En lo que va de 2024, Uruguay fue notificado de dos nuevas demandas en su contra vinculadas a la política portuaria. Estas demandas se suman a las otras siete que Uruguay ha recibido de parte de empresas transnacionales.
Los nuevos arbitrajes, de parte de los dos socios de Montecon, una de las dos empresas operando en el puerto de Montevideo, tienen como denominador común el acuerdo que el actual gobierno cierra en 2021 con Katoen Natie, la otra empresa operadora del puerto. El punto más sobresaliente de este acuerdo extiende el plazo de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Katoen Natie por 50 años más después de la finalización del actual período de la concesión. En otras palabras, Katoen Natie controlará la terminal de contenedores hasta 2081 en un régimen que ha sido calificado como monopólico.
Ese acuerdo es gravísimo, porque en los hechos permite que una empresa transnacional controle una política estratégica para la economía del país como la portuaria, profundizando un camino de delegación de la potestad regulatoria del Estado al capital transnacional y exponiéndose aún más a un ciclo de demandas de arbitraje.
En enero se conoció la demanda de arbitraje del socio mayoritario de Montecon, la empresa Neltume Ports, de capitales chilenos, y hace pocos días, en mayo de 2024, nos enteramos que el socio minoritario de Montecon, la empresa canadiense ATCO, inició otra demanda contra el Estado uruguayo.
En el pasado, Katoen Natie también había amenazado con demandar a Uruguay por desacuerdos en relación a las operaciones de su competidora Montecon. El alineamiento del actual gobierno con el capital transnacional está dejando de rehén la política portuaria de Uruguay, las/os trabajadoras/es del puerto y las arcas públicas.
En épocas de debates programáticos resulta central recuperar la discusión sobre el papel del capital transnacional en el modelo de desarrollo del país, la necesidad de contar con fuertes regulaciones y controles a las empresas transnacionales, y evaluar el saldo que nos ha dejado la treintena de Tratados Bilaterales de Inversión que el país tiene firmados y su adhesión a convenios que habilitan que pueda ser llevado a juicio en tribunales arbitrales internacionales.
Natalia Carrau – REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
