A tres décadas de nuestro nacimiento, nos encontramos en una coyuntura de avanzada agresiva del neoliberalismo, de arremetida de la derecha en la región y a un año de las elecciones nacionales. Por ello, un parteaguas ya de inicio: ratificamos más que nunca el papel que debe jugar la ecología social y política, con su perspectiva de clase, en la lucha contra la ofensiva del capital, el neoliberalismo, la derecha y el fascismo. Y asumimos nuestro rol en ese sentido.
Por Karin Nansen, coordinadora de Redes-AT
Como organización social, nos hemos comprometido históricamente con la justicia ambiental y la soberanía de los pueblos, que exige para su concreción alcanzar la justicia social, económica y de género. Es claramente una agenda de izquierda, que nos obliga a tomar distancia del supuesto ambientalismo que pretenden abrazar hoy quienes desprecian a las clases populares, al tiempo que llaman a una reducción del gasto público y a la eliminación de las políticas sociales. Los mismos que tienen un historial nefasto de privatización y venta del país, y de negación de derechos.
La tarea de todas las horas: la resistencia al embate neoliberal
Desde nuestro nacimiento en 1988 nos hemos aliado a diversos movimientos sociales para luchar contra los proyectos políticos y económicos neoliberales, impulsados por las clases dominantes y el imperialismo. Ellos pretendieron someter nuestro continente a los designios del capital para explotar nuestros territorios, naturaleza y a la clase trabajadora, así como expoliar los bienes de sustento de las comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas. Esos proyectos implicaban imponer en nuestra América Latina las normas e instituciones que posibilitaran la incorporación de más y más esferas de la vida en sociedad y la naturaleza en el circuito de acumulación de capital, así como la expansión territorial del capital. En nombre de la desregulación pretendían avanzar con nuevas políticas y normas no en beneficio de los pueblos, sino de las grandes empresas transnacionales y sus aliados nacionales.
A fines de los años 80 y principios de los 90, un proyecto y un mecanismo particularmente perversos pretendían abrirse paso en el continente, la Iniciativa de las Américas del entonces presidente George Bush padre (que fue el antecedente del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA) y los canjes de deuda por naturaleza, que exigían la entrega de territorios como forma de pago de la ilegítima deuda externa. Tanto la Iniciativa de las Américas de Bush como la propuesta de canjes de deuda por naturaleza incorporaban una dimensión ambiental con el propósito de cooptar a las organizaciones que defendían la naturaleza. Pero organizaciones como Redes-AT, que desde el ambientalismo popular o el ecologismo social se negaban a aceptar la reconquista del continente y la legitimación de la deuda externa y su uso para la apropiación de territorios, opusieron firme resistencia.
Más adelante se orquestó un nuevo proyecto político-económico, el ALCA, que amenazaba a los pueblos y territorios de América Latina y el Caribe. Pero los movimientos y organizaciones sociales impulsamos y sostuvimos un proceso masivo de movilización social y acumulación política que logró enfrentar y detener este proyecto de recolonización, control político, saqueo de bienes naturales y destrucción ambiental de nuestra región.
También hemos resistido a las políticas neoliberales en el marco de la Organización Mundial del Comercio y hoy, a partir de un análisis en profundidad de sus contenidos, nos manifestamos contra los tratados de libre comercio de nueva generación y los tratados bilaterales de inversiones. Esos tratados atentan contra nuestra soberanía al reducir el espacio de acción política de los gobiernos y parlamentos, y al otorgar a las empresas transnacionales un poder inaudito, que consagra su impunidad. Incluso, les permite a esas corporaciones llevar a juicio a los Estados ante tribunales arbitrales internacionales si consideran que una política pública puede afectar sus ganancias e intereses, como lo han hecho Philip Morris y Aratirí en nuestro país.
Frente a una nueva ofensiva de la derecha, la movilización popular es la respuesta
Hoy, a 30 años de nuestra fundación, seguimos en lucha junto a movimientos populares de nuestro país y el continente, conscientes del papel que debe jugar la ecología social y política con su perspectiva de clase en la lucha contra el neoliberalismo y la avanzada del capital y el fascismo. Apostamos una vez más a la articulación de los movimientos sociales y honramos nuestra trayectoria colectiva de lucha en el proceso de movilización denominado “Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo”, que reunió en noviembre de 2017 en Montevideo a movimientos y organizaciones sociales históricos y altamente representativos de nuestra América Latina y Caribe, en una manifestación y tres jornadas de debate en el Velódromo de nuestra capital. Asimismo, nos comprometemos al fortalecimiento del internacionalismo que nos permita luchar contra el avance del fascismo a nivel mundial.
Somos testigos de una arremetida constante y creciente contra la clase trabajadora, las mujeres, los movimientos campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes. Avanzada violenta orquestada por las fuerzas conservadoras y el capital que lideran los retrocesos democráticos en la región y se articulan para llevar a cabo cambios políticos y de políticas, diseñados para revertir los logros alcanzados en materia de derechos e imponer su odio de clase, racista, misógino y machista.
Los movimientos sociales que defienden los territorios, los medios de sustento y los derechos de los pueblos, enfrentan una estrategia sistemática de persecución y judicialización que pretende intimidarlos y paralizarlos por medio del terror. La violencia es especialmente brutal contra las mujeres, que son sujeto político de la resistencia a la usurpación y destrucción de los bienes comunes.
La ofensiva actual de la derecha apunta al desprestigio de la política y de lo público como modelo de gestión de los bienes comunes. Promueve la gestión de gobierno en manos de empresarios y la privatización y mercantilización de los servicios públicos y los bienes naturales, que son fundamentales para la realización de los derechos. Empresarios a los que venden como “ni de izquierda ni de derecha”, supuestos outsiders del sistema, que una vez en el poder implementan las mismas políticas de ajustes estructurales neoliberales que hambrearon a nuestros pueblos. Alcanza con mirar del otro lado del charco al gobierno de Mauricio Macri y sus políticas antipopulares. Y si no se logran imponer en las urnas, incluso mediante la manipulación de la opinión pública utilizando los medios de comunicación corporativos, recurren a los golpes de Estado, como en Honduras, Paraguay y Brasil.
La acumulación capitalista maquillada de verde vs la justicia ambiental y los derechos de los pueblos
En el contexto actual el capital avanza nuevamente con determinación y fuerza sobre los territorios, la naturaleza y las diversas esferas de la vida en sociedad, imponiendo la lógica de la acumulación a través de políticas y mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas y, lisa y llanamente, la privatización.
Se impone incluso una lógica de acumulación capitalista “verde”, denominada “economía verde”, que constituye no solo un intento de maquillar de verde el capitalismo y convertir las crisis socioambientales que enfrentamos en una oportunidad de negocios, sino que implica una visión reduccionista y una redefinición de la naturaleza y sus funciones, para convertirlas en bienes transables en el mercado.
Frente a estos intentos de mercantilizar las relaciones y los procesos que hacen posible la reproducción de la vida, debemos comprender lo ambiental como pilar de la soberanía de nuestros pueblos e indisolublemente ligado a la realización de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, y el ejercicio pleno de esos derechos solo es posible si tenemos control social sobre la tierra, el territorio y los bienes de la naturaleza.
En ese sentido, el derecho a la alimentación solo es posible si existen políticas públicas que fomenten y apoyen el desarrollo de la agroecología en un marco de soberanía alimentaria, y si la producción agropecuaria familiar a pequeña escala que produce alimentos para el mercado nacional y local puede permanecer en el campo sin estar amenazada por la expansión del agronegocio y la liberalización de nuestros mercados. De lo contrario, para alimentarnos seremos rehenes de las transnacionales, de los especuladores y de los vaivenes del mercado internacional. Para satisfacer las necesidades alimentarias es necesario que la tierra y las semillas estén en manos de quienes producen los alimentos. Por ello, desde principios de los 90 nos comprometimos con el desarrollo de la agroecología en nuestro país, y a partir del año 2001 nos sumamos a la vía campesina en una alianza estratégica para impulsar el principio de la soberanía alimentaria. Ese principio implica defender el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos, así como la defensa de las semillas nativas y criollas. La soberanía alimentaria reconoce el trabajo y los conocimientos de las mujeres y su papel como sujetos políticos de esa construcción. Apostamos así al fortalecimiento del tejido social agroalimentario y al ejercicio del pleno derecho a la alimentación sana de las clases populares.
Asimismo, la realización del derecho humano al agua exige territorios saludables gestionados en forma sustentable, integral y participativa, priorizando la satisfacción de las necesidades humanas y respetando los sistemas hídricos y ciclos naturales. Por ello impulsamos junto a Ffose y otras organizaciones sociales la Reforma Constitucional de 2004, para consagrar el derecho humano al agua e impedir y revertir la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios, y al mismo tiempo garantizar la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. Pero cuando se producen procesos de concentración, extranjerización o transnacionalización de la tierra, como sucede a consecuencia de la expansión del agronegocio, el territorio pasa a estar gestionado por intereses ajenos a la realización de estos derechos. Y se generan una lógica y mecanismos de apropiación privada del agua y de contaminación que atentan contra nuestro derecho fundamental.
Desde esta perspectiva de la justicia, el trabajo es también un derecho fundamental. Lamentablemente muchas veces caemos en la trampa del sistema, que impone la discusión en términos de “fuentes de trabajo vs medioambiente”, como si fueran categorías contradictorias. El desafío consiste en comprometernos como sociedad a garantizar el derecho al trabajo digno y los derechos de la clase trabajadora, y al mismo tiempo promover otros modos de producción y formas de relación con el territorio y la naturaleza que no impliquen su destrucción. La gestión social y ambientalmente sustentable de nuestros territorios no es un lujo del que podemos prescindir para dar prioridad al crecimiento económico, sino que es necesaria para garantizar la realización de derechos fundamentales.
Por ello necesitamos un cambio de rumbo que nos permita evitar que las fuerzas productivas se transformen en fuerzas destructivas y que el desarrollo no sea más que un disfraz adornado del sistema de explotación de hombres, mujeres y naturaleza, que imponen en todo el mundo las empresas transnacionales. Desde nuestro punto de vista, debemos evitar el avance en el territorio de actividades que entrañan modos de producción injustos e insustentables, centrados en la acumulación de capital, que cuestionan el ejercicio de derechos.
Nuestra apuesta
En resumen, para que la justicia ambiental sea una realidad, es necesario que las clases populares, quienes habitan y trabajan en los territorios tanto rurales como urbanos, tengan la posibilidad de participar activamente en la definición de políticas y en el control de los procesos de gestión del territorio. Debe haber un proceso de recuperación de la política en manos de los pueblos y de radicalización de la democracia.
Hoy una vez más nos comprometemos a resistir los intentos de quienes quieren acallar nuestras voces y a reafirmar nuestro derecho a definir y construir un proyecto político para y desde los pueblos. Esta visión implica necesariamente la construcción de movimiento social, apostando a la unidad de las clases populares desde su diversidad. Unidad que nos conduzca a una síntesis programática, que nos permita construir poder popular en beneficio de las mayorías y de la sustentabilidad de la vida, centrados en la justicia, la dignidad y la plena realización de nuestros derechos. Hacia ese horizonte caminamos.
