Mientras Uruguay enfrenta una demanda internacional de una empresa estadounidense, la minera Zamin Ferrous (Aratirí) amenaza públicamente con tomar el mismo camino; en ambos casos se amparan en tratados bilaterales de inversión. El gobierno, confiado en salir airoso en ambos casos, sigue apostando a estos instrumentos para atraer inversiones. El partido de gobierno, salvo algunas excepciones, no parece cuestionar la decisión. El caso de Philip Morris mostró que aun ganando, los costos son siempre altos.
La imagen de un país chiquito ganándole un juicio a una tabacalera multinacional del porte de la Philip Morris tiene, sin dudas, una gran carga épica. Pero el valor heroico de la historia, justamente, reside en su excepcionalidad. Son pocas las veces que los estados salen victoriosos de las demandas de empresas privadas ante organismos de resolución de controversias. Por lo general, cuando se trata de tratados bilaterales de inversiones (Tbi) el escenario elegido para dirimir estos conflictos entre inversores y estados es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal arbitral que pertenece al Banco Mundial, y que históricamente ha fallado a favor de los intereses comerciales privados.
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