Activistas, académicos y legisladores analizaron el poder de las empresas transnacionales y su impacto en los DDHH.
“Captura corporativa”, “arquitectura de la impunidad”, “velo corporativo”. En los últimos años se ha desarrollado una serie de conceptos para explicar el poder de las empresas transnacionales (ET) para incidir en las políticas públicas y para maximizar sus beneficios mediante una arquitectura normativa y judicial que las considera sujetos de derecho pero no de obligaciones. En este tema se centró el seminario regional “Empresas transnacionales, demandas contra estados y captura de la democracia”, organizado por Redes-Amigos de la Tierra, el PIT-CNT y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Estas organizaciones apoyan la aprobación, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de un tratado vinculante sobre ET y derechos humanos (DDHH) que establezca sanciones efectivas para las empresas que violan los DDHH.
En la actividad participaron legisladores frenteamplistas afines a la iniciativa, como la diputada del Movimiento de Participación Popular y presidenta de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino, y el diputado del Partido Socialista Roberto Chiazzaro, quien integra el Frente Parlamentario Mundial por el tratado vinculante. Bottino sostuvo que la necesidad de un acuerdo de este tipo es mayor en el contexto actual de América Latina, que atraviesa “procesos que van más allá del cambio de gobierno, con cuestionamientos al Estado de derecho y a la democracia”. En este marco, las ET “buscan cuestionar los derechos y el poder de los estados para proteger a sus habitantes”.
Chiazzaro cuestionó el “convencimiento” de que “la inversión extranjera directa por sí sola va a favorecer el desarrollo de la economía”. Afirmó que en Uruguay hay una “ofensiva muy importante de empresas transnacionales, que buscan desregular y que no exista control de sus actividades”. Estas corporaciones pretenden plasmar sus aspiraciones en disposiciones que se incorporan en tratados de protección de inversiones entre estados o en acuerdos de libre comercio.
El diputado socialista señaló que si bien Uruguay ha ganado juicios a ET en tribunales internacionales, como en el caso de Philip Morris, las empresas ejercen presión sobre los gobiernos. Mencionó como ejemplos el caso de Katoen Natie, que amenazó al gobierno uruguayo con un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) si habilitaba una segunda terminal de contenedores –finalmente el llamado para la segunda terminal quedó desierto–, y la normativa de etiquetado de transgénicos. En este último caso, Uruguay “recibió presiones de grandes corporaciones como Nestlé y Pepsico”, y “los decretos que Uruguay ha firmado fueron bajando las exigencias que se tenían [al principio]”, afirmó Chiazzaro.
En el caso del juicio impulsado por la empresa de telecomunicaciones Italba, que Uruguay ganó en marzo de este año en el CIADI, Chiazzaro aseguró que “se está buscando a los responsables de Italba para ver cómo les cobramos”, porque todavía no han pagado los gastos del juicio tal como les ordenó el tribunal. Fuentes del gobierno confirmaron a la diaria que el Estado todavía no ha podido cobrar los casi seis millones de dólares que gastó en ese juicio.
Derechos en cuestión
Juan Faroppa, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, aseguró en el seminario que la historia de los DDHH “es la historia de la lucha de los pueblos para ponerles límites a los poderes abusivos”. Se trata de una lucha que “no termina”, remarcó. “Estamos en un momento, no sé si de regresión, pero sí en una meseta en el proceso de protección nacional e internacional de los DDHH”, lamentó. También cuestionó que haya gobiernos en la región que pretendan “derrumbar o minimizar los avances que se han hecho en relación con muchos derechos”. “Se está cuestionando hasta los viejos derechos de las revoluciones liberales, los derechos de primera generación. Estamos en un momento complicado”, sostuvo.
Faroppa consideró que las políticas neoliberales y el retiro del Estado tuvieron efectos negativos en la educación, en el empleo, en la seguridad. “Esa idea de que el mercado todo lo regula” ha tenido “consecuencias nefastas en toda América Latina”, advirtió. Añadió que sin un Estado que intervenga, “no hay DDHH posibles”.
Por su parte, Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, advirtió sobre una “ofensiva de la derecha en el continente”, que apunta al desmantelamiento de las políticas públicas, a una privatización creciente, y a la persecución y criminalización de los defensores de los DDHH. En este proceso, las ET “están jugando un papel central, en connivencia con poderes económicos que existen en el continente”, subrayó. Sostuvo que estas empresas “pretenden ejercer un control absoluto” de la naturaleza y del sistema alimentario y energético. “Vivimos una avanzada del capital sobre los territorios, que los transforma en plataformas de acumulación en lugar de en espacios de vida, cultura y política”, afirmó. Además, aseguró que las ET “se apropian del campo de la política y lo manipulan”, y que han tenido una participación directa en las elecciones en la región, utilizando “todo su poder económico” o “mediante el apoyo a golpes de Estado”.
