¿Qué tienen en común Farmashop, Philip Morris, Direct TV, Petrobras y Aratirí? Además de ser empresas transnacionales instaladas en Uruguay, todas han iniciado acciones contra el Estado uruguayo para desestimar y/o modificar políticas públicas de nuestro país.
Este es el foco de análisis de una nueva publicación de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay que lleva como título “Culpable hasta que se demuestre lo contrario: amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay” (adjunto abajo). La autora es la licenciada en Ciencia Política e integrante de REDES – AT Natalia Carrau.
“El principal valor de este trabajo es que reúne en un solo documento las amenazas y demandas contra Uruguay de empresas transnacionales, lo que permite observar integralmente un proceso que es sistemático, un modus operandi que tienen esas transnacionales, con la reiteración del tipo de instrumento y los argumentos utilizados”, dice Carrau. “En fin, se puede apreciar en el documento la ingeniería de la operativa empresarial para la supremacía del interés privado en el marco del sistema capitalista”, agrega.
El nuevo informe presenta un análisis en detalle de los casos en los que Uruguay ha sido demandado o amenazado con serlo de parte de empresas transnacionales por implementar políticas públicas dirigidas a proteger, respetar y/o garantizar derechos de la población, o por la toma de decisiones y el establecimiento de regulaciones en ese sentido.
Todas las demandas son posibles por instrumentos concretos que se acuerdan para promover las inversiones, como Tratados de Inversiones firmados por Uruguay con otros países, contratos entre nuestro país y las propias empresas transnacionales para la prestación de determinados bienes y/o servicios, entre otros. El común denominador es que las transnacionales se reservan la prerrogativa de llevar a juicio al país cuando una política o regulación implementada por el Estado y sus instituciones no es de su agrado, o recorta la influencia y el poder que ejercen en el territorio.
Algunas de las transnacionales analizadas iniciaron procesos de demandas contra el Estado uruguayo por la implementación de políticas que consideran que afectan su inversión. Es el panorama habitual del mundo de las inversiones transnacionales, con empresas de gran porte que terminan por ser las decisoras últimas de las políticas que se pueden y no implementar en un país.
La licenciada en Relaciones Internacionales Viviana Barreto, también integrante de REDES – AT, estipula que “con las actuales reglas de juego el poder corporativo actúa como un súper poder, que atropella las reglas básicas de la democracia, impidiendo la implementación de políticas públicas en favor de las mayorías sociales y generando inmensos costos económicos y políticos para los Estados y sus pueblos”.
Por más información:
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Natalia Carrau
natalia@redes.org.uy
099 382 972
