En mayo de 2013 el Presidente Rafael Correa dicta el decreto 1506 por el cual se crea la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones, CAITISA, con el objetivo de estudiar la legitimidad del conjunto de obligaciones que emanan de los tratados, la legalidad de los mismos y el impacto de su implementación en el desarrollo nacional. La decisión de auditar la política de atracción de inversiones vía tratados bilaterales de inversiones (en adelante, TBI) parte de importantes definiciones políticas establecidas por el gobierno: la inversión extranjera debe estar sujeta a las directrices en materia de desarrollo nacional contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo; la integralidad de la soberanía nacional y la prohibición constitucional de la celebración de instrumentos internacionales que cedan soberanía a partir de cláusulas de solución de controversias con privados y el respeto al derecho a la participación de ciudadanas y ciudadanos en los asuntos de interés público, en el control popular de las instituciones del Estado en un proceso de construcción de poder ciudadano.
La CAITISA se conformó con tres tipos de miembros: representantes de los ministerios públicos, expertos internacionales y representantes de la sociedad civil de varios países. Hasta su renuncia, en noviembre de 2014, el político colombiano Carlos Gaviria presidió la Comisión.
Ecuador es el tercer país de América Latina que más demandas ha tenido que enfrentar en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los juicios en contra del Estado ecuatoriano le han valido una cuantiosa suma de dinero en indemnizaciones y costos a pagar. Como si esto fuera poco, las empresas transnacionales, que invierten en su enorme mayoría en el sector primario extractivo, dejan tras de sí un inconmensurable pasivo ambiental, representado en el desastre ocasionado por Chevron – Texaco en la amazonia ecuatoriana.
En este marco el gobierno de Rafael Correa construye una visión crítica del esquema internacional de tratamiento a las inversiones. En 2009 denuncia el convenio de Ecuador con el CIADI y cuatro años después crea la comisión con el fin de revisar la política histórica en materia de inversiones.
Paradójicamente, al mismo tiempo que crea la CAITISA el Presidente Correa decide el reinicio de las conversaciones con la Unión Europea (UE) para la firma de un acuerdo de libre comercio. En los hechos, este proceso resulto en la adhesión por parte de Ecuador al acuerdo de libre comercio ya firmado por la UE con Perú y Colombia. El acuerdo, que entró en vigor en noviembre de 2016, es un fuerte paso atrás en el incipiente camino emprendido por el gobierno de Ecuador en el enfrentamiento a la arquitectura institucional del capitalismo para favorecer el poder de las empresas transnacionales.
Esta situación provocó la ya referida renuncia a la presidencia de la Comisión por parte de Gaviria. Además el viraje del Gobierno se expresó en la decisión de no publicar los resultados del trabajo de la CAITISA, cuyas conclusiones y recomendaciones abren el camino para avanzar en la revisión del esquema impuesto por el neoliberalismo y construir nuevos instrumentos sobre bases alternativas.
