amenaza” para los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos del país, que quedarían excluidos de una estrategia “claramente orientada hacia el agronegocio”. En particular, el documento cuestiona el concepto de “intensificación sostenible de la producción”, mencionado en la exposición de motivos del proyecto de ley como un objetivo del gobierno actual. “¿En qué momento el Uruguay definió la ‘intensificación sustentable’ como estrategia de desarrollo agrario del país?”, inquiere el texto. Recuerda que Uruguay registra año a año una reducción en la cantidad de pequeños productores y que el proyecto acentuará la exclusión de esta población de la actividad productiva. “La intensificación sostenible, sin definición de límites de la sostenibilidad, ni criterios de ordenación por microcuenca, puede aumentar la competitividad de algunos productores y disminuir sustancialmente la competitividad de otros”, se sostiene en el documento.
Finalmente, concluye que la propuesta presentada por el Ejecutivo “considera solamente la vía de la privatización, un camino que es contrario al seguido en la construcción del nuevo sistema de gestión del agua que se trabaja (con muchas dificultades) desde la Dirección Nacional de Agua”.
