La coyuntura global está marcada por las vulnerabilidades de los países y regiones que fueron desnudadas por la pandemia y profundizadas con los impactos que tiene la guerra en Europa, localizada en territorios clave para el suministro de energía y materia prima para la agroindustria. Esto debería llevar la atención a la discusión sobre las lógicas en las relaciones económicas internacionales y sobre el poder de control que tienen las empresas transnacionales para determinar los flujos de comercio e inversión, por encima de las necesidades sociales de acceso a los medicamentos o a una alimentación saludable, por nombrar sólo dos elementos.

La guerra comercial y tecnológica Estados Unidos-China, el desarrollo del proyecto La Franja y la Ruta por parte del gigante asiático, la construcción del concepto de autonomía estratégica como directriz de la política internacional de la Unión Europea (UE),1 son ejemplos claros de los principales jugadores globales en la búsqueda de las mejores condiciones para su inserción internacional.

En América Latina, la región más impactada por la pandemia en términos de la crisis sanitaria, económica y social, este es un momento que presenta procesos de cambios políticos en un marco de crisis y tensiones. El devastador impacto del último período de neoliberalismo, expresado en términos de aumento de la desigualdad, un nuevo ciclo de concentración de la riqueza con retroceso en políticas públicas para el bienestar social, avance y reconfiguración del capital transnacional en la región, abrió escenarios de cambio político hacia la izquierda en diversos países de América Latina. Donde, además de la crisis económica y social como gran emergente, se vive un contexto de profunda polarización política y deterioro de las condiciones democráticas de la vida pública.

Mirando la región como un todo, y en el marco de la reflexión sobre las condiciones de inserción global en este momento del capitalismo, son especialmente significativos los movimientos y señales de los gobiernos de México, Argentina, Chile y Colombia para recuperar la discusión sobre el regionalismo latinoamericano y las bases económicas y políticas estratégicas sobre las que debe sustentarse nuestra relación con el mundo. Este escenario se completa muy especialmente con la perspectiva de una victoria electoral de Lula da Silva en Brasil.

En el marco de la campaña electoral, el Partido de los Trabajadores (PT), en voz del propio Lula, viene planteando con claridad la necesidad de una renegociación del tratado de libre comercio firmado por el Mercosur y la UE en julio de 2019.

Tras el equívoco anuncio de culminación realizado por los dos bloques en su momento, rápidamente quedó bastante claro que no existían condiciones políticas para un cierre efectivo de esa negociación. En estos tres años desde la firma, los obstáculos fueron presentados por el desacuerdo en el seno de la UE por razones fundamentalmente centradas en las políticas de protección al sector agrícola o las mentadas preocupaciones por el impacto de la criminal política ambiental del gobierno de Jair Bolsonaro.

A pesar de las numerosas perspectivas críticas desarrolladas desde diversos sectores del movimiento social y la izquierda latinoamericana, la definición programática del PT en el marco de la campaña genera, por primera vez, las condiciones reales para una evaluación profunda de los impactos del tratado y no sólo un maquillaje lavado de algunos de sus aspectos más delicados.

Lula plantea su postura hacia la renegociación bajo el argumento central de que el tratado, tal como fue firmado, no respeta las necesidades de desarrollo de Brasil.2 Algunos elementos presentan especial preocupación para el PT: las restricciones a la implementación de políticas para la reindustrialización, el impacto de la apertura en materia de compras públicas, la mayor regulación sobre los derechos de propiedad intelectual, el comercio de servicios, la negociación sobre la tecnología y los impactos del intercambio birregional en el medioambiente.3

Los aires de impulso al cierre del acuerdo que vienen desde la UE coinciden con el planteo de renegociación por parte de quien muy probablemente asuma la presidencia de Brasil a partir del 1º de enero de 2023.4 Si bien desde la UE la intención se ha centrado en la incorporación de algunos capítulos complementarios o protocolos que presuntamente pudieran subsanar las “debilidades” del acuerdo en materia ambiental, la nueva correlación de fuerzas establecida en el Mercosur a partir de enero afirma la necesidad de realizar cambios profundos, incluso en elementos que son parte de la columna vertebral del acuerdo firmado, como el espacio para la política industrial en la región.

Desde la perspectiva uruguaya, esto debería ser visto como una gran oportunidad para desarrollar una discusión verdaderamente amplia sobre algunos de los contenidos del acuerdo que pueden tener impactos más nocivos para nuestro desarrollo en clave de justicia social y ambiental. Recorreremos someramente algunos de esos elementos.

De regir el tratado con la Unión Europea tal como fue firmado, los países del Mercosur se atan de manos en lo relativo a la posibilidad de desarrollo de políticas públicas para la transformación productiva.

El acuerdo sobre el comercio de bienes es una confirmación de la tendencia de las negociaciones de comercio internacional relativas al abandono del principio de trato especial y diferenciado a los socios en función de su desigual desarrollo económico y social. El texto del tratado impone una liberalización amplia de aranceles al comercio, que por parte del Mercosur se sitúa por encima de 90% de la canasta de bienes. Diversos análisis sobre los impactos en el comercio birregional dan cuenta del efecto que tendría el tratado en la profundización de la matriz de intercambio sustentada en la actual división internacional del trabajo. Según el estudio de impacto encargado por la Comisión Europea a la London Schools of Economics, los sectores económicos ganadores en el caso del Mercosur se concentrarían en la carne, soja y derivados, celulosa, algunos productos de la industria alimentaria como jugos, y otros alimentos procesados, mientras que los perdedores serían los sectores industriales de la producción automotriz, química y farmacéutica. A eso debe incorporarse las plantaciones de caña de azúcar y la industria asociada a la producción de etanol (fuertemente transnacionalizada), donde se amplían considerablemente las cuotas para la exportación desde el Mercosur. Incluso una mirada más profunda para el caso de Uruguay agrega algunos elementos relativos a los posibles impactos negativos en la industria láctea y en la producción de bebidas.

De regir el tratado tal como fue firmado, los países del Mercosur se atan de manos en lo relativo a la posibilidad de desarrollo de políticas públicas para la transformación productiva. Expresamente la UE negó la posibilidad de introducción de cláusulas de protección de sectores industriales en desarrollo5 o de previsiones para la transferencia de tecnología en las inversiones. Además, la vigencia del tratado significa la apertura de las compras estatales, de nivel nacional y subnacional, a las empresas europeas que podrían competir en igualdad de condiciones con las empresas mercosureñas. Con esto el Mercosur se priva de una importante política para la promoción industrial otorgando a las empresas altamente competitivas de la UE un mercado por demás atractivo.

La preocupación sobre el impacto derivado del intercambio comercial birregional en el ambiente no ha sido acompañada con propuestas efectivas para su tratamiento, sino todo lo contrario. Como se ha mencionado, el esquema de intercambio que fija este acuerdo impactará en la ampliación de la frontera agrícola y primario-extractiva –incluyendo al sector energético minero– con un impacto profundo y fuertemente documentado en materia de justicia ambiental a partir de la deforestación, el acaparamiento de tierras, los impactos en la biodiversidad, la calidad del agua y la contaminación de alimentos por parte de los agrotóxicos, la violencia y el desplazamiento que se ejerce contra el derecho colectivo de las comunidades asentadas en el territorio. Según el informe elaborado por Tom Kucharz para la bancada de Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE), el comercio con la UE está directamente relacionado con la deforestación anual de unas 120.000 hectáreas en el Mercosur.6

Además, las fórmulas normativas que se presentan en el proceso de negociación resultan falsas soluciones, en primer lugar, porque no resuelven sino que profundizan el problema estructural mencionado en el párrafo anterior. Una solución real sería la limitación a la exportación de agrotóxicos, producidos por las principales industrias químicas europeas (BASF y Bayer-Monsanto), prohibidos para su comercialización en Europa, pero exportados para su implementación en la producción agrícola mercosureña que se exporta a la UE. La incorporación de capítulos sobre objetivos de “desarrollo sostenible”, o la implementación de políticas más cercanas a intereses de proteccionismo comercial que a una vocación de justicia ambiental profunda, no son soluciones reales ni respetables. Aparentemente, la UE estaría trabajando en un “documento adicional” al tratado, aplicable a ambas partes, que detallaría un poco más los compromisos relacionados con la “sostenibilidad del medioambiente y la lucha contra el cambio climático”.7 Sea cual sea el contenido de este documento, es difícil pensar en una solución profunda sin un marco de renegociación completo del tratado birregional.

El tratado también avanza en obligaciones relativas a la protección privada de la propiedad intelectual. Esto se expresa con claridad en la protección de los derechos de autor, en la que se amplía el ya garantista plazo de protección previsto por las obligaciones derivadas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, es posible prever el avance de las posibilidades de patentamiento de semillas y variedades vegetales, a partir de la referencia a las dos versiones del convenio internacional relativo a la Protección de Obtenciones Vegetales, 1978 y 1991. La versión de 1991 es más exigente que la vigente para los países del Mercosur.

En el capítulo sobre el comercio de servicios el tratado posibilita la incorporación al mercado birregional de los servicios públicos, porque la exclusión se limita a aquellos que son prestados en ejercicio de las facultades gubernamentales y en condiciones de no competencia con prestadores privados. Al mismo tiempo, en el proceso de renegociación de los respectivos TLC de la UE con México y Chile se ha visto con claridad la vocación por incorporar los estándares más avanzados de las negociaciones de servicios.8

Finalmente, en las últimas semanas se ha conocido la intención de algunas autoridades europeas de separar la negociación y firma del acuerdo comercial de lo relativo al diálogo político y la cooperación, con el fin de ahorrarse la necesidad de ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los estados miembros de la UE. Con esta maniobra, cae definitivamente la máscara de la política exterior de la UE y queda claro que la suya es una política librecambista neoliberal muy alejada de las pretendidas preocupaciones por la cooperación para el desarrollo birregional conjunto de dos procesos pioneros de integración regional.

Pasado octubre, y a la luz de lo que ojalá sea un nuevo momento político en nuestra región, la pelota para la generación de una discusión verdaderamente amplia y democrática estará en la cancha del Mercosur.

Viviana Barreto es integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay.

Publicado originalmente en la diaria: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2022/10/el-posible-triunfo-de-lula-en-brasil-y-el-futuro-del-acuerdo-mercosur-union-europea/