Alimentando a 28 millones de personas
Con motivo del 50 aniversario de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el 11 de diciembre de 2014 se realizó una jornada con exposiciones y reflexiones. En la clausura de la misma el entonces titular del MGAP, Tabaré Aguerre, hizo una exposición en la que vertió varios conceptos. Aseveraba que nuestro país exporta alimentos para 28 millones de personas y expresó el deseo de “pasar de alimentar a 28 millones de habitantes, a alimentar a 50 millones”. La vía para conseguirlo: el aumento de la producción por medio de la «intensificación sostenible». También transmitió algunas preocupaciones: “El crecimiento va a traernos conflictos permanentes con el medio ambiente y la sociedad va a preguntar qué está pasando con el agua, y qué está pasando con el suelo”. Aguerre proponía contestar estas preguntas ‘científicamente’ de lo contrario, sostenía, “vamos a una discusión permanente con cincuenta locos con una pancarta que se basan en el paradigma del uso abusivo del principio precautorio y no se podrá hacer nada”. Aludía a los que se identifican como “ecologistas” a los cuales, según el ex-ministro, hay que responderles con “ciencia” en lugar de contraponerles la pancarta de los “productivistas”(1).
A pesar de apelar a la ciencia, aquel enunciado del entonces Ministro de pasar de alimentar 28 millones de personas a 50 millones, buscaba más un efecto propagandístico que generar certezas científicas. Es así que se convirtió primero en eslogan (utilizado por la institucionalidad gubernamental y por parte del sector privado)(2) y luego en argumento para la formulación de políticas públicas plasmadas en el documento Uruguay Agrointeligente del MGAP(3).
El dato de los 28 millones de alimentados surge de un cálculo bastante simple que admite cierta crítica “científica”. En un trabajo en vías de publicación(4), el Ing. Agr. Alberto Gómez muestra las debilidades del cálculo y las sobre-estimaciones en las que incurre. Para hacerlo sencillo, si solo se tomase en cuenta que antes de alimentar a una persona buena parte de los granos que exporta Uruguay pasan por un cerdo o un ave, las calorías efectivamente destinadas a la alimentación humana se reducen y el cálculo baja de 28 a 19 millones de personas. Otro dato interesante de aquel trabajo es que Uruguay produce solo el 50% de las frutas y verduras requeridas para cubrir las cantidades mínimas recomendadas para una alimentación saludable de su población, ergo nuestra producción es deficitaria para alimentar saludablemente a nuestros 3,3 millones de habitantes.
Para complejizar el análisis, podrían considerarse los procesos estructurales vinculados a la exportación de nuestros alimentos. Téngase en cuenta que el rubro agrícola de exportación más relevante, la soja, tiene como principal destino China; en 2017 el 83% de las exportaciones de la oleaginosa tuvo ese destino(5). El gigante asiático aumentó gradualmente sus importaciones de soja a partir de 1997 para convertirse en el principal importador a nivel mundial. Esto responde a una política planificada tanto de la producción como de migración interna desde ciertas zonas rurales hacia ciudades costeras(6). La sociedad china pasó de ser rural a urbana de forma drástica; en 1990 la población urbana representaba el 26,2% (296,5 millones de habitantes), mientras que en 2015 era el 56.1% (771,2 millones)(7). Esta gran migración implicó cambios en los patrones de consumo y las formas de proveerse de alimentos(8) y reconfiguró la estructura productiva. Hoy China desarrolla sus sectores secundarios y terciarios de la economía e invierte en otras regiones del mundo, como la nuestra, para abastecerse de productos primarios. Los cambios estructurales que se han dado en nuestro país como consecuencia de la expansión agrícola denotan una reprimarización de nuestras exportaciones(9) lo cual está fuertemente vinculado a los cambios en la economía China. Por esto, además de preguntarse cuantas personas alimentamos con las calorías que producimos, sería relevante preguntarse qué procesos estructurales alimentamos con nuestra producción.
Utilizar un dato con débil base científica y que aporta escasa información como sostén de su discurso, no parece lo más acertado para quien afirma que es necesario generar confianza con base en datos científicos. Al menos claro, que esto último se diga pour la gallerie.
Intensificación sostenible
“La sostenibilidad del crecimiento y desarrollo del país se deberá alcanzar a través de un manejo sustentable del suelo, la cubierta vegetal, la biodiversidad y el agua. La intensificación sostenible de la producción se alcanza fomentando la innovación y la tecnología, para el desarrollo de una política inteligente para el sector”. Este párrafo da apertura a la sección ‘Intensificación sostenible’ del documento Uruguay Agrointeligente del MGAP. El término ‘intensificación’ aplicado a la agricultura despierta en general la alarma de la degradación ambiental, por esto el esfuerzo denodado del MGAP de posicionar el concepto de ‘intensificación sostenible’.
“Los uruguayos tienen una percepción profundamente negativa del sector agropecuario, que se sustenta en los procesos de concentración y extranjerización de la tierra, en las injusticias sociales y en las prácticas productivas que intensifican la contaminación y el mal uso de agroquímicos”. Esta frase del periodista Samuel Blixen deviene del análisis de un informe encargado por el MGAP a la consultora Equipos sobre la opinión de los uruguayos acerca de problemáticas agropecuarias(10). Esta percepción le impone al MGAP el desafío de revertir la asociación que la gente hace, en base al sentido común, de la intensificación de la producción con el aumento en la contaminación. Tarea difícil que, según las declaraciones de Aguerre en el 50 aniversario de OPYPA, se asumirá con “ciencia”.
Lo cierto es que el proceso de intensificación de la agricultura que se produjo a partir del 2000 en Uruguay, trajo serios problemas ambientales y sus efectos han perjudicado el suelo, la cubierta vegetal, la biodiversidad y el agua. El establecimiento de sistemas de agricultura continua implicó un retroceso en el manejo de los agroecosistemas evidenciado en el deterioro de los suelos, en particular en aquellos con mayor riesgo de erosión. A partir del 2013 el MGAP comenzó a exigir la presentación de Planes de Uso y Manejo del Suelo a quienes realizan más de 50 has de agricultura, lo cual apunta a la sostenibilidad de los sistemas de agricultura continua. La implantación de cultivos protectores ha sido adoptada con mayor frecuencia desde entonces(11).
Sin embargo la preponderancia del monocultivo de soja y el abandono de las rotaciones de agricultura con pasturas no se ha revertido (en la zafra 2016/2017, 91% del área ocupada con cultivos agrícolas de verano correspondió a soja y luego de la cosecha solo el 7% del área fue destinado a rotación con praderas y forrajeras anuales)(12), lo cual cuestiona la sostenibilidad del sistema. El uso del paquete asociado al cultivo de soja compuesto por semillas transgénicas tolerantes a glifosato, siembra directa y herbicidas contribuyó al aumento en el uso de estos últimos. Como consecuencia entre 2000 y 2014 (período de constante crecimiento de la agricultura) mientras el área de agricultura se multiplicó por 4, los volúmenes de importación de herbicidas se multiplicaron casi por 8, con una alta participación del glifosato. Se suma a esto que la aplicación de insecticidas no ha disminuido en intensidad, acompañando el aumento del área agrícola y que lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes. Esto tiene efectos negativos sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas, la calidad de nuestras aguas y la salud de la población(13). Lamentablemente no ha existido un esfuerzo desde el Estado por monitorear los impactos en el ambiente y la salud de la población de este proceso de expansión e intensificación de la agricultura. Por esto se cuenta con pocos datos científicos generados a nivel local para debatir sobre la temática.
Innovación, tecnología y transgénicos
Con relación al «fomento de la innovación y la tecnología» para lograr la ‘intensificación sostenible de la producción’, desde el MGAP se ha asociado el uso de cultivos transgénicos con estos propósitos. Esto queda claro en la fundamentación de la aprobación, en diciembre de 2017, de un nuevo evento transgénico en maíz: “Se identifican beneficios económicos y estratégicos para el desarrollo de un ‘Uruguay productivo’ que van en la misma línea de las políticas del país respecto a apoyar la investigación, innovación, creación de conocimiento y nuevas tecnologías…”(14). Este maíz transgénico, además de ser tolerante a glifosato, presenta la novedad de ser tóxico para un insecto (Diabrótica speciosa) que no es plaga de importancia del maíz en Uruguay. Junto a este se aprobaron otros tres eventos transgénicos, uno en maíz y dos en soja. Todos presentan tolerancia a uno o varios de los siguientes herbicidas: glifosato; 2,4 D; dicamba y glufosinato de amonio. Quien autoriza el cultivo de nuevos eventos transgénicos es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, compuesto por los titulares de seis ministerios. De estos, fueron cuatro los que firmaron estas autorizaciones (los ministros de Ganadería Agricultura y Pesca, Industria Energía y Minería, Economía y Finanzas, y Relaciones Exteriores) en contra de la opinión de los ministros de Salud Pública (MSP) y Medio Ambiente (MVOTMA) que se negaron a hacerlo. Los argumentos científicos presentados por el MSP y el MVOTMA que desaconsejaban la aprobación de todos estos eventos no fueron tenidos en cuenta, primando los posicionamientos políticos(15).
Esta adhesión política al uso de cultivos transgénicos no está en consonancia con la idea expresada por Aguerre de enfrentar las pancartas de los ecologistas con argumentos científicos. De hecho, a más de 20 años de la aprobación para cultivo del primer evento transgénico en Uruguay (la soja RR tolerante a glifosato), el Estado no ha conducido ningún estudio de monitoreo de los impactos ambientales que produjo el desarrollo de estos cultivos. El 100% del área sembrada con cultivos transgénicos en Uruguay (soja y maíz) en la actualidad corresponde a cultivos tolerantes a herbicidas, en particular a glifosato. Un 18% de esa área expresa además toxinas que actúan sobre ciertas lagartas que son plaga de estos cultivos(16). El uso de esta tecnología, además del pronunciado aumento en la intensidad de uso de glifosato, concitó la aparición de malezas tolerantes a este herbicida. Esto planteó la necesidad de utilizar mezclas de herbicidas para combatir las malezas, por lo que se desarrollaron cultivos transgénicos con múltiples tolerancias a herbicidas aún más tóxicos y antiguos que el glifosato, como los recientemente aprobados. ¿Es este el camino hacia la intensificación sostenible? ¿Tiene esto alguna relación con “apoyar la investigación, innovación, creación de conocimiento y nuevas tecnologías”? El sentido común y los datos de la realidad nos indican que no, a menos que el MGAP tenga alguna demostración científica de lo contrario.
Téngase en consideración que ninguno de los cultivos transgénicos que se usan a nivel comercial en Uruguay es producto de la investigación, innovación o creación de conocimiento nacional. Todos pertenecen a multinacionales que ostentan derechos de propiedad intelectual sobre su uso y los cobran por medio del sistema de Valor Tecnológico de URUPOV(17). Las ventajas en su uso se vinculan a la simplificación en el manejo de cultivos de gran escala al posibilitar un uso más intensivo de herbicidas. Si con la intensificación sostenible se quiere alcanzar “un manejo sustentable del suelo, la cubierta vegetal, la biodiversidad y el agua”, entonces los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas son la herramienta equivocada.
Cuando la ciencia no colabora
Con motivo del debate sobre la Ley de Riego, uno de los ejes centrales del proyecto Uruguay Agrointeligente, un grupo de científicos del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República emitió un comunicado haciendo severas críticas a la ley relacionadas con sus aspectos ambientales. El comunicado se convirtió luego en documento en el cual los investigadores afirman que “desde el punto de vista científico, la evidencia es clara: el mayor impacto actual sobre la calidad del agua de la mayor parte de nuestros ecosistemas acuáticos se debe a la actividad agrícolaganadera. El modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego, exacerbará significativamente la problemática”(18). Previamente la Sección Limnología de Facultad de Ciencias se había pronunciado en contra del proyecto de ley promovido por el MGAP, afirmando entre otras cosas que «este proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala».
Esta vez el MGAP no se vio enfrentado a “50 locos con una pancarta” autodenominados ecologistas, sino a la academia, a los portadores de la “verdad científica”. Ante la imposibilidad de legitimarse por medio de la ciencia, el MGAP recurre primero a descalificar a los científicos y luego a deslegitimarlos ideológicamente. El entonces Ministro Aguerre afirmó en declaraciones públicas que “si discutimos estos temas sin saber de lo que estamos hablando, o con una visión estereotipada, es difícil” haciendo referencia a las críticas de los académicos. En declaraciones de prensa, la titular de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP califica de elitistas, conservadores y de derecha a los científicos que critican la ley de riego(19). En respuesta un grupo de docentes universitarios envió una carta abierta al ministro Aguerre(20) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) emitió una declaración manifestando su malestar por los comentarios de la jerarca de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP(21).
La ciencia en debate
“Con mucha preocupación notamos que cada vez es más frecuente la deslegitimación a la academia y a investigadores de la UdelaR en particular, cuando en cumplimiento del Artículo 2 de la Ley Orgánica éstos manifiestan preocupación y hacen aportes sobre aspectos de gran relevancia para el presente y futuro del país”. Con esta frase culmina la nota de ADUR dirigida a la opinión pública con relación a las polémicas suscitadas por los debates de la Ley de Riego.
El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República establece entre sus fines “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”. Este mandato implica defender valores y principios y por tanto asumir una concepción de ciencia comprometida con su contexto social. Es en este compromiso y en la aplicación del método científico para producción del conocimiento donde radica la legitimidad de la “verdad científica”, la cual está inexorablemente condicionada por el contexto social, cultural, histórico e institucional en que se produce y por tanto sujeta a tensiones, conflictos e intereses. Es por esto que la “verdad científica” nunca es absoluta y definitiva y está sujeta a permanente debate.
Pablo Galeano es es Licenciado en Bioquímica por la Universidad de la República (UdelaR, Uruguay). Es docente e investigador del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química, Udelar. Miembro del Núcleo Interdisciplinario Colectivo TA de la Udelar el cual aborda temáticas vinculadas a los modelos de producción de alimentos. Además es miembro de la organización REDES-AT y de la coordinación de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. Integra la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
Notas:
(1) Puede encontrarse la exposición de Tabaré Aguerre en: El desarrollo agropecuario y agroindustrial de Uruguay: Reflexiones en el 50 aniversario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA-MGAP) pags 73-76. Disponible en: http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Libro-50AniversarioOPYPA.pdf
(2) Ver por ejemplo: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-enfrenta-el-desafio-de-producir-alimentos-para-+cincuenta-millones-de-personas; o el video sobre el sistema nacional de bioseguridad http://www.sistemanacionaldebioseguridad.gub.uy/qu-es-y-cmo-funciona-el-sistema-nacional-bioseguridad; o las declaraciones del gerente Bayer para Latino América https://www.pressreader.com/uruguay/b%C3%BAsqueda/20170629/281767039253043
(3) Uruguay Agrointeligente. Los desafíos para un desarrollo sostenible. MGAP, 2017. Disponible en: http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/libro_completo_con_hipervinculos.pdf
(4) Gómez Perazzoli, Alberto. Uruguay: país productor de alimentos para un sistema alimentario disfuncional. En vía de publicación en la revista Agrociencia.
(5) Instituto Uruguay XXI. Oportunidades de inversión. Marzo 2018.
(6) Martínez Rivera, Sergio. Transformaciones territoriales en las economías emergentes: los casos de México y China. En: América Latina y el Caribe y China. Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017. Ed. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México 2017.
(7) Liu Sun Xuedong La expansión de la mancha urbana y la desincorporación del suelo colectivo, un análisis comparativo entre China y México. En: América Latina y el Caribe y China. Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017. Ed. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México 2017.
(8) Trápaga, Yolanda. China y América Latina: complementarios en un modelo depredador de producción porcícola. En: América Latina y el Caribe y China. Recursos Naturales y Medio Ambiente 2017. Ed. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, México 2017.
(9) Ver ‘Los cambios detrás de los cambios: tendencias recientes en el agro uruguayo.
(10) Ver nota “Sin atajos bucólicos”. Samuel Blixen. Semanario Brecha, 29/9/2017.
(11) Como dato, mientras que en la zafra 2009/2010 el área que quedó en barbecho sin cobertura representó el 36% del área cosechada de soja, en la zafra 2016/2017 este porcentaje fue del 7,5%.
(12) Datos de MGAP-DIEA.
(13) Algunas informaciones pueden ampliarse en las siguientes publicaciones: i- Intensificación Agrícola: oportunidades y amenazas para un país productivo y natural. Ed. CSIC – Udelar, Montevideo, 2010. ii- Plaguicidas: Salud y ambiente. Experiencia en Uruguay. Burger M. y Pose-Román D. UdelaR – RETEMA, REDES-AT, 2012. iii- 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay. Galeano P., Carrau N., Bianco M., Nansen K. REDES-AT, 2017.
(14) Resolución del GNBio N° 72. 15/12/2017.
(15) Ver por ejemplo la carta de la ARU agradeciendo al presidente Tabaré Vázquez por la aprobación de estos eventos: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/carta-vazquez-aru
(16) Datos obtenidos de ISAAA, 2016.
(17) http://www.urupov.org.uy/sitio/html/quienesSomos
(18) Documento disponible en: http://www.cure.edu.uy/sites/default/files/%21consecuencias%20ambientales%20ley%20de%20riego_0.pdf#overlay-context=leyderiego%3Fq%3Dleyderiego
(19) Ver nota: Jerarca del MGAP criticó la visión “de derecha, muy conservadora” de universitarios que cuestionan la Ley de Riego. La diaria, 3/09/2017.
(20) http://www.busqueda.com.uy/nota/carta-abierta-al-ministro-de-ganaderia
(21) http://www.uypress.net/auc.aspx?82208
