Habiendo concluido recientemente el juicio de Philip Morris contra Uruguay, ya se está dirimiendo otra demanda contra Uruguay en el CIADI, esta vez de la empresa estadounidense de telecomunicaciones Italba, y existen presiones para firmar y ratificar nuevos tratados bilaterales de inversiones y TLCs.
Uruguay tiene casi 30 TBIs en vigor, casi todos ellos firmados y ratificados bajo gobiernos neoliberales blancos y colorados, y algunos pendientes de ratificación, entre ellos uno entre Japón y Uruguay suscrito en enero de 2015 y que el Ejecutivo remitió al Parlamento en Octubre de 2015 para su ratificación.
Antes de firmar o ratificar nuevos TBI se impone una evaluación de los impactos de los tratados vigentes, así como un análisis de sus disposiciones, que tome en cuenta el debate internacional en curso que estos tratados han suscitado debido a los amplios beneficios que le otorgan a las empresas transnacionales en detrimento de las políticas públicas, los derechos humanos y la soberanía nacional, y a la multiplicación de demandas y laudos que los tribunales de arbitraje de inversiones han dictado contra Estados soberanos.
Si bien en el caso de la demanda de Philip Morris contra Uruguay el CIADI finalmente falló a favor de nuestro país, no podemos olvidar el costo que la misma tuvo, ni que dicho tribunal en una primera instancia dictó tener jurisdicción en la causa cuando en realidad debería haber desestimado la demanda por falta de méritos.
Además se trató de un caso muy especial, que fortaleció los cuestionamientos respecto a la legitimidad del CIADI, por lo que los árbitros seguramente se vieron obligados a cuidar la reputación del sistema de solución de controversias inversionista-Estado y el régimen internacional de protección de inversiones.
