La necesidad del tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos a la luz de la crisis sistémica
Las empresas transnacionales (ETN) tienen varios poderes asociados que garantizan su entretejido de impunidad. El poder económico que les otorga el manejo de los mercados dentro de economías neoliberales donde se “deja hacer y se deja pasar”, la influencia sobre el poder político a la hora de la toma de decisiones y el poder de la persuasión que ejercen mediante sus comunicaciones masivas, influyendo sobre las conductas particulares. Las ETN tienen también el poder de saltar fronteras y desdibujar los elementos que las componen y sus responsabilidades: jerarquías inalcanzables, cadenas interminables de mando, bufetes de abogados especializados, empresas asociadas, sociedades anónimas, marcas y submarcas.
¿Qué herramientas tienen los pueblos, comunidades y personas frente a estas estructuras de poder cuando son vulneradas? Derechos, y el poder de la organización social y popular para exigir su cumplimiento. Los derechos generan obligaciones, no son meras recomendaciones, y deben traer consigo consecuencias cuando no son respetados. Los derechos humanos, básicos y fundamentales, deben constar en tratados y acuerdos vinculantes (de obligado cumplimiento) internacionales, y así evitar que el poder de saltar fronteras de las ETN se convierta en el poder de saltar derechos.
Por su lugar en el orden económico mundial, dominado por las ETN, y por su consiguiente condición de dependencia, la mayoría de los Estados del Sur global compiten por “atraer inversiones”. Ya sea por necesidad percibida o por complicidad, les otorgan a las empresas transnacionales privilegios extraordinarios, a través de contratos, asociaciones público-privadas y acuerdos de libre comercio y de protección de las inversiones, que las protegen con una sólida coraza. Esto es parte de lo que llamamos “arquitectura de la impunidad”.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, un órgano del Banco Mundial), que cobró notoriedad en nuestro país con el juicio de la tabacalera estadounidense Philip Morris contra Uruguay, es el más usado de los diversos mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado y de privatización de la justicia.
Apelar a la responsabilidad de las ETN es como pedirle al lobo que cuide de las ovejas
El 28 de abril participamos como panelistas en un nuevo diálogo sobre empresas y derechos humanos convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que ha incluido desde 2018 este tema como uno de sus ejes de trabajo, y organizado con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de Naciones Unidas (ONU) Uruguay. La actividad fue parte del ciclo “Diálogos en la INDDHH: Derechos humanos en tiempos de pandemia”.
En ese espacio el tema más ampliamente discutido fue el proceso de negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, que se viene desarrollando cada año, desde 2015, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la la ONU, en Ginebra, Suiza. Ese proceso está conducido por un Grupo Intergubernamental de Trabajo de composición abierta, establecido para tal efecto con arreglo a la Resolución 26/9 de 2014.
Uruguay ha participado de ese proceso negociador. Como REDES-AT también hemos participado activamente en esas negociaciones desde su inicio, como parte de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Corporaciones y Poner Fin a la Impunidad.
Muchas ETN son más ricas y poderosas que los Estados que deberían regularlas en función del interés público. Esto les permiten apropiarse o ejercer una influencia indebida en los espacios de decisión política, tanto a nivel nacional como en las negociaciones en la ONU, y de esta forma incidir determinantemente para que todas las políticas públicas, incluidas las ambientales, estén al servicio de sus intereses.
Urge entonces un tratado internacional de la ONU que permita a las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de ETN el acceso a la justicia, y que responsabilice a esas empresas. Depender de que las empresas se autoregulen voluntariamente y de forma responsable, como han pretendido por ejemplo los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de ONU, simplemente no funciona.
Estos principios, al igual que el Pacto Global, han servido más que nada para que las ETN laven su imagen y realicen grandes campañas publicitarias llamadas de “responsabilidad social empresarial”, o más recientemente “conducta empresarial responsable”, pero no han sido eficaces para salvar los medios de sustento de millones de personas, ni los sistemas ecológicos que sustentan la vida en el planeta.
Los tratados de derechos humanos deben primar sobre los tratados de libre comercio e inversión, así como la vida debe anteponerse al mercado. La autorregulación en un mundo en el que las ETN tienen cada vez más poder es injusta y no cumple con los objetivos que declara perseguir.
La defensa de la vida requiere desmantelar la arquitectura de la impunidad
La historia muestra con sobrados ejemplos el ejercicio de impunidad constante de las ETN, que luego de haber provocado desastres naturales irreversibles, saqueado recursos, desplazado comunidades y ocasionado masacres, siguen operando con tranquilidad y prometiendo futuros mejores. En un contexto de emergencia y crisis global que afecta todos los derechos y la vida misma en el planeta se hace urgente y necesario avanzar en el proceso de normas obligatorias para las ETN. Los pueblos del mundo están sufriendo la crisis de la salud por la pandemia de la Covid-19, la del hambre, la crisis climática y la grave pérdida de la biodiversidad, que están fuertemente interrelacionadas y revelan a las ETN y sus cadenas de producción como las principales responsables.
El Tratado Vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos es importante además porque al amparo de los estándares voluntarios y la ideología neoliberal, la gobernabilidad democrática se ha debilitado en todo el mundo, en la medida que la mayoría de los gobiernos, empezando por las potencias de Occidente, le ceden más privilegios y espacios de poder de decisión al sector privado, cuyo principal objetivo es generar ganancias para sus propietarios y accionistas. Los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones y los contratos de inversión cumplen con el cometido de proteger a las ETN.
El poder de las ETN sobre los países que deben regularlas ha llegado a tal punto que hoy, en plena pandemia mundial, las farmacéuticas nos imponen las condiciones en que podemos o no recibir las vacunas contra la Covid-19. Es imprescindible que cada Estado por su cuenta, y también en conjunto, asegure que las ETN no violen los derechos humanos, los derechos de los pueblos y que no destruyan el medio ambiente, y que si lo hacen sean castigadas. Es la única forma de evitar que el afán de lucro nos lleve irremediablemente a la muerte de cientos de millones de personas y de las condiciones que hacen posible la vida humana en el planeta.
Alberto Villarreal
