Unidad Popular (UP) votará en contra, y en el Frente Amplio (FA) algunos diputados no están convencidos, pero igual aprobarán el proyecto de ley que establece incentivos para que empresas privadas externas a la producción inviertan en riego. Académicos de la Facultad de Ciencias y organizaciones como Redes-Amigos de la Tierra y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida advirtieron, cuando el proyecto se estaba debatiendo en el Senado, que esta iniciativa viola el artículo 47 de la Constitución de la República porque habilita la mercantilización del agua. El proyecto prevé la posibilidad de que inversores privados “de otro giro” distinto al sector agrícola se incorporen a las sociedades agrarias de riego (SAR) y que estas empresas puedan acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones.
Las críticas no mermaron la voluntad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que niega que la iniciativa pueda tener consecuencias serias en materia medioambiental y considera este proyecto clave para “aumentar la producción y competitividad del sector agrícola”, según consta en la exposición de motivos. En particular, se apunta a beneficiar a algunos sectores con problemas de riego, como el arrocero. El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre –quien además es productor arrocero–, pretende alejarse de la cartera con esta iniciativa ya aprobada y reglamentada. En diversas intervenciones públicas aseguró que habrá “un antes y un después” de la ley de riego, que esta “duplicará la producción” y que su impacto será comparable a la ley forestal de la década de 1990.
El trámite del proyecto en el Senado fue extenso y requirió varias instancias de discusión en la bancada del FA para acercar posiciones. Además, se recibió en la Comisión de Ganadería de esa cámara a numerosas delegaciones, fundamentalmente vinculadas con la producción y el derecho agrario. Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en el plenario. En la Cámara de Diputados la discusión fue más rápida. El proyecto iba a votarse la semana pasada. La sesión comenzó, pero finalmente la iniciativa no se aprobó por cuestiones de trámite, y será considerada nuevamente el martes a las 16.00. De todos modos, lo poco que duró la sesión de la semana pasada sirvió para dejar claras las posiciones. Todos los partidos políticos, con excepción de UP, aprobarán el texto porque consideran que es un buen instrumento para el sector agrícola.
El diputado frenteamplista Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo) dijo que votaría a favor del proyecto en general, pero aclaró que considera que la iniciativa va “en contra del espíritu” del artículo 47 de la Constitución. Manifestó que le preocupa que se incorporen a la actividad de riego actores “totalmente desvinculados del interés en materia de la productividad y que incorporan el interés por la renta”.
El diputado Carlos Pérez, de UP, resumió la intención del proyecto; a su entender, es “lisa y llanamente la privatización y la extranjerización del agua para riego”. “Cabe destacar que hablamos del agua, un recurso esencial para la vida y estratégico para un proyecto popular, nacional y con soberanía nacional”, agregó. Dijo que esta iniciativa sigue el modelo chileno, en el que “si cruza un arroyo por enfrente, no se puede acceder al agua si no se compra”.
Pérez citó un informe del Banco Mundial que estima que la inversión en infraestructura de riego para un país como Uruguay costaría 27 millones de dólares por año. “No los tenemos en Uruguay, no los tiene el Estado y por eso hay que violar la Constitución y privatizar el agua. Entonces, para consolidar la renta del agronegocio, para estabilizar la producción del agronegocio, hay que abrir las puertas a la inversión privada extranjera. Eso porque no tenemos 27.000.000 de dólares por año”, cuestionó el legislador. “Hay que violar la Constitución, hay que violar la lucha de un pueblo, que laudó con más del 60% de los votos y dijo que el agua tiene que estar en manos del Estado”, insistió.
Último intento
En tanto, un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias y una ingeniera agrónoma elevaron un documento a la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía para solicitarle que se pronuncie sobre la Ley de Riego. Esta comisión, integrada por más de 60 actores, se ha reunido en promedio dos veces por año.
En la misiva, firmada por los investigadores de la Facultad de Ciencias Claudia Piccini, Guillermo Chalar y Luis Aubriot, y por la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian, se sostiene que la iniciativa a estudio de Diputados “se orienta en el sentido contrario a los logros alcanzados en estos 13 años en materia de derechos ciudadanos sobre el recurso agua a nivel nacional, ya que avanza hacia la creación de un mercado del agua que se instrumentará a través de agentes privados de gestión del agua”. “Esto es absolutamente contrario a lo que establece el artículo 47 de nuestra Constitución, que fuera reformado en el año 2004 a través del voto con un 64% de aprobación popular”, advierten los firmantes.
Argumentan que la ley promoverá la generación de embalses, lo que constituye “una amenaza a la calidad del agua superficial” porque fomentará la aparición de floraciones de cianobacterias productoras de toxinas y afectará el funcionamiento de los sistemas hídricos, “lo cual contradice claramente el principio de gestión sustentable comprometido con las generaciones futuras establecido en el recientemente aprobado Plan Nacional de Aguas”. “En esta mercantilización del agua se prioriza el uso de la misma para regar grandes extensiones de cultivos (por ejemplo, de soja) en desmedro de la conservación de este recurso natural que nos brinda servicios tales como agua para potabilizar, pesca, recreación, turismo y educación a todos los ciudadanos”, se señala en la carta.
Los firmantes agregan que la decisión que tomarán los legisladores “favorecerá el surgimiento de problemas de salud pública debidos al establecimiento de floraciones tóxicas en diversas cuencas”, lo que también “elevará los costos para descontaminar el agua para consumo humano”. “Será la población quien, al final, pagará las externalidades de este modelo”, advierten.
Finalmente, recuerdan que la misión de la Comisión de Cuenca del Santa Lucía es “velar por la calidad y cantidad de agua que es la fuente para el 60% de la población uruguaya” y, por tanto, reclaman que ese organismo se oponga públicamente al proyecto, “por revestir una amenaza a la salud pública y ecosistémica”.
