Legisladores de la oposición y del Frente Amplio (FA) ya expresaron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores su predisposición a acompañar el proyecto de ley que modifica la actual normativa sobre riego. El principal cambio que establece la iniciativa es la posibilidad de que empresas externas al rubro de la producción, con fines de lucro, inviertan en infraestructura de riego y les cobren a los productores un precio por el suministro del servicio de riego. Esta participación se daría por medio de las denominadas “asociaciones agrarias de riego”, que, según prevé el proyecto, serán beneficiarias de exoneraciones fiscales para realizar las obras. “Se van a otorgar beneficios fiscales que serán muy interesantes y atractivos, y queremos que así sea, para que vengan inversores que estén por fuera del sector”, explicó la semana pasada en la comisión el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, según consta en la versión taquigráfica.
Una de las modificaciones, propuesta por la bancada del FA, es que estas asociaciones estén integradas al menos en 10% por los productores beneficiarios. Otro cambio que se introdujo respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo -en este caso, a sugerencia de catedráticos en derecho agrario- es que el servicio de riego esté ligado al inmueble, de modo que si el productor resuelve vender su predio, quien lo compre adquiera también el servicio de riego, de forma obligatoria.
Otra modificación que introdujo el Ejecutivo al proyecto original es que se permite a los inversores cortar el suministro en caso de que el productor no pague -en el texto original no se permitía-, dejando al productor en la situación en la que estaba antes de contratar el servicio de riego. “Cuando hablamos de precios interesa tener en cuenta que no es el precio por el agua sino por el servicio de almacenamiento, conducción, operación y mantenimiento; no estamos vendiendo el agua, sino que estamos cobrando por un servicio que garantiza el suministro durante todo el año”, afirmó el director nacional de Aguas, Daniel Greif, en la comisión.
Uno de los cuestionamientos al proyecto, realizado tanto por la organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra como por el Laboratorio de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, es que las autoridades no disponen de las capacidades técnicas como para controlar los caudales y garantizar que el uso del riego no colisione con el derecho de acceso al agua potable. Las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) expresaron en la comisión, según consta en la versión taquigráfica, que la cartera cuenta con “estudios estadísticos” que le permitirán afrontar esta tarea. Greif explicó que disponen de estudios en todas las cuencas “para definir cuáles son los caudales base, hacer balances hídricos mes a mes y, en función de las lluvias, saber cuáles son los aportes naturales y cuánto se puede extraer teniendo en cuenta los derechos de uso que se van otorgando y los caudales de uso que se liberan por parte de quien tiene la presa, que no vende el agua, sino el servicio de garantía de ese suministro”. De todos modos, agregó que de aprobarse, la nueva Ley de Riego obligará “al afinamiento y al desarrollo de estas herramientas de control que ya tenemos”. “Pero hay posibilidades de desarrollarlas, no estamos lejos”, afirmó.
El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, señaló que hay estudios de la Facultad de Ciencias que muestran que los pequeños represamientos, que hoy proliferan, son “sembradores de cianobacterias, porque al tener un perfil de poca profundidad, la generación de agua provoca condiciones para el desarrollo de floraciones algales”. La nueva Ley de Riego estimularía la generación de presas de mayor tamaño, y estas “podrían ser menos riesgosas” desde el punto de vista ambiental que “un sinnúmero de pequeñas presas”, sostuvo Nario.
En su fundamentación ante la comisión, Aguerre afirmó que el recurso hídrico está “prácticamente agotado con fines de riego” y que el crecimiento en esta materia “dependerá del desarrollo del represamiento”. Sostuvo que las investigaciones arrojan que en maíz, la diferencia entre regar y no hacerlo es de seis toneladas, y en soja, es de aproximadamente una tonelada y media. “Yo he dicho muchas veces que debemos transformarnos de un país que espera la lluvia a uno que la cosecha, la almacena, la administra, la conduce y la financia, al servicio de ese cambio de productividad. ¿Por qué digo esto? Porque los cursos de agua en las zonas agrícolas no están agotados desde el punto de vista hidráulico, pero la autoridad de aguas no tiene capacidad de otorgar más concesiones porque la cantidad de agua disponible sin que se afecte el caudal ecológico ya está concedida”, señaló el ministro.
