La preocupación por lo ambiental está en auge. En la medida en que las crisis socioambientales se profundizan globalmente y sus impactos se hacen más evidentes a nivel local, la población –especialmente las y los jóvenes– reclama acciones urgentes. Para enfrentar dichas crisis, interconectadas y de carácter sistémico, es fundamental comprender sus causas estructurales, o sea, la raíz del problema. De lo contrario, las soluciones propuestas pueden no ser tales, o incluso provocar más impactos negativos, especialmente cuando las empresas transnacionales y el capital financiero aprovechan las crisis como oportunidad de negocios.
También en Uruguay lo ambiental despierta cada vez mayor interés, aunque continúa siendo una dimensión en disputa, como lo fue en la década de 1990 e inicios del 2000, cuando tuvieron lugar grandes luchas históricas contra la privatización de las empresas y servicios públicos, la energía nuclear, la ley de promoción y subsidios a la forestación, el desmantelamiento del Instituto de Colonización, las primeras aprobaciones de transgénicos y la privatización del agua.
Uno de los ejes fundamentales de la disputa es si lo ambiental debe quedar librado al mercado, que algunas fuerzas políticas consideran más eficiente en la gestión y asignación de recursos, o si, por el contrario, se debe fortalecer la capacidad regulatoria del Estado para enfrentar la contradicción capital-medioambiente, tal como ocurre con la contradicción capital-trabajo.
En los 90, una amplia gama de dimensiones de la vida en sociedad pasaron a regirse según los intereses del capital privado. Normativas aprobadas en el proceso de liberalización llevaron, por ejemplo, a la reconfiguración de la agricultura en Uruguay, orientándola al agronegocio. Si el capital no logró avanzar más sobre otras esferas de la vida fue por la lucha y la movilización popular en defensa del carácter público de los servicios fundamentales para la vida. Una victoria histórica del pueblo uruguayo fue la consagración del agua como derecho humano fundamental y la gestión sustentable y participativa de las cuencas hidrográficas en el plebiscito y la reforma constitucional de 2004.
Cuando el capital avanza en los territorios y acapara tierras y aguas, pone en jaque derechos colectivos fundamentales. La política pública es indispensable para regular la gestión del territorio y garantizar el pleno goce de los derechos colectivos.
Por ello consideramos clave la labor de la Dirección General de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Colonización (INC), así como de los gobiernos de Canelones y Montevideo. El fortalecimiento de la producción familiar y sus organizaciones, el acceso colectivo a tierras para jóvenes rurales para la producción agroecológica, la aprobación de la cotitularidad de hombres y mujeres en la tenencia de la tierra y la transición agroecológica en cuencas clave permiten una gestión del territorio más democrática, justa y ambientalmente sustentable. La propuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) de ampliación del paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, así como la oposición de la Dinama y el Ministerio de Salud Pública (MSP) a la aprobación de nuevos eventos transgénicos, van en el mismo sentido. Asimismo, es importante destacar la importancia de una política pública de agroecología que se plasmará en el Plan Nacional de Agroecología que hoy está siendo redactado por organismos del Estado, instituciones académicas, de investigación, de enseñanza y organizaciones sociales del medio rural con amplia trayectoria en la materia. Se trata de un ejercicio democrático que abrirá camino a otro modelo de producción agropecuaria que garantice el derecho a la alimentación, el agua, la tierra, las semillas y la salud, al tiempo que protege los suelos, la biodiversidad y permite enfrentar el cambio climático.
Hoy asistimos a una nueva ofensiva neoliberal, cuyo objetivo es reducir el tamaño y la capacidad del Estado de regular en función del bien común y fortalecer su función represiva y de garante de la propiedad privada. La reducción del Estado y el debilitamiento de su papel como regulador y promotor de políticas públicas es el peor enemigo de los derechos colectivos. Un Estado mínimo sólo sirve para quienes tienen el poder de hacer prevalecer sus intereses privados y nos deja más expuestos a la arbitrariedad e impunidad de los grandes grupos económicos.
Prometer el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y predicar el achique del Estado es claramente contradictorio. En ese marco cabe preguntarse qué significan muchas de las propuestas que propone la coalición multicolor, como reformar la gobernanza de las empresas públicas. ¿Se refiere a avanzar hacia formas encubiertas de privatización de los servicios? El Partido Colorado en su programa de gobierno propone el modelo chileno para la gobernanza de las empresas del Estado como ejemplo al que alinearse. Hoy somos testigos de las implicancias de dicho modelo que llevó al pueblo a las calles. ¿Qué significa adecuar el INC a las necesidades actuales? ¿Cuestionar nuevamente la Ley 11.029 o permitir que los representantes del Partido Nacional que usufructuaban tierras ilegalmente vuelvan a hacerlo?
La justicia ambiental está íntimamente ligada a la justicia social, económica y de género. Lo ambiental no puede estar disociado de otros derechos, ni puede posponerse hasta que alcancemos otro estadio de desarrollo. Es por eso que hemos denunciado los impactos de la concentración de la tierra, del agronegocio y de la consolidación del modelo forestal-celulósico, al tiempo que hemos acompañado las legítimas luchas por el derecho al trabajo digno del movimiento sindical de Uruguay. Las luchas de la clase trabajadora no nos son ajenas: son imprescindibles y propias.
Estamos convencidas de que no habrá justicia ambiental en un país sin políticas con enfoque de derechos, sin negociación colectiva o Consejos de Salarios, sin garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, sin un sistema de cuidados, sin políticas universales en educación y salud, sin el respeto y defensa de la diversidad sexual, sin verdad y sin justicia. Frente a las amenazas a la democracia, necesitamos una democracia más radical que garantice derechos y permita revertir la banalización, manipulación y privatización de la esfera política.
Nuestro país se encuentra en un momento crucial de su historia. El cambio presentado como positivo propone la restauración conservadora con ideas sobre la vida en sociedad sumamente regresivas y reaccionarias. No hay duda de que la orientación política de los últimos 15 años ha conducido a avances en materia de derechos para las grandes mayorías sociales. Esta afirmación no niega las críticas por la debilidad de la perspectiva socioambiental en la toma de decisiones. Pero eso no nos puede llevar a una vuelta atrás a políticas conservadoras. Por el contrario, nos exige avanzar en la definición democrática del modelo de país que queremos, con fuerte énfasis en la justicia y los derechos colectivos.
A la hora de decidir qué modelo de país queremos apoyar, se hace necesaria una mirada retrospectiva para entender la verdadera orientación de los proyectos políticos que se están presentando. Hay que analizar en profundidad la visión de país que tienen las estructuras partidarias, las ideas que apoyaron históricamente y su anterior conducción de las políticas y del Estado, porque allí está la esencia de sus apuestas.
Desde la ecología social y política es inadmisible apoyar un proyecto político que busca alianzas con sectores que proponen una vuelta atrás a los períodos más nefastos de nuestra historia, cuando se impusieron la negación de la democracia y la persecución masiva de un pueblo y sus organizaciones por luchar por la justicia.
Hace un año Redes-Amigos de la Tierra celebró 30 años de construcción del ambientalismo popular y reafirmamos nuestro compromiso: no vacilaremos en afirmar que sin justicia ambiental no habrá justicia social y sin justicia social no habrá justicia ambiental.
Karin Nansen y Natalia Carrau
