El proceso del Tratado Vinculante como clave para desmantelar la arquitectura de la impunidad.
América Latina se encuentra en un momento político de grandes turbulencias, que exceden los cambios de gobierno y las alternancias en la conducción del Estado entre fuerzas democráticas de izquierda y derecha. Estamos frente a un momento político en el que fuerzas ultraconservadoras disputan el futuro de nuestros pueblos en un sentido amplio, que va desde el rechazo a las políticas públicas sociales y la agenda de derechos, hasta la implantación de modelos económicos-sociales que ponen a la cabeza de carteras ministeriales a representantes de empresas transnacionales. En los territorios, la región ya siente los efectos de esta ofensiva ultraconservadora. Comunidades y pueblos latinoamericanos están resistiendo el avance de esta ofensiva que implica, en la mayor parte de los casos, la combinación de la acción institucional de gobiernos de ultraderecha con acciones que vulneran los derechos colectivos de los pueblos impulsadas por actores empresariales de gran porte como las empresas transnacionales.
La evidencia sobre la violación de derechos humanos a manos de empresas transnacionales está ampliamente documentada y en los territorios se traduce en desastres ambientales, en la muerte de activistas, líderes y lideresas de comunidades y pueblos.
En otros casos, la impunidad con la que accionan las empresas transnacionales se expresa en amenazas a las políticas públicas y a los derechos, a través de fuertes campañas publicitarias que dan cuenta de los beneficios de estas empresas minimizando y ridiculizando cualquier oposición social y amenazando la acción estatal y sus políticas. Las amenazas acaban finalmente y muy frecuentemente en demandas concretas a los Estados en sistemas de arbitraje internacional de inversiones, montados a la medida de los intereses de poder y lucro privados de los inversionistas y empresas extranjeras.
Por otra parte, en los últimos años han surgido iniciativas que hacen eco de las preocupaciones por la impunidad que ejercen las empresas transnacionales y proponen regulaciones para controlar su poder a través de normas vinculantes. Se destaca en este sentido la iniciativa intergubernamental que se procesa en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca la aprobación de un Tratado internacional jurídicamente Vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales.
También en el marco de la ONU se aprobó recientemente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo Escazú. A pesar de las limitaciones que tienen este tipo de acuerdos en la puesta en práctica y la falta de una rendición de cuentas sobre su cumplimiento por parte de los Estados, su existencia también refleja una preocupación por un fenómeno que involucra el accionar de empresas transnacionales en los territorios.
El Seminario tiene como objetivo aportar información y análisis sobre las características del entramado jurídico internacional que sustenta la arquitectura de la impunidad de la que gozan las empresas transnacionales y los inversionistas extranjeros, por encima de los derechos humanos y colectivos de los pueblos. Con ello buscamos fundamentar la necesidad imperiosa de abolir o reformar radicalmente el régimen de solución de controversias inversionista-Estado, acumular masa crítica para revisar otros instrumentos que sustentan esta arquitectura y establecer normas internacionales y nacionales de obligado cumplimiento para el accionar de las empresas transnacionales que controlan las cadenas de valor en todo el mundo.
Al mismo tiempo, se busca amplificar algunas voces de denuncia que ponen el acento en los diferentes impactos generados por empresas transnacionales. La diversidad de estos impactos y su gravedad depende en muchos casos de la fortaleza de la acción estatal y de la institucionalidad de los países que reciben estas inversiones. Por ello es importante el involucramiento en el debate de actores institucionales de Uruguay, representantes públicos que puedan conocer de primera mano algunos de estos casos y puedan nutrirse de las discusiones que se están llevando adelante en espacios de gobernanza global, como la propia ONU en cuyo seno se viene promoviendo la aprobación del Tratado internacional jurídicamente Vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales.
