Aratirí le reclama a Uruguay una millonada en dólares por un supuesto cambio en las reglas de juego que atentaría contra su derecho de explotación minera. Se ampara en un tratado de inversión que celebró nuestro país y Reino Unido. Aunque la empresa nunca firmó un contrato con el Estado ni obtuvo los permisos ambientales ni presentó las garantías que exige la ley, el tribunal arbitral ante el cual formalizó la demanda hizo lugar a esta y el juicio comenzaría a mediados de diciembre. Frente al cerrado silencio que rodea la controversia y las estrategias de defensa de las partes, Brecha conversó con especialistas en este tipo de acuerdos bilaterales de inversión, sobre el “enfriamiento regulatorio” y sobre el rol de los tribunales que hacen primar el derecho privado internacional ante cualquier otra cosa y no sólo colocan a los estados en el banquillo de los acusados por defender el interés público, sino que los obligan a renunciar a buena parte de su soberanía.
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