Hace años que el ministro de Ganadería y Agricultura insiste con intensificar el riego en la producción de carne, leche, soja, maíz y sorgo. Hace años que el intento rebota contra un muro de opiniones en contra, argumentos que ven en esa promesa de crecimiento productivo una serie de problemas legales, ambientales y sociales.
La idea de intensificar el riego en la actividad agropecuaria a través de proyectos asociativos entre productores e inversores para la construcción de embalses multiprediales tuvo su impulso y su freno en la administración de José Mujica. Sin embargo ahora volvió a cobrar fuerza con la media sanción que le dio el Senado a las modificaciones de la ley 16.858, de riego con destino agrario, que se venían discutiendo desde 2016. El proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara alta el pasado miércoles 5 de julio tiene varios cambios con respecto al primero presentado, pero en concreto persigue los mismos fines –tomar medidas ante el cambio climático e intensificar la productividad de algunos rubros clave (soja, maíz y ganadería, tanto de carne como de leche)– y despierta muchas críticas desde el punto de vista ambiental y también legal, ya que hay quienes sostienen que se trata de un proyecto “claramente inconstitucional” porque implica una “privatización encubierta del agua”.
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