Desde la comunidad internacional, en el marco de nuestro actuar como expresiones organizativas, articulaciones, redes, movimientos sociales, sindicales, campesinos, mujeres, pueblos originarios, comunidad LGTBI, redes globales e instancias de defensa de los derechos humanos, entre otros, nos pronunciamos ante los recientes hechos ocurridos en Honduras:
El pasado 3 de marzo en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, Honduras, la policía procedió a la detención de las ciudadanas Marianela Mejía Solorzano y Jennifer Mejía Solorzano, ambas integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quienes desde hace más de 12 años desempeñan un rol como defensoras de los territorios ancestrales y de los derechos civiles de la población Garífuna.
El Poder Judicial ha convocado una primera audiencia el domingo 7 de marzo en el municipio de Trujillo contra las defensoras, a quienes se les han aperturado dos requerimientos por los supuestos cargos de usurpación, daños y amenazas, incluso sobre la compañera Jenifer además recae otra acusación de robo con violencia.
Denunciamos que existe una lista de otros integrantes de las comunidades Garífunas a los que se les pretende imputar cargos similares, todo esto como parte de los atropellos a sus derechos y asedio por parte del Estado de Honduras.
Resaltamos que esta detención se suma a la larga lista de acciones deliberadas contra la comunidad Garífuna organizada en OFRANEH, quienes vienen exigiendo el cumplimiento y garantías de sus derechos, amparados en el marco internacional que les confiere el convenio 169 de la OIT, adoptado por el Estado hondureño en 1989 y ratificado en 1995. Este nuevo acto de violación a sus derechos se contrapone además con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), de septiembre de 2007.
La detención de las defensoras Marianela Mejía Solorzano y Jennifer Mejía Solorzano se produce un día antes de la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al incumplimiento por parte del Estado de Honduras a la sentencia emitida hace cinco años , donde este fue encontrado responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva, contenido en el artículo 21 de la Convención y el Convenio 169 de la OIT, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por lo que se le instruyó delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas, y a resarcir a los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente hubiesen perdido la posesión de sus tierras, por lo que se les reconoció a las comunidades el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad.
Nuevamente desde el ámbito internacional hemos sido testigos no solo del incumplimiento de dichas sentencias por parte del Estado de Honduras, sino de la profundización de acciones violatorias al derecho de las comunidades Garífunas, con una determinada orientación a la persecución, secuestro y asesinatos de líderes y lideresas organizados en la OFRANEH.
Demandamos la liberación inmediata de las defensoras Marianela Mejía Solorzano y Jennifer Mejía Solorzano, así como el cese a toda acción de agresión contra ellas y las comunidades Garífunas.
Reiteramos al Estado de Honduras que desde el ámbito internacional estamos atestiguando las continuas violaciones y atropellos a la población Garífuna e integrantes de OFRANEH y no vamos a descansar hasta el resarcimiento, la justicia y la condena de las acciones violatorias denunciadas en la presente.
5 de marzo 2021
