La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores votó a fines del año pasado los primeros artículos del proyecto de la ley de riego. La iniciativa, que busca fomentar el desarrollo del riego, modifica la normativa actual y permite, entre otras innovaciones, que se incorporen inversores externos al rubro de la producción a la financiación de obras para riego.
Organizaciones como Redes Amigos de la Tierra y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, y también el Laboratorio de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, se pronunciaron el año pasado contra el proyecto, por entender que “mercantiliza” el agua, que viola el artículo 47 de la Constitución y que tendrá impactos significativos en la calidad del agua. La Comisión en Defensa del Agua y de la Vida pidió ser recibida en el Parlamento pero aún no tuvo respuesta.
En diciembre, y de acuerdo a algunas objeciones que surgieron en la discusión del proyecto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó un nuevo borrador con cambios respecto del original enviado desde el Poder Ejecutivo. El 21 de diciembre se aprobó por unanimidad el proyecto en general, como forma de dar una “señal política” de respaldo a la iniciativa, según se manejó en la comisión. Se votó también en particular el artículo 1º del proyecto. Este establece que se podrá otorgar concesiones para obras de riego siempre y cuando “exista agua disponible en cantidad y calidad, acorde con lo que establezca el Poder Ejecutivo; el cual podrá reservar un porcentaje del volumen disponible para otros usos y/o fines en forma adicional al caudal ambiental que se establezca en la reglamentación de la presente ley”. El solicitante deberá además contar con un plan de uso de suelos y de aguas “aprobado por el ministerio”, y deberá acreditar “ser titular de un derecho de propiedad, usufructo o goce de los suelos donde se asienten las obras hidráulicas o sean afectadas por ellas”.
El 15 de diciembre, la comisión había recibido al titular del MGAP, Tabaré Aguerre, para que explicara los cambios introducidos al texto original. En primer lugar, la nueva redacción distingue entre “sociedades agrarias de riego” y “asociaciones agrarias de riego”, que deberán estar integradas exclusivamente por productores, como establece la legislación vigente -y por lo tanto se eliminó la obligación incorporada por la bancada del Frente Amplio de que 10% de los participantes en la sociedad como mínimo fueran productores-, y las “asociaciones agrarias con un fin específico de riego”. Estas últimas, según explicó Aguerre en comisión y consta en la versión taquigráfica, “pueden conformarse para hacer una inversión, pero no necesariamente tienen que estar integradas por regantes”. También podrán acogerse a los beneficios fiscales previstos en la Ley de Promoción de Inversiones 16.906, y lo harán “en proporción a su participación en la inversión”.
El proyecto original planteaba, por otra parte, la posibilidad de cortarle el suministro de agua a un productor que integra una sociedad o asociación de riego en caso de no pagar el gravamen establecido por dicha sociedad para amortizar la inversión. La modificación que se estableció fue que podía cortársele el suministro pero para la siguiente zafra. El ministerio descartó eliminar completamente la disposición, porque según manifestó Aguerre, si no se le corta el suministro a quien no paga, “es imposible que alguien se asocie” para regar.
Discusión integral
El sector frenteamplista Casa Grande está discutiendo el proyecto de ley de riego en un espacio político de debate denominado el Círculo Verde. Según explicó a la diaria Andrés Carvajales, licenciado en Ciencias Biológicas e integrante del espacio, Casa Grande propondrá al Frente Amplio (FA) que el proyecto de ley de riego también se discuta en la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados. “[El proyecto] entró como una cuestión meramente productiva y esto amerita un tratamiento integral. Necesitamos, por ciertos cuestionamientos que se están haciendo a la ley, que se trate también como un tema de medioambiente”, señaló Carvajales. Además, agregó que en el documento que Casa Grande elevó a la Comisión de Programa del FA en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas, ese sector propone definir y asignar recursos económicos para implementar el Plan Nacional de Aguas, y se entiende que el proyecto de ley de riego debe discutirse en forma coordinada con el debate de ese plan. “No queremos que se trate la ley de riego por separado, como si ese uso del agua fuera más importante que los demás. Queremos que se trate de manera integrada a la gestión del agua”, afirmó Carvajales.
Aclaró que el sector aún no tiene una “postura definitiva” sobre el proyecto de ley de riego porque todavía lo está discutiendo. De todos modos, apuntó que el sector intentará ser “interlocutor” de algunos de los reclamos que se están haciendo sobre la ley, y que se procura “estudiar el proyecto, atender a la demanda social e intentar promover la discusión, tanto en el FA como en el Parlamento”.
El senador socialista Yerú Pardiñas, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo a la diaria que para el FA este proyecto es “prioritario” y que se pretende aprobarlo en marzo o abril en la Cámara de Senadores. Consideró que la iniciativa “es una mejora en cuanto a la normativa que el país tiene para el uso del agua con fines agrícolas” y generará “mayor desarrollo productivo”. “Ahora había vacíos que no daban certezas para las inversiones y por eso no se asumían riesgos. Esto establece claridad y hace un ambiente más propicio para los inversores”, consideró.
Valoró que el proyecto contempla lo productivo pero también “el manejo responsable de un recurso público”, mediante la incorporación del concepto de “caudal ambiental”, que establece que la construcción de cualquier obra hidráulica debe garantizar la disponibilidad de agua. Sobre las críticas a los impactos que tendrá el fomento de la inversión en riego para la calidad del agua, Pardiñas acotó que todos los proyectos deberán contar con una evaluación de impacto ambiental para garantizar la “sanidad” del ecosistema.
Natalia Uval
