Desde hace siete años el ministro de Ambiente, Adrián Peña, asegura ser licenciado en Administración de Empresas, cuando en realidad no culminó los estudios para obtener el título, según informó el semanario Búsqueda el jueves.
Este hecho explica muchos comportamientos del ministro al frente de su cartera, para los que no encontrábamos una explicación lógica, y recuerda la frase utilizada en el pasado por el hoy presidente de la República, en ese entonces senador, Luis Lacalle Pou, que afirmaba: “Quien miente sobre su título puede mentir sobre cualquier otro tema”. Esa advertencia hoy parece ser una realidad.
Durante más de un año el ministro Peña afirmó que no había Proyecto Neptuno. Lo sostuvo en el Parlamento ante las y los diputados, así como en el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Sin embargo, el 15 de noviembre anunciaba la aprobación del Proyecto Neptuno – Arazatí en la Torre Ejecutiva, negando lo que había afirmado pocos días antes.
En el Consejo Regional de Recursos Hídricos del 21 de diciembre de 2022, el ministro seguía sin dar información sobre el Proyecto Neptuno, a pesar de que se suponía que desde el 15 de noviembre ya no tenía más impedimentos relativos a supuestos secretos comerciales que según él imponía la Ley 17.555.
Para nuestro asombro, en ese Consejo Regional el ingeniero Arturo Castagnino, representante de OSE, afirmó que la información estaba disponible a quien la solicitara desde febrero de 2021, cuando se había aprobado la iniciativa de privados para la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí. O sea, a partir de ese momento hubo Proyecto Neptuno e información no confidencial sobre este. El ministro ahí presente seguía justificando su posición con una cantidad de frases sin sentido, entrampado en la falsedad que venía sosteniendo durante las últimas tres sesiones.
Recién el 22 de diciembre el ministerio compartió en un drive documentos y resoluciones sobre el Proyecto Neptuno con las y los integrantes de la Comisión de Cuenca del Santa Lucía y del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo, citando a tres sesiones conjuntas los días 11, 18 y 25 de enero de 2023, en las que se podía participar sólo en forma presencial y donde se podía hablar sólo sobre los temas planteados por el ministerio.
Obviamente, todo este circo creado por el ministro y sus asesores se orquestó para poder seguir afirmando que hubo participación y acceso a la información sobre el Proyecto Neptuno y que no están violando el artículo 47 de la Constitución, ni la Ley 19.773 que ratifica el Convenio de Escazú sobre el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales, ni la legislación vigente en la materia. Pero es una falacia, no ha habido instancias de participación real.
No resulta descabellado que alguien que mintió desde 2015 sobre su calidad de licenciado sin haber terminado la carrera no respete ni quiera escuchar lo que tiene para decir la academia sobre los temas ambientales y sobre otras dimensiones de un proyecto como Neptuno.
Esa demostrada falta de consideración sobre los procesos del conocimiento académico ofrece una explicación ante su decisión de tergiversar estudios científicos para justificar la instalación de una planta potabilizadora en un lugar donde muchos días en el año no se podrá potabilizar el agua por los altos niveles de salinidad, y que asevere que se puede potabilizar agua de cualquier calidad, ya sea con cianobacterias tóxicas o con potenciales contaminantes del colector subacuático de Buenos Aires que pueden llegar por el estuario a las costas uruguayas y a la zona de Arazatí.
También es falsa su afirmación en el Consejo Regional de Recursos Hídricos de junio pasado de que tiene más peso la Ley 17.555 de 2002 que el artículo 47 de la Constitución aprobado por iniciativa popular en 2004, en lo que respecta al acceso a la información, y que empresas privadas puedan presentar proyectos de agua y saneamiento.
¡Claro, ahora comprendemos la seguridad con que el ministro hacía y hace este tipo de afirmaciones, no tiene pudor para mentir!
Para las organizaciones sociales y ambientales fue terrible ver cómo avanzaba durante el último año un proyecto que viola todos los principios de la reforma constitucional por ellas impulsada a partir de 2002, y que el pueblo uruguayo aprobó con 64,7% de los votos el 31 de octubre de 2004.
Esto alarma, porque está en juego el abastecimiento de agua potable para 60% de la población uruguaya, el futuro de las inversiones de OSE y el bolsillo de sus usuarios en todo el país.
Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de que se suspenda el Proyecto Neptuno para que se implemente un proceso de participación real y transparente, sin mentiras, en el que se escuche a todos los actores sociales y de la academia. Estos actores tienen un papel clave en garantizar el cumplimiento cabal de la reforma constitucional de 2004 y, por lo tanto, su voz es fundamental a la hora de definir si esa es la mejor solución para la problemática que enfrentamos actualmente, o si en realidad estamos comprando un problema más grande que va a afectar la salud y el bolsillo de las y los uruguayos.
María Selva Ortiz es licenciada en Sociología, activista ambiental e integrante de Redes-Amigos de la Tierra.
