“Los que tienen que restituir los ambientes contaminados son quienes más se benefician con las actividades que causan esa contaminación”, dijo el integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay Alberto Villarreal, en Guichón, Paysandú, en el marco de una actividad titulada “Hablemos de Justicia Ambiental”.
La instancia, realizada el 3 de junio, rumbo al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró dos días después, tuvo lugar en el Auditorio Municipal de la ciudad de Guichón. Fue convocada por los colectivos Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, Club Queguay Canoas (CQC), Grupo de Guías de Guichón, REDES-AT Uruguay y el Municipio de Guichón.
Las organizaciones de la zona aprovecharon la presencia de autoridades de todas las bancadas de la Junta Departamental de Paysandú para hacer llegar algunos reclamos, entre los que estuvo la exigencia de la aplicación del decreto Nº 8058-20, referido al ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. También demandaron el desarrollo de una gestión de residuos más eficiente en el municipio de Guichón, más recursos para el Ministerio de Ambiente y el Plan Nacional de Agroecología, e incorporar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a los Palmares de Yatay de la Cuchilla de Haedo, paisaje encontrado casi exclusivamente en ese territorio en nuestro país.
Carlos Urruty es profesor en Guichón y amante del río Queguay. Hace años viene recopilando historias, documentos y relatos acerca de la historia local, particularmente asociados a los bienes naturales y sus diferentes usos (y abusos) a lo largo del tiempo. Es delegado además por el CQC en la Comisión Asesora Específica del Área Protegida con Recursos Manejados Montes del Queguay.
Fue quien abrió la mesa de exposiciones con su presentación e hizo hincapié en los cambios sufridos por el Río Queguay Grande y su cuenca con el paso del tiempo. El territorio sufrió varios impactos: plantaciones arroceras, arrase del monte nativo para la extracción de leña, secado de los bañados para facilitar la actividad ganadera, entre otros.
Luego de 57 años desde los primeros intentos vecinales por establecer un Parque Nacional, en 2006 Montes del Queguay finalmente ingresó al SNAP. Hoy en día se está elaborando un Plan de Manejo. Las organizaciones de vecinos comparten la preocupación por la pérdida del paisaje a causa de los monocultivos de eucaliptos que se implantaron en la zona desde 2010. Paradójicamente, la zona núcleo del área protegida se encuentra lindera a una gran plantación forestal, sin ningún tipo de amortiguación o “zona buffer” (que separe los predios).
Otro fenómeno alarmante son las crecientes que se dan cada vez con mayor violencia, acompañadas por la erosión del suelo, lo que ocurre por las plantaciones instaladas sin curvas de nivel, que generan la acumulación de arena en las orillas del río. Por otra parte, la contaminación por productos de uso agrícola ha causado gran mortandad de animales y grandes floraciones de plantas acuáticas en las lagunas del Queguay, nunca antes observadas por el grupo de canoeros que recorre sus aguas hace casi 40 años.
A su turno, la bióloga Christine Lucas expresó en su presentación que “ya no se habla de sistemas prístinos”, porque en Uruguay todas las cuencas están comprometidas, y no llegan a los parámetros aceptables de calidad de agua.
Lucas coordina el Polo de Ecología Fluvial del Centro Universitario Litoral Norte (CENUR), de la Universidad de la República. A raíz de su trabajo en la zona y su pasión por los ecosistemas fluviales, ha estudiado la relación de la productividad del monte ribereño con la variabilidad climática e hidrológica en Uruguay.La especialista hizo referencia al banco de datos estatal acerca de la calidad del agua que abarca todos los cuerpos de agua del país. Dijo que allí hay un “gran agujero de información en las zonas del Arapey, Daymán y el Alto Queguay, con alto interés socio-económico, cultural y ecológico”.
La bióloga resaltó que “para hacer proyecciones a diez años el monitoreo se tiene que regularizar”, y ser más frecuente en los meses de verano, cuando coincide el aumento de las actividades recreativas con la mayor aparición de floraciones en las aguas.
En la misma línea se expresó el psicólogo Nicolás Rodríguez, sobre la dificultad para dar continuidad a monitoreos en el área de las ciencias sociales, cuando se trabaja en función de proyectos. Rodríguez habló de la investigación interdisciplinaria titulada “Monitoreo en ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón, Paysandú”, llevada adelante por el Polo de Salud Comunitaria del CENUR Litoral Norte.
Dijo que se trató de una estrategia de investigación-acción que estableció un proceso de diálogo en el territorio y desarrolló dos tipos de abordaje: uno más estadístico, que analizó afectaciones a la salud asociadas a los sistemas productivos de la zona y la presencia de agrotóxicos en el agua; y uno cualitativo, cuyos objetivos abordaron los sentidos y discursos construidos en la localidad acerca de la noción de agrotóxicos y la percepción de riesgo asociada a los mismos. Nuevamente, este grupo se encontró con grandes barreras para el acceso a datos de calidad (por ejemplo, desagregación por localidades de la aparición de ciertas enfermedades como el cáncer) y con la necesidad de producir información inexistente hasta el momento, para lo cual se formó a estudiantes de la zona con el fin de realizar un relevamiento epidemiológico.
Rodríguez hizo referencia a la complejidad para abordar temas controversiales y cómo “las redes de diálogo posibilitaron sentar en una misma mesa a actores del mundo productivo, de la sociedad civil, de las políticas públicas y la academia”, y observar una amplitud de problemas percibidos. Mencionó que “el riesgo, además de ser una probabilidad medible y objetiva, también es subjetivo y responde a un contexto histórico”.
En tanto, el ambientalista Alberto Villarreal, de REDES-AT, cerró la mesa de exposiciones con una presentación acerca del Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que se negocia en Naciones Unidas (ONU). Villarreal argumentó que la responsabilidad por el cuidado del ambiente no es la misma para todas las personas del planeta y que tampoco se sufren por igual las consecuencias de la devastación ambiental. En ese sentido expresó que “los que tienen que restituir los ambientes contaminados son quienes más se benefician con las actividades que causan esa contaminación”.
El integrante de REDES-AT explicó que a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de Protección de Inversiones, los gobiernos conceden grandes privilegios a las empresas transnacionales, como la quita de impuestos y la posibilidad de operar en régimen de zona franca, entre otros. Además, las empresas tienen la posibilidad de ceñirse a esos tratados para llevar a los países a juicios internacionales cuando piensan que las decisiones de los Estados afectan sus negocios.
En contrapartida, las poblaciones afectadas por la operativa de las transnacionales y sus violaciones, incluso de derechos humanos, tienen grandes dificultades para acceder a la justicia. Parte de la estrategia de las empresas, explicó Villarreal, consiste en la tercerización de alrededor del 80 por ciento de la mano de obra, lo que les permite esconderse en la cadena de valor y deslindarse de sus responsabilidades cuando son denunciadas.
Por estas cuestiones, entre otras, diversas organizaciones y movimientos sociales de todos los continentes presionaron para la creación de un Tratado Vinculante de ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que “reclame y exija la primacía de los derechos humanos y ambientales sobre cualquier otro instrumento internacional y actividades económicas”, según explicó Villarreal. Con el apoyo especialmente del gobierno de Ecuador de Rafael Correa, en 2014 se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de ONU la creación de un grupo de trabajo que negociara el nuevo tratado. Las tratativas internacionales empezaron en 2015.
El objetivo de las organizaciones y movimientos sociales, nucleados en la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales, es que el Tratado, que va este año por la octava ronda de negociaciones, exija que se responsabilice a las casas matrices de las empresas transnacionales por lo que ocurra a lo largo de toda su cadena productiva. Además, que las demandas contra esas empresas puedan hacerse en tribunales locales e internacionales.
Villarreal agregó que se busca también que a través del Principio de Precaución las poblaciones locales tengan derecho a decir NO y rechazar determinados proyectos en sus territorios, y que además se revierta la “carga de la prueba”, para que las empresas sean las que tengan que probar que no son responsables por las afectaciones.
