Hemisferio Izquierdo (HI): ¿Qué debemos entender por bienes comunes y cuál es su relevancia? ¿Lo común y lo público son la misma cosa?
REDES-Amigos de la Tierra de Uruguay (REDES-AT): Definir que entendemos por bienes comunes es muy complejo.
La defensa de los “bienes comunes” es hoy una reivindicación fuerte de muchos movimientos sociales. Ella incluye tanto elementos indispensables para la vida, como el agua y las semillas, como los “servicios públicos”. Esta lucha denuncia que el fundamentalismo del mercado amenaza con destruir la vida en los territorios, los bosques, el agua, el planeta mismo, cuestionando la mercantilización y la lógica perversa de un desarrollo que está destinado a agrandar los bolsillos de los poderosos, sino también demostrando que es posible cambiar las cosas desde abajo, desde los conocimientos de los pueblos, desde el trabajo de las mujeres y campesinos, y desde la gestión local.
Debemos pensar en un cambio de paradigmas del desarrollo, recuperando las propuestas de los bienes comunes, la economía del cuidado, el decrecimiento y las transiciones.
Lo común y lo público son la misma cosa. Podríamos tomar la discusión que vivimos dentro de la Vía Campesina en relación a las semillas y definimos que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. También podemos poner el ejemplo de bienes naturales esenciales para la vida, como el agua, el aire, la tierra, que no deben ser privatizados, deben ser públicos y en su gestión se debe priorizar el interés general sobre el interés particular.
En Uruguay, la garantía es que los bienes comunes (los bienes naturales, los servicios públicos) son públicos, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros países de la región; en especial por la presencia del Estado. Destacar que el pueblo uruguayo ha defendido esos bienes comunes a través de iniciativas populares (como recolección de firmas, referéndum), para poner los bienes comunes en manos del Estado, pero como ‘cosa pública’.
Ahora bien, con el tema de la propiedad privada, los bienes naturales y el uso de la tierra, de los suelos, se pierde muchísimo. En ese sentido es importante incorporar el debate sobre la propiedad, en esa lógica de concebir lo público, como aquello que no es apropiable por intereses privados, o que esa propiedad privada tiene que mediar el bienestar público como un valor fundamental; el interés general sobre el interés particular.
En el artículo 47 se definió el agua como bien natural común, priorizando el uso público por sobre los intereses privados.
Dudas entre bienes comunes y lo público. Porque los bienes comunes tienen atrás la idea de lo comunal (un grupo de gente que, de alguna manera, ha mantenido ese bien) y ¿cómo eso se vincula a lo público?, que no es lo mismo porque remite más a que el Estado está detrás de lo público. Lo público es un garante.
Están esas dos perspectivas: una que refiere más hacia lo comunitario, y otra hacia que son bienes que no son de nadie y son de toda la humanidad. Pero también se ha dado el debate que al no ser de nadie y ser de la humanidad, quién los protege de los grandes intereses, al no existir un Estado garante. Hay diferencias por ejemplo entre las semillas como de patrimonio de la humanidad y que determinados territorios estratégicos sean patrimonio de la humanidad, es un peligro, es muy difícil y complejo el debate.
Cuando nos damos el debate del agua, a nivel de Amigos de la Tierra -donde ‘lo comunitario era el garante’-, si llevábamos ese debate acá (en Uruguay), en lo comunitario más chico -que podía ser un municipio o una intendencia- no teníamos un garante para que la sociedad capitalista no se apropiara de ese bien. Entonces el garante máximo tiene que ser el Estado para que no entre el mercado y acabe privatizándose.
En el caso de Semillas: ¿No hay transferencia del Estado, al papel comunitario? ¿Cómo generar autonomía en los poderes comunitarios? Hay algo de eso en la ley de ordenamiento territorial, pero después se encuentra con inconsistencias a nivel nacional.
En nuestra historia nacional, para nuestro marco institucional histórico, lo común y lo público se asimilan. En especial en el ejemplo del agua, que se puede decir que es un bien común y es pública; pero en lo que refiere a semillas, ahí cambia. El tema es cuando se mercantiliza lo público.
El Estado puede entrar a torcer para definir cuando un bien común es público o puede ser mercantilizado. Ahí es donde entra a jugar la cuestión de la profundidad de las democracias y de la correlación de fuerzas sociales para asegurar que el Estado sea conducido en beneficio del pueblo.
Entonces, ¿qué entendemos por bienes comunes? Porque hay determinadas cosas que son estratégicas para la vida que no pueden entrar en un mercado. Esos bienes son los que necesitamos para sobrevivir y otros también necesitan para sobrevivir (la semilla, la alimentación…). El tema es si la protección está en lo comunitario o en lo público, según cada realidad. ¿Cómo logras ese equilibrio? Porque cuando el mercado se apropia de esas cuestiones, los que perdemos somos todos.
En esta fase el sistema capitalista está intentando que todas las esferas de la vida y la naturaleza se incorporen poco a poco al mercado, nosotros rechazamos la privatización, mercantilización y financiarización de todos los aspectos de la vida -naturaleza, agua, trabajo, alimentos- que el modelo neoliberal intenta implementar a través de la economía verde, proceso por el cual invaluables y complejos territorios de vida son reducidos a commodities atribuyéndoles un precio, intentando poner los territorios bajo un control ambiental corporativo, que se considera como una buena oportunidad de negocio, poniendo como escusa la crisis ambiental que ellos mismos produjeron. Esta visión implica una redefinición de la naturaleza entendida como una serie de unidades que pueden ser transables en el mercado, así como la mercantilización de las funciones y los procesos que hacen posible la vida.
La naturaleza o los ecosistemas se conciben como prestadores de servicios ambientales que tienen que adquirir un valor monetario para ser valorados. El único valor que se reconoce es el de mercado. Todo ello significa un cambio radical en la concepción de la naturaleza y de sus funciones, que los convierte en servicios y mercancías. Además, de esta forma se van consolidando los derechos de propiedad privada sobre esos componentes y servicios de la naturaleza, ya que en la medida que existe la posibilidad de ponerle un valor y comercializarla en el mercado, también se pueden adquirir derechos privados sobre esa naturaleza. Así ha ocurrido en muchos de nuestros países con la privatización del agua, de la biodiversidad, el acaparamiento de tierras, que son diferentes procesos de privatización de la naturaleza.
Se nos va imponiendo crecientemente esta visión del capital natural, la naturaleza como capital. Al mismo tiempo, en la medida en que el sector financiero adquiere mayor poder en la economía mundial, el proceso de especulación se vuelve sumamente potente. Como el capital quiere recuperar la tasa de ganancia o incrementarla, ha decidido incorporar a la naturaleza y sus funciones en el circuito de acumulación. El capital, sobre todo el capital financiero, pretende controlar nuevas dimensiones de la vida humana, pero también la naturaleza, y se van generando distintos mecanismos -como sistemas de compensación, bonos de naturaleza, bancos de naturaleza- de tal forma que la naturaleza se va convirtiendo en créditos, en bonos, en activos financieros que pueden ser objeto de especulación en el mercado financiero mundial. Eso conduce necesariamente a una pérdida de derechos.
Dentro de esta lógica existen, por ejemplo, mecanismos como el denominado REDD, para la reducción de las emisiones de carbono producto de la deforestación y la degradación de los bosques. Somos muy críticos de ellos. ¿Por qué? Porque por un lado, a los pueblos ya no se les reconoce su derecho sobre los bosques como bien común y no tienen derecho a decidir cómo gestionarlos, porque el bosque pasa a ser un sistema para capturar y almacenar carbono. Por otro lado, es una forma de desviar la atención. En lugar de resolver la crisis climática y abordar el problema en su origen y sus causas estructurales, lo que hace es buscar una supuesta solución que permite a quienes son responsables de la crisis, no solo no hacer nada para resolverla, sino lucrar con ella. Es decir, se genera un nuevo negocio a partir de la crisis. Permite al Norte y sus empresas transnacionales, que finalmente son responsables históricos de esta crisis climática, eludir su responsabilidad y evitar tener que dar respuesta, y determina que sea el Sur quien haga el ajuste estructural necesario para enfrentar la crisis.
Como bien sabemos, la diversidad está íntimamente ligada a los conocimientos locales desarrollados históricamente por los pueblos en su interacción con la naturaleza. Hoy se reconoce a nivel internacional la importancia de dichos conocimientos, pero al mismo tiempo hay intención de avanzar en su privatización, por lo que hay que estar muy alertas.
Desde nuestra perspectiva estamos convencidos de que la política pública y la socialización del conocimiento juegan un papel central en la defensa de los bienes comunes.
Hoy existe por ejemplo en Uruguay, una disputa en torno a la aprobación de eventos transgénicos y la problemática de la contaminación transgénica, que es un atentado al derecho de quienes guardan y conservan semillas criollas y contra la soberanía alimentaria. En esta disputa, en la que se manifiestan diversas visiones a nivel del Ejecutivo, es necesario fortalecer la voz de las organizaciones y movimientos sociales que defienden las semillas criollas e impulsan la agroecología y la soberanía alimentaria. Debemos defender una política pública que garantice derechos a la sociedad.
En lo que respecta al marco regulatorio de la gestión de la biodiversidad, es necesario mantener un diálogo que nos permita diseñar políticas públicas que cierren el paso al proceso de apropiación privada del territorio y la lógica de la economía de mercado. Cuando se diseña la estrategia de biodiversidad, tenemos que impedir la privatización y mercantilización de la naturaleza.
HI: ¿Cómo evaluar el llamado ciclo progresista en América Latina tomando en cuenta su vínculo con los bienes comunes?
REDES-AT: En primer lugar apuntamos la dificultad de responder esta pregunta partiendo de categorías tan generalistas como “ciclo progresista” como algo casi homogéneo para una región como América Latina y el Caribe.
Nosotros defendemos los logros de los gobiernos progresistas o de izquierda en lo que refiere al avance en materia de derechos. En Uruguay se avanzó en derechos sociales, políticos y económicos.
Eso no quita que el modelo contradice algunas cuestiones de los derechos, en términos más profundos, que no se están teniendo en cuenta: el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, derechos que están siendo violentados por un modelo de acumulación capitalista en el que América Latina sigue proveyendo materias primas. Entonces, quizás decir que, a pesar de los avances, se siguen manteniendo intactas ciertas dependencias.
¿El ciclo progresista hizo que se quebrara con ciertas inercias o consolidó ciertos procesos?
En el tema derechos hubo un quiebre y mejoraron algunas cosas, pero en la relación con los bienes comunes se siguió con lo que se venía.
Una de las críticas que organizaciones como la nuestra tienen que hacer es que, incluso desde el punto de vista estratégico e ideológico, (los gobiernos progresistas) no tuvieron un desarrollo de acuerdo a los ideales que pregonan. Porque en relación a los bienes comunes no hubo un quiebre sino más bien seguir con lo que se venía: basar el modelo económico en el extractivismo y en la privatización de lo que serían los bienes comunes; aunque en algunos países se nacionalizaron servicios. Pero lo que es seguro es que no rompieron la lógica mercantil de los bienes naturales.
Quedamos encerrados en ser proveedores de materias primas y, más allá de que es una discusión en sí misma cómo a veces se hace referencia a ‘las izquierdas’ y los ‘gobiernos progresistas’ como sinónimos, durante los ‘ciclos progresistas’ tampoco se hizo mucho esfuerzo a nivel regional para construir algún tipo de alternativa.
Y el hecho de que en la integración no se generaron nuevas ideas, durante el ciclo progresista se ha estado comprando, cada vez más, lo que viene de afuera. Tampoco han generado propuestas para revertir procesos que se venían dando sino que, en tanto la estrategia es la inversión extranjera, con lógica de corporaciones, no han frenado esas iniciativas para construir algo diferente.
En los temas ambientales tuvimos un retroceso en cuestiones que habíamos, por lo menos, logrado frenar con gobiernos anteriores porque entendíamos que no se podía avanzar en esa dirección. Cuando se trata de la preservación de ciertos bienes naturales, ahí se apretó el acelerador y no se ha podido revertir, ni poner un alto a los transgénicos, ni a los paquetes tecnológicos impuestos, y eso tiene un impacto en los bienes naturales.
Genera un poco de ambigüedad porque, por ejemplo, en Brasil, durante el gobierno del PT, hubo un intento de frenar, o al menos limitar, el agronegocio. Y lo primero que hizo Temer fue cambiar eso y acelerar el proceso inverso.
Con la UNASUR o la CELAC se intentó romper con esa dependencia y generar otros procesos más latinoamericanos, en especial en los países donde hubo procesos de nacionalización fuertes y donde realmente se buscó poner un freno, pero la nacionalización no es la des-mercantilización. También en el MERCOSUR se postularon objetivos de generación de cadenas de producción regionales, en procura de caminos para avanzar a una matriz de producción menos dependiente de los extractivismos. Desde las izquierdas faltó poner límites a la mercantilización de los bienes comunes, a la concentración de la tierra, o hacer planteos de manejos más comunales de esos bienes.
Hay muchos que quieren decir que la profundización de ciertas dependencias y del modelo extractivista fue por el ciclo progresista, pero eso es una trampa y, además, no debería vincularse esta idea a una suerte de “fin de ciclo”. Y la idea no sería que el ciclo progresista se sostiene mientras hay gobiernos de izquierda o progresista, sino que el ciclo progresista es el resultado de la movilización popular histórica, en los últimos años por ejemplo, contra el ALCA (que venía a privatizar y a mercantilizar absolutamente todo) y llevó a que partidos que estaban más cercanos a los movimientos llegaran al gobierno, que no significó -necesariamente- que tuvieran todo el poder. De todos modos, hubo un debe en cambiar profundamente el modelo de acumulación capitalista, pero esto sabemos que tiene que ver con la historia de América Latina, de prácticas colonialistas y con una lógica de acumulación muy arraigada que atenta contra los bienes comunes.
HI: ¿Qué desafíos organizativos y programáticos tiene una izquierda que tome la defensa de los bienes comunes como bandera? ¿Es posible avanzar hacia un programa que desmercantilice los mismos?
REDES-AT: Hoy no están tomando como bandera la defensa de los bienes comunes porque, si así fuera, tendrían que estar formando gente para que participe en los comités de cuencas, en mesas de desarrollo territorial, donde puedan ejercer la ciudadanía o el derecho soberano de administrar sus propios bienes. En lo programático está, pero no hay una intención de que eso ocurra en lo concreto, por lo menos en Uruguay.
Desafíos: desarrollar capacidad de diálogo, no tanto en una lógica electoral para sostener gobierno. Y luego generar, promover y ser responsable en sostener un clima de diálogo con sectores y organizaciones que estamos generando esta agenda. Debate amplio, democrático, sin lógica necesariamente productivista, que reconozca el valor de los actores locales… que vuelva un poco a las raíces. Tener como referencia y realizar alianzas con los sectores populares y no con los grandes capitales. Cuidando el marco regional.
Desafíos: salir de la lógica de que temas ambientales son una traba para los desarrollos locales.
Mientras no salgamos de la lógica de atracción de inversión extranjera por medio de acuerdos de inversión y contratos Estado – Empresas (como el reciente Contrato con UPM) va a ser muy difícil pensar en la desmercantilización de los bienes comunes y en tomar estos como bandera, porque esos acuerdos nos limitan en la posibilidad de realizar un cambio de timón en el uso de los bienes naturales y en el destino de los mismo.
Un ejemplo, si tuviéramos que redefinir el uso de la tierra en determinadas cuencas, “para priorizar el agua para consumo humano, que para otros fines” como lo establece el Artículo 47 de la Constitución, no dejando forestar más las nacientes de la cuenca del Santa Lucía por ejemplo, que abastece al 60 % de la población uruguaya de agua potable o inclusive retirando forestación de esa zona para cumplir con la constitución cuando habla de “restauración de la naturaleza”, dado que hay mucha evidencia científica y países que prohíben plantar en nacientes de cuecas por el impacto directo en la reducción del caudal de agua. Si UPM o Montes del Plata tienen tierras forestadas o para forestar en esa zona estamos atados por acuerdos de inversión, no podríamos tomar esas medidas, porque serían consideradas como cambios en las reglas de juego y nuestro Estado podría ser demandado ante tribunales internacionales. Es necesario discutir el paradigma dominante en las negociaciones internacionales.
El mundo se enfrenta a muchos desafíos interconectados que representan una amenaza para la vida y los medios de sustento de miles de millones de personas: el cambio climático, la crisis energética mundial, la crisis de la biodiversidad, la crisis del sistema agroalimentario y las crisis de desigualdad e injusticia. No podemos hacer caso omiso de la magnitud de los problemas que debemos afrontar.
No podemos esperar que nos imponga el capital una transición con las consecuencias que ya conocemos, debemos pensar en una transición para nosotros, una transición justa que debe basarse en el cambio de sistema y debe implicar un cambio en las relaciones de poder.
Desde Amigos de la Tierra entendemos que es imprescindible cambiar el sistema. Esto implica que desde hace años luchamos por un mundo social y económicamente justo. Cuando hablamos en ATI de cambio de sistema decimos: Nuestra visión es de un mundo pacífico y sustentable basado en sociedades que viven en armonía con la naturaleza. Queremos una sociedad de personas interdependientes que vivan con dignidad y en plenitud, en la que se respete la equidad y los derechos humanos y de los pueblos. Será una sociedad fundada en la soberanía y la participación de los pueblos. Estará basada en la justicia social, ambiental, económica y de género, libre de todas las formas de dominación y explotación tales como el neoliberalismo, la globalización, el neocolonialismo y el militarismo.
Creemos que debemos cambiar la forma en que cultivamos nuestros alimentos, cómo manejamos nuestros bosques, cómo tratamos a nuestros ríos, cómo generamos nuestra energía y cómo vivimos juntos como comunidad global.
El auge de la derecha es un desafío importante para la transición. Este avance de la derecha en muchos lugares del mundo (Brasil, Filipinas, Estados Unidos, India, partes de Europa, etc.) está agravando los problemas de reducción del espacio político de la sociedad civil y está envalentonando a las empresas transnacionales para la apropiación y mercantilización de los bienes comunes.
Para que la transición sea justa debemos cambiar las relaciones de poder que mueven actualmente al sistema dominante. En lo que hace por ejemplo a la energía, no sólo debemos avanzar en pos de prescindir de los combustibles fósiles. También debemos avanzar hacia un mundo, una sociedad, una economía que nutra a la gente y el planeta, construido en base a la cooperación, resiliencia y los derechos de los pueblos y las comunidades. Debemos pensar en la restauración ecológica. Debemos rechazar las falsas soluciones que perpetúan el mismo modelo extractivista de siempre.
Para ir cerrando y pensando en políticas para impulsar la desmercantilización de los bienes comunes, con el escenario planteando anteriormente, lo mejor es traer una experiencia nuestra, de Uruguay como la Red de Semillas Criollas y Nativas como ejemplo de avance hacia experiencias alternativas para pensar en esa necesaria transición a un modelo alternativo.
La Red de Semillas está conformada por más de 250 predios familiares, involucrando a más de 350 productores y productoras distribuidos en los departamentos de Montevideo, Maldonado, Colonia, Paysandú, Cerro Largo, Durazno, Canelones, Rocha, Tacuarembó, Treinta y Tres, Lavalleja, San José, Salto y Artigas. Además y desde su creación, la Red está integrada por Redes Amigos de la Tierra – Uruguay- y por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
El objetivo principal es el rescate y revalorización de variedades criollas o tradicionales, para aumentar la disponibilidad de semillas para la producción familiar –ya sea para el autoconsumo o el abastecimiento de mercados locales- en el marco del fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
En la práctica esto se realiza construyendo un reservorio vivo común de semillas, donde cada familia, grupo o persona integrante de la Red pone a disposición del colectivo su acervo fitogenético y sus conocimientos asociados, por medio del relato de su experiencia, la transmisión de conocimientos y el intercambio de semillas con otros/as integrantes.
Existe una gran diversidad de sistemas de producción participando en la red, desde predios rurales con una importante proporción de la producción destinada al mercado local o interno, hasta huertas urbanas o suburbanas cuya producción se destina totalmente al autoconsumo. A su vez, existen lazos y formas asociativas que incorporan a parte de los/as integrantes de la Red, como Cooperativas o grupos que comparten maquinaria, etc.
Más allá de la diversidad, el común se trata de Emprendimientos Familiares, es decir, predios en los que se apela exclusivamente o casi exclusivamente al trabajo familiar como principal fuerza productiva. Y además se comparte una fuerte valoración de las semillas, en particular las de variedades criollas, que son aquellas que tienen un antiguo arraigo en el medio, tanto por su relevancia incuestionable para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, como por su valor afectivo y cultural.
Esta experiencia ha sido posible en Uruguay porque no se persigue a quienes reproducen semillas, como en otros países, pero no hemos logrado proteger esas semillas de la contaminación transgénica, como es el caso del maíz. Para garantizar derechos fundamentales hay que garantizar que el territorio sea sano, por esto entendemos que es importante la promoción de la agroecología como política pública.
Frente a esta necesidad de una política pública de promoción, fomento y apoyo a la agroecología y la soberanía alimentaria, que contribuya a la producción de alimentos sanos, la conservación de los agroecosistemas y los bienes naturales -con especial énfasis en el cuidado de los suelos y el agua- y la protección y aumento de la biodiversidad, la Red de Agroecología, la Red de Semillas Nativas y Criollas y el capítulo uruguayo de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), unieron esfuerzos para impulsar un Plan Nacional de Agroecología (PNA).
Las organizaciones involucradas en espacios participativos han definido una serie de instrumentos y líneas estratégicas:
– Aprobación e instrumentación de un marco legal adecuado que promueva, fomente y proteja el derecho a producir en forma agroeocológica y a una alimentación sana.
– Diseño y aplicación de un sistema tributario que fomente la producción familiar agroecológica y desincentive la producción insustentable.
– Integración del enfoque agroecológico enmarcado en el paradigma de la justicia ambiental, social, económica y de género, en la formación técnica, la extensión y la asistencia técnica y la investigación e innovación agropecuaria.
– Programas y fondos públicos para apoyar el desarrollo de la producción agroecológica y la transición, para facilitar la adopción de este sistema sustentable de producción que requiere de recursos iniciales con los que no cuentan los/as productores/as familiares.
– Programas y fondos públicos para apoyar a los productores y productoras que producen conservando y protegiendo los ecosistemas, cuencas hidrográficas, suelos, los recursos fitogenéticos y la salud de la población.
– Programas de apoyo a los emprendimientos colectivos para el procesamiento de los productos agropecuarios agroecológicos.
– Programas de apoyo a mercados locales y de compras públicas a productores/as agroecológicos.
Como líneas estratégicas del PNA se han identificado las siguientes: apoyo a sistemas agroecológicos en predios familiares, procesamiento y comercialización, investigación, formación técnica, extensión y asistencia técnica, comunicación e información a la población.
Entendemos que una política de izquierda tendría que apoyar e incentivar esos modelos alternativos, por ejemplo a través de las exoneraciones, cambiando radicalmente la lógica entre otras de la actual Ley de Inversiones.
* Entrevista colectiva a integrantes de REDES-Amigos de la Tierra de Uruguay. María Selva Ortiz, Karin Nansen, Viviana Barreto, Pablo Galeano, Mariano Beltrán, Azul Cordo.
Materiales de referencia
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https://www.redes.org.uy/2015/04/27/financiarizacion-de-la-naturaleza/
https://www.redes.org.uy/2016/11/01/materiales-jornada-continental-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/
https://www.redes.org.uy/2016/10/23/la-liberalizacion-de-la-agricultura-en-los-tratados-de-libre-comercio/
https://www.redes.org.uy/2018/04/19/nueva-publicacion-analiza-las-amenazas-y-demandas-de-empresas-transnacionales-a-las-politicas-publicas-en-uruguay/
https://www.redes.org.uy/2016/06/20/que-hay-detras-de-las-negociaciones-para-la-instalacion-de-un-acuerdo-sobre-el-comercio-de-servicios/
https://www.redes.org.uy/2015/04/21/las-semillas-criollas-base-de-la-soberania-alimentaria/
https://www.redes.org.uy/2015/12/10/las-semillas-criollas-base-de-la-soberania-alimentaria-2
