El Parlamento del Mercosur (Parlasur) emitió el 26 de setiembre una declaración de apoyo al Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, cuyo contenido se estará debatiendo del 12 al 19 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Durante esa semana de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto al Grupo de Trabajo por el Tratado Vinculante estarán desarrollando la 5ª sesión de negociaciones para discutir el Borrador 1 del Tratado entre gobiernos y organizaciones sociales -que integran Campaña Global para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos-.
El Parlasur emitió esta declaración (en pdf) un mes después de haber desarrollado el Ciclo de Debates: MERCOSUR y el Futuro de la Integración Regional sobre “Agenda externa regional e inversiones”, en el que participó Alberto Villareal, integrante de REDES-AT Uruguay y de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).
En ese debate también estuvieron presentes otros miembros de la Campaña Global como Iván González, coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y Manoela Roland coordinadora de HOMA, junto a Lilián Galán, parlamentaria del Frente Amplio y del Parlasur, integrante de la Red Mundial de Parlamentarios en apoyo al Tratado Vinculante.
El Parlasur informó que «apoya la continuación de este proceso de discusión y negociaciones en el marco de Naciones Unidas tendiente a acordar un Tratado Vinculante» y asegura que «seguirá atentamente la evolución de las negociaciones hasta la aprobación definitiva» del acuerdo.
Las/os parlamentarias/os declaran de interés que en los países del MERCOSUR se desarrollen «estándares homogéneos que rijan la actuación de las empresas transnacionales, y que los mismos se constituyan en un cuerpo normativo vinculante de carácter internacional, alejando la posibilidad de que los países compitan entre sí para atraer condiciones de comercio preferencial y/o inversiones extranjeras resignando la protección de derechos».
También esperan que el Tratado Vinculante brinde «herramientas suficientes para obligar a las empresas transnacionales (…) a cumplir con la reparación correspondiente» si violasen los derechos humanos de la ciudadanía en los países donde desarrollan sus agendas comerciales y gestionan las cadenas de valor.
