Ministerio de Ambiente y OSE obstaculizan el acceso al debido proceso ante el TCA
Foto: Mara Quintero, la diaria.

Nuevamente OSE y el Ministerio de Ambiente (MA) aparecen promoviendo el Proyecto Neptuno en lugar de cumplir con su cometido de asegurar el interés general y nacional, el acceso al agua potable de calidad y la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación.

Los dos organismos tampoco aseguran la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo, producto de actividades humanas que directa o indirectamente perjudiquen o dañen:

I. La salud, seguridad o calidad de vida de la población.

II. Las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio.

III. La configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales.

Además, es deber fundamental de toda persona, física o jurídica, abstenerse de todo acto que cause impacto ambiental que se traduzca en depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente (Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 16466).

Desde hace ya varios años REDES- Amigos de la Tierra ha venido trabajando en pos de lograr mejoras en el cuidado del cauce del río Santa Lucía y en el suministro del agua potable a la población, respetando el medio ambiente. Así, hemos explicitado que el denominado “proyecto Neptuno” no es una verdadera solución a este problema.

Hemos recorrido distintos caminos difundiendo esta situación y debimos recurrir a la vía jurídica para lograr que se hiciera oír nuestra posición.

Asesorados por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar, interpusimos recursos administrativos ante OSE, solicitamos la suspensión de la licitación y, agotados los tiempos, sin que la empresa pública contestara expresamente los planteos de los recursos, debimos iniciar una acción de nulidad en setiembre de 2023, y solicitar la suspensión de la licitación del proyecto Neptuno-Arazatí ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo (TCA).

Esta licitación había sido adjudicada (aún en trámite de los recursos que presentamos) en junio de 2023 al consorcio de empresas privadas que realizó la propuesta inicial al gobierno, Aguas de Montevideo, integrado por las compañías Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.

El TCA dió trámite a las acciones presentadas, y OSE y el Ministerio de Ambiente contestaron la demanda entablada.

Habiéndose fijado audiencias para recibir las declaraciones de los testigos propuestos por REDES-AT, que deberían tener lugar el 14 y 15 de marzo, OSE y el MA formularon una oposición a la prueba y testigos propuestos, solicitando expresamente que se suspendieran las audiencias .

La actitud de OSE y el MA ha sido de una profunda oposición y rechazo a los planteos realizados por REDES AT. En lugar de promover esta instancia que permite profundizar la comprensión de los aspectos negativos del Proyecto Neptuno, han planteado una frontal oposición y una desestimatoria permanente a la posibilidad de litigar y discutir las cuestiones sustanciales del emprendimiento”.

Así, el TCA se ha visto obligado a suspender el diligenciamiento de todas las probanzas ofrecidas y dispuestas por Decreto 339/2024 y dejó sin efecto las audiencias fijadas con los testigos propuestos por REDES-AT.

En una clara violación de su cometido de velar por el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, respetar la normativa nacional e internacional en materia de ambiente y Derechos Humanos como el Convenio de Escazú, el MA aparece como un aliado y promotor de intereses privados, ubicándose en el rol de responsable de los efectos negativos en la salud de la población del área Metropolitana de Montevideo y las afectaciones del ambiente.

No se han aplicado en este caso los principios de transparencia y de rendición de cuentas; de buena fe, de máxima publicidad; ni el principio preventivo y precautorio en materia ambiental, según el Convenio de Escazú. No solo no se ha facilitado el acceso a la justicia en asuntos ambientales por parte de OSE y el MA, sino que se ha obstaculizado sistemáticamente la participación de esta organización en distintos ámbitos, incluido el sistema de Justicia.

Actualmente en el MA se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Neptuno. Los titulares de la iniciativa –OSE y el consorcio Aguas de Montevideo– contrataron para su realización a las consultoras CSI Ingenieros SA y Seinco SRL. REDES-AT , con apoyo de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, luego del análisis de los dos tomos y anexos (1984 páginas) del EIA, elaboró un Informe.

De ese análisis se desprende que la documentación presentada en el EIA es tendenciosa, omite gran parte de la producción científica: nacional, regional e internacional. Principalmente la producción científica de la última década es prácticamente desconocida por los autores del texto de las consultoras. Todo el informe sigue una lógica, que implica extenderse en detalles sin importancia y omitir los aspectos más complejos del proyecto, del ambiente receptor, de los impactos ambientales y de las medidas de mitigación, restauración o compensación.

En síntesis, a partir de la evaluación de los documentos presentados por las consultoras CSI Ingenieros SA y SEINCO SRL, se entiende que el informe de EIA presenta una serie de carencias, errores e inexactitudes que lo hacen inaceptable desde el punto de vista de las exigencias que se esperan en un informe de EIA de acuerdo a la legislación vigente en Uruguay.

El MA vuelve a negar la participación de los científicos y organizaciones sociales, como lo ha venido realizando durante todo el proceso del Proyecto Neptuno/Arazatí. Esta vez mediante oposiciones formales buscando evitar la incorporación de prueba y la declaración de testigos ante el TCA. De esa fotma el MA impide una vez más que se escuchen los argumentos que demuestran que este emprendimiento es una falsa solución al problema de abastecimiento de agua potable del área metropolitana y pone en riesgo la salud de los habitantes de esa zona del país.

Tenemos propuestas alternativas a esta problemática, que deberían estar abordándose en forma urgente y que el MA también se niega a escuchar y estudiar su implementación.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

María Selva Ortiz

099 259 822

maselvaortiz@gmail.com

Marcel Achkar

2525 15 52

achkarmarcel@gmail.com